El gobierno reasignó casi $ 40 mil millones para cubrir los programas sociales destinados a paliar los efectos de la pandemia. Las partidas para esos fines fueron engrosadas a partir de la Decisión Administrativa 460, que realiza modificaciones al Presupuesto 2021.

La norma, firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, actualiza las planillas de la ley sancionada a fines del año pasado por el Congreso. El saldo neto de esas variaciones redunda en un mayor gasto de casi $ 24 mil millones, de los cuales $ 10 mil millones se financian con ingresos extraordinarios y el resto pasan a aumentar el déficit.

Entre todos los cambios asentados, sobresalen con nitidez las necesidades del sistema de salud para paliar la segunda ola de coronavirus y los programas sociales destinados a mitigarla. A tal punto que se resolvió cancelar algunas financiaciones extraordinarias y programas de obras hídricas y viales para incrementar esos ruros.



En los considerandos se señala la necesidad de “reforzar el presupuesto vigente del Ministerio de Salud con el propósito de atender la adquisición de vacunas y test de antígenos”. Pero también incluye fondos para el estímulo salarial establecido para el personal de salud que combate contra la epidemia de coronavirus y los gastos de funcionamiento de los hospitales modulares creados con esa misma finalidad. Las partidas para esa dependencia se incrementan en $ 22.984 millones, según el análisis detallado que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Además, se cubren los gastos originados por la ampliación de los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, que ahora incorpora a familias con hijos entre seis y 14 años ($ 4.000 millones) y otras iniciativas que dependen del Plan Nacional Argentina contra el Hambre ($ 339 millones). También se destinarán $ 12.000 millones al Repro II, programa para las empresas de los sectores más afectados por la pandemia, a partir del cual el Ministerio de Trabajo se hará cargo de una parte del sueldo de sus trabajadores (entre 9 mil y 18 mil pesos).

La norma permite que cada cartera tenga recursos para financiar los programas ya anunciados en las últimas semanas. De todas maneras, en los hechos, la incidencia de esos montos en el Presupuesto es mínima (apenas 0,5% del monto total previsto para todo el año), como también lo es en relación a los gastos en que incurrió el gobierno durante el año pasado para cubrir la emergencia por el Covid-19. Entre los programas ATP, IFE, créditos a empresas, Pymes y monotributistas, como también el refuerzo del sistema sanitario, en 2020 se gastó hubo gastos por algo más de un billón de pesos.

Aun con esa salvedad, la decisión de fortalecer el financiamiento de esos programas implica empezar a dar marcha atrás con una de las previsiones bajo las cuales el gobierno programó todo su accionar para 2021: que el Presupuesto no incluiría fondos especiales para combatir la pandemia. Esa fue una de las máximas que el ministro de Economía, Martín Guzmán, enarboló reiteradamente.

Un ejemplo es la adquisición de vacunas, el único gasto contemplado adjudicable al coronavirus. El Ejecutivo reconoció, en respuesta a un pedido de informes de la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), que firmó contratos con diversos laboratorios y proveedores por U$S 478 millones, casi el cuádruple que las partidas destinadas a ese fin ($ 13.698 millones). El debate entre quienes prefieren sostener las cuentas fiscales (de por sí desbordadas) y los que priorizan el rol del Estado en la ayuda a los sectores más afectados es, también, una de las tensiones que cruzan el seno de la coalición oficial y que emergieron a la luz con fuerza en los últimos días.