Los programas de asistencia económica para sortear la crisis del coronavirus ya costaron $ 1,430 billones. La cifra equivale a algo más de cinco puntos del Producto Bruto Interno y podría crecer en los próximos meses.
Los números fueron revelados por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una videoconferencia organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las planillas muestran que más de la mitad de ese gasto se concentra en tres programas: los créditos a las PYME para capital de trabajo, que se llevaron $ 354 mil millones; el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), con $ 265 mil millones; y el ATP (salario complementario para el sector privado), que insumió $ 155 mil millones.
En el listado se observan también créditos para monotributistas y para sectores productivos estratégicos, partidas especiales destinadas a las provincias y acciones específicas de gestión estatal, como el programa Argentina Construya (la nueva versión del Procrear). Además se incluyen medidas de impacto social directo, como la distribución de la tarjeta Alimentar, el mantenimiento de comedores escolares y bonos al personal de salud y seguridad movilizado para enfrentar la pandemia.
Durante la charla, el funcionario se mostró esperanzado en que lo peor de la crisis ya fue superado. “La actividad se mueve de manera heterogénea pero hay una recuperación gradual y sostenida. En muchas provincias se está desarrollando de manera casi normal, distinto a lo que se puede percibir en el área metropolitana de Buenos Aires”, sostuvo.
Déficit en alza
En un seminario para Pymes realizado el lunes, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, resaltó que ese sector fue el destinatario de la fracción más importante de la ayuda estatal, que estimó en orden del 5,2% del PBI. “Hemos tenido la capacidad de reaccionar y de financiar de manera muy relevante el trabajo y la producción en la Argentina”, dijo.
Estas transferencias directas de recursos estatales al sector privado explican casi en su totalidad el crecimiento astronómico del déficit en el sector público. Según el análisis realizado por el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), el desequilibrio primario de las cuentas oficiales entre enero y julio fue de 3,6% del PBI, cifra que se eleva al 4,7% si se agregan los intereses de la deuda pública. El número va a crecer, porque el gobierno ya avisó la continuidad de muchos de los programas de asistencia.
Para financiar ese déficit fue fundamental la participación del Banco Central. El IARAF calculó que entre enero y julio esa entidad entregó al Tesoro $ 1,472 billones en concepto de adelantos transitorios, cifra superior en $ 95 mil millones al resultado negativo de la administración pública y en $ 42 mil millones al total de los programas de asistencia por la pandemia.
A contramano de las críticas de algunos economistas ortodoxos, Marcó del Pont tomó como un hecho positivo que “ese financiamiento no vino de la deuda, sino de distintas formas de crédito intrasector público que el gobierno anterior había desactivado”.
