El cambio de año no solo significó un cambio de número en el calendario, sino también en las políticas de moderación de contenidos de Facebook, Instagram y WhattsApp. Entre ellos, Mark Zuckerberg anunció el fin del programa de verificación de hechos, acción que Meta y más de 80 medios de comunicación del mundo realizaban sobre los contenidos vertidos en la plataforma.

Este programa será sustituido por un sistema de calificación de usuarios, algo similar a lo que realiza la red social digital X/Twitter. O sea, se accionará sobre el contenido una vez que sea visualizado y denunciado. Algo que tampoco asegura acción alguna sobre un contenido violento.

La nueva decisión de Zuckerberg cambia y establece una nueva relación con el recientemente presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La última definición del dueño de Meta corona un esfuerzo que viene realizando, notoriamente, desde agosto de 2024 cuando envió una carta al Congreso estadounidense en la cual, entre otras cuestiones, señalaba a Joe Biden y Kamala Harris porque «presionaron en forma repetida a Facebook» para suprimir información sobre el COVID-19.

Luego trató de sumar otro poroto cuando llamó a Trump para decirle que estaba “rezando” por él tras el intento de asesinato que sufrió en un mitin en Butler, Pensilvania. Ya antes de las elecciones presidenciales, Zuckerberg, Tim Cook –Apple- y Sundar Pichai –Google- empezaron a acercarse a Trump pues vislumbraban los posibles beneficios que obtendrían de las políticas de la Casa Blanca.

Pero, acaso, fue la reunión en Mar-a-Lago entre Zuckerberg y Trump -y la posterior donación de 1 millón de dólares al fondo inaugural de Trump- lo que dejaron claro que se forjó efectivamente una nueva relación entre ambos.

En una entrevista a un medio local, la economista Cecilia Rikap, en relación al cambio en Facebook dijo: “Lo que este cambio significa es un gesto de alineación entre poderes. La relación entre poder político y corporativo tiene instancias de mutuo apoyo y otras de conflicto. Trump fue `censurado´ de redes sociales en el pasado por incitar a la violencia, y se la tiene jurada a las redes sociales que no son sus amigas. El mensaje de Zuckerberg es `ahora yo soy tu amigo´. Lo que está en juego es quién decide qué es la libertad de expresión”.

Algo interesante que se desprende de esta afirmación es lo que viene pasando cada vez que se habla –o al menos se intenta- de moderación o legislación sobre las plataformas y redes sociales: siempre se apela a la afectación de la libertad de expresión –y deslizan la censura como consecuencia de cualquier legislación- para obturar el debate en torno a la necesidad de tomar cartas en el asunto. Y en definitiva, esto hace que se naturalice un estilo de moderación que definitivamente promueve el discurso de odio y violento disfrazado de libertad de expresión.

Está claro que a las plataformas la idea de la regulación no les gusta y apelan a los recursos que crean mejores y necesarios para poder evitarlas. En ese sentido, Rikap es determinante: “Zuckerberg, Musk y otros buscan que el gobierno de EE.UU. los siga defendiendo frente a los demás estados del mundo en el intento de cobrarles impuestos en cada país y establecer regulaciones”.

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

En mayo de 2018, se anunció que entraba en vigencia la ley aprobada en 2016 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea: el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Esta ley aseguraba nuevos derechos para los y las usuarias respecto a la privacidad de sus datos y también establecía sanciones a quienes no cumplieran con esa medida. Por ejemplo, aquellos que consideren que las organizaciones realizan un tratamiento ilícito de sus datos personales podrán recurrir a asociaciones de usuarios para realizar las denuncias y exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Además, también se contemplaba el “Derecho al Olvido”.

De acuerdo a lo establecido, las empresas deben proporcionar información sobre qué usos y tratamiento se darán a los datos personales de sus usuarios, manifestar expresamente con qué fin se almacenarán y ofrecer la información completa – y de forma sencilla- para que los ciudadanos efectivamente puedan decidir. 

Además, cuentan con un plazo máximo de 72 horas para informar sobre los incidentes de seguridad que puedan afectar sus bases de datos a las autoridades de aplicación, y en casos extremos, a los afectados.

No es menor que también se indique que las empresas que no cumplan con dicha reglamentación son pasibles de ser sancionadas económicamente. Estas multas podían ser de hasta 20 millones de euros o el 4% de su facturación global anual.

En este sentido, el paquete de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) que preside Mark Zuckerberg ha recibido seis de las diez mayores sanciones impuestas hasta la fecha. En conjunto, estas multas representan un total de más de 2.700 millones de euros.

Desde la entrada en vigencia del RGPD, el rastreador de cumplimiento del RGPD de CMS.Law, en diciembre de 2024 recopiló más de 2.200 infracciones que significaron casi 5.600 millones de euros en multas impuestas.


La cifra puede aumentar dado que los datos recopilados están incompletos porque no todas las multas se hacen públicas. Es decir, Meta representa la mitad de esa montaña de dinero porque en definitiva no cumple con la Ley y lo peor de ello es que durante ese tiempo, la moderación de contenido fue activa quitándole cierto privilegio al algoritmo.

Hoy, al eliminar ese tipo de moderación, los contenidos violentos, racistas, xenófobos, lesbodiante, transodiante, y todo aquello que puede enmarcarse en la categoría de discursos de odio, tendrán una visibilidad mayor gracias a que el algoritmo privilegia esos contenidos que generan más enganche sin tener en cuenta que promueve.

La quita de derechos y desregulaciones

En nuestro país, desde la asunción de Javier Milei como presidente en 2023, se ha generado una infinidad de desregulaciones y políticas que atentaron -y atentan- continuamente contra los derechos humanos, la soberanía y la diversidad cultural entre otras cuestiones. Una muestra de ello fue el ataque al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que se creó en 1995, y que fue disuelto en el marco de lo establecido en el Decreto 696/2024 de Milei.

También, la disolución del Ministerio de la Mujeres, en junio de 2024, cuando el Ministerio de Justicia a través de un comunicado señaló que el mismo “fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica”.

Algo que hay que remarcar de esa argumentación falaz es que incluso algunos sectores y actores del propio campo popular democrático coincidieron con el argumento libertario. De esta manera, se eliminó a su vez toda una red de políticas que buscaban avanzar en una agenda en pugna por ampliar derechos y proteger víctimas de violencia entre otras tareas y objetivos del Ministerio.

Estas políticas evidencian una clara política comunicacional y cultural que promueve la violencia, los discursos de odio y en definitiva habilita los mecanismos necesarios para la estigmatización, generando así un nuevo sentido común.

El 10 de diciembre, justamente cuando en nuestro país se celebra el Día de los Derechos Humanos y Día de la Restauración de la Democracia, Milei modificó la Ley 20.429 que, en su artículo 55,  establece que la edad para portar armas baje de 21 a 18 años mediante el decreto 1081/2024. 

El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, en septiembre de 2022, mostró claramente las consecuencias de los discursos de odio promovidos por la derecha; las fake-news, la desinformación y el lawfare con su partido judicial en tándem con los medios hegemónicos tradicionales de comunicación que también amparan sus contenidos en la libertad de expresión.

Habilitar a que las infancias, niños, niñas y adolescencias sean expuestos a contenidos violentos sin regulación, a la par de quitar restricciones para acceder a las armas no deja un panorama muy alentador sobre el futuro.