A mediados de enero, en medio de la “guerra interna” que decretó en Ecuador por la ola de violencia narco y tras suspender varias invitaciones internacionales, Daniel Noboa viajó a Estados Unidos exclusivamente para que su tercer hijo naciera en Miami. Lo mismo había hecho, 36 años atrás, su padre Álvaro —el magnate bananero que cosechó la mayor fortuna del país y cinco frustradas candidaturas presidenciales—, por lo que el actual mandatario también tiene su partida de nacimiento mayamera, en una extraña costumbre de ciertas familias aristócratas para asegurar a su descendencia la nacionalidad gringa.
Esa debilidad dinástica por la potencia del norte se volvió a ratificar esta semana, cuando Noboa presentó un proyecto para reformar la Constitución y modificar el artículo 5 que prohíbe “la existencia de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares”.
Una prohibición plasmada en la Carta Magna surgida de la Asamblea Constituyente de 2008, tras la llegada al gobierno de Rafael Correa, y que se concretó al año siguiente con el emblemático cierre de la base estadounidense en la ciudad costera de Manta, que había entrado en funcionamiento en 1999 durante la presidencia de Jamil Mahuad.
Fue en ese mismo lugar simbólico donde Noboa eligió grabar el video para difundir su iniciativa. En esa pieza audiovisual, con música épica de fondo y llena de imágenes suyas con vestimenta militar, y tanques y aviones de guerra, Noboa justifica su idea diciendo que “en un conflicto transnacional, necesitamos respuesta nacional e internacional”.
La narrativa que intenta desplegar el presidente busca responsabilizar al gobierno de Rafael Correa, y en particular la decisión de cerrar la base de Manta, de la posterior expansión del crimen organizado que transformó el país en los últimos años. “Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía de Ecuador y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico”, acusa Noboa.
Lo cierto es que durante los años que gobernó Correa los índices de violencia y criminalidad se mantuvieron entre los más bajos de la región. Y fue precisamente durante las gestiones neoliberales de Lenín Moreno y Guillermo Lasso cuando explotó la problemática, justamente años en los que florecieron nuevos “acuerdos de cooperación” con EEUU.
“¡Qué mediocre y mentiroso es este pobre hombre! Demuestra su total incapacidad y falta de moral”, fue la primera respuesta de Correa.
Por su parte, Billy Navarrete, titular del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, señaló al diario El Universo que aquella presencia militar norteamericana, además, vulneró los derechos de los pescadores artesanales, con el hundimiento de lanchas con la excusa del narcotráfico: “El problema de las bases militares extranjeras es la capacidad de maniobra sin consentimiento del Gobierno ecuatoriano”.
El trasfondo de la jugada
La iniciativa de Noboa pareciera tener dos motivos centrales: por un lado, construirse como adalid del anticorreísmo de cara a las elecciones de febrero próximo en las que buscará la reelección. Es decir, en un contexto con múltiples problemas de gestión (a los que se sumó una gravísima crisis energética que incluye masivos apagones programados), Noboa busca compensar la falta de apoyo propio interpelando a la base social que sigue poniendo el foco en oposición a la Revolución Ciudadana.
Por el otro, congraciarse con Washington para ser el elegido entre el abanico de las varias candidaturas conservadoras que seguramente se anoten para los comicios que se avecinan.
Desde el correísmo también alertan sobre los planes geoestratégicos estadounidenses en esta movida. Andrés Arauz, candidato presidencial en 2021, aseguró que “la base que quiere EEUU no es en Manta, es en San Cristóbal, Galápagos. Necesitan esa base para la Tercera Guerra Mundial contra China, como parte de su estrategia del control del Pacífico. Noboa entrega la joya de la corona para que le dejen hacer sus negociados en paz y para comprar impunidad de sus dineros manchados de cocaína”.
De rodillas ante Washington
Desde 2018, Ecuador volvió a insertarse en la esfera de dominio geopolítico de EEUU con la firma de una docena de acuerdos de sumisión. El más grosero es el “Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas” (SOFA, por sus siglas en inglés) rubricado por Lasso en octubre de 2023 y ratificado por Noboa en febrero de este año.
El acuerdo contempla múltiples privilegios, exenciones tributarias e inmunidades para las tropas militares estadounidenses, que tienen “libertad de movimiento” para acceder a todas las instalaciones, bases y cuarteles de todo el país. También que “las aeronaves, los buques y los vehículos operados podrán entrar al territorio del Ecuador, salir de y desplazarse libremente por el mismo”. Además, prevé que la resolución de eventuales conflictos se resuelva de acuerdo a las leyes estadounidenses y no a las ecuatorianas.
La firma del SOFA y de una amplia gama de acuerdos complementarios, que además no fueron conocidos ni aprobados por el Congreso, no sólo demostraron una nula efectividad frente al crimen transnacional sino que, durante su implementación, Ecuador se transformó en el país más violento de toda América Latina, con un aumento de los homicidios del 600% desde 2019.
