En el afán de conseguir el superávit fiscal, el gobierno nacional viene aplicando ajustes en las provincias mediante los fondos no automáticos, que complementan a la coparticipación federal de impuestos. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la provincia de Río Negro es una de las más perjudicadas.
El gobierno que comanda Alberto Weretilneck comenzó el año con un recorte del 40% -enero- y tuvo una tendencia alcista: 63% febrero; 78% marzo; 82% abril; 84% mayo; y 85% junio. Río Negro, junto a Córdoba, Neuquén, La Pampa, Tierra del Fuego y Corrientes, integra el conglomerado de distritos con más ajuste en las transferencias.
En ese contexto, los patagónicos diagraman distintas estrategias para cubrir los baches económicos. En el caso de Weretilneck, baraja dos opciones. Por un lado, junto a su par de Neuquén, Rolando Figueroa, reclaman una tarifa diferencial en cuanto a la energía eléctrica por los recursos que disponen ambas provincias por las represas hidroeléctricas y le piden a la Casa Rosada una tarifa diferencial para sus provincias, teniendo en cuenta que son productoras de energía.
Según pudo saber Tiempo, los mandatarios, que serán recibidos esta semana en Casa de Gobierno, están solicitando que se reedite la “tarifa Comahue», que existió hasta antes de la desregulación del sistema eléctrico en los noventa. Además, el pedido no es sólo para los usuarios residenciales sino también para industriales y comerciales, teniendo en cuenta el objetivo que tienen ambas provincias de plantarse como una región atractiva para recibir inversiones, por lo que una tarifa diferencial a la del resto del país sería un incentivo más.
Por otro lado, Weretilneck anunció en las últimas horas más medidas para tratar de quedarse con la planta de GNL que disputa con la provincia de Buenos Aires -bajo el gobierno de Axel Kicillof- y que está a cargo de YPF y Petronas. En este caso, habló de un puerto sin gremios, ni cámaras empresariales, una administración privada para mejorar la competitividad.
En una entrevista con Alejandro Fantino, el mandatario patagónico sostuvo: “Vamos a discutir un modelo portuario privado. No queremos consorcios, tampoco municipios en la administración o gremios y las cámaras empresarias”. “El mercado del gas mundial tiene un margen muy chico. Y competimos con Qatar y Estados Unidos. No hay margen para sobrecostos”, argumentó. “Tenemos la infraestructura que se necesita. Además, no hay que construir un puerto. Esa es una imagen antigua. Los barcos atracan en el mar donde está la boya para el gas, para el petróleo o licuefacción. El gas va gasificado desde la costa al barco que congela, viene otro barco y lo lleva a Japón, Corea o donde sea. Están planteando una imagen antigua”, agregó.
Asimismo, brindó detalles técnicos sobre los beneficios en los que viene trabajando la Provincia como cuestiones impositivas, cesión de tierras, la zona franca, la adhesión al RIGI de la provincia y de los municipios de San Antonio Oeste y Sierra Grande. Y ratificó que se impulsará una ley provincial para que Río Negro le garantice a la industria del gas que se cumplan todos los beneficios asumidos, más allá de las gestiones de gobierno.
El ARBA chubutense de Nacho Torres
Mientras tanto, en la provincia de Chubut, el gobierno de Ignacio Torres analiza mandar a la Legislatura un proyecto de ley para crear una agencia de recaudación. Por ahora sólo se trata de un borrador, pero según ha declarado el propio Torres días atrás en Puerto Madryn, la Agencia Provincial de Rentas tiene inspiración en el modelo de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), que es similar a la porteña. Se trata de un organismo autárquico, es decir con autonomía financiera y política, que tomará sus propias decisiones más allá de su vinculación directa con el ministerio de Hacienda.
Estará comandado por un directorio, aunque todavía no está claro si el modelo bonaerense se replicará igual en este ítem. Se manejan varias opciones, una de ellas es que no haya un consejo directivo, para ahorrar en gastos políticos, y nombrar a dos directores, uno a propuesta del Ejecutivo y el otro de los empleados que en general apoyan la idea, pero piden que la nueva agencia no se convierta en “una caja política”.
El Ejecutivo provincial mantendrá la estructura que hoy tiene la Dirección General de Rentas, que pasaría a la agencia con todos sus agentes y todas sus delegaciones. Lo que cambiaría es que dejarían de pertenecer directamente al ministerio de Economía porque la agencia pasaría de ser un organismo descentralizado a ser un ente autárquico. Con respecto al financiamiento está previsto que la agencia cobre un porcentaje por el trabajo de recaudación que hará a través de la ventanilla única. Es decir que un sólo organismo cobrará todos los tributos de la provincia.
