Aturdida, confundida, herida. Así se siente Violeta Arzamendia, integrante de la cooperativa de comunicación feminista Manifiesta, dos días después de haber sido detenida por la Policía de la Ciudad cuando fue a cubrir el histórico Paro Internacional de Mujeres, que fue el disparador de multitudinarias movilizaciones en decenas de países.

“A eso de las 21:30, me encontraba frente a la Catedral, cubriendo con mi cámara, cuando me doy cuenta de que hay un enfrentamiento. Entonces, me acerqué a hacer imágenes”, cuenta Violeta a Tiempo, y agrega: “Me quedé registrando el fuego que unas chicas habían encendido y a los policías que estaban detrás de las vallas tirando balas de goma”.

En ese instante, la joven advirtió que llegaba al lugar un camión hidrante. “Pensé que iban a apagar el fuego. Pero empezó a tirarnos a todos los que estábamos ahí. En medio del tumulto, se me cayó el celular, con el que estaba grabando porque se me había acabado la batería de la cámara, recibí un chorro de agua y al intentar salir, me caigo, y es como que me sujeto de un hombre que estaba al lado”, continúa. Se trataba de un policía de civil, que llamó a otros de los suyos y gritó: “¡Hay que llevarla a esta!”. Cuando Arzamendia intentó reincorporarse, tenía encima a “cuatro tipos” que la arrastraron hasta que la redujeron. “Yo preguntaba qué había hecho y por qué me detenían. Ahí siento que me agarran de los pelos, me tiran para atrás y este policía de civil me dice: ‘¿Viste, vos que te hacías la viva?’”.

Una vez que los agentes de civil la esposaron, Violeta quedó en manos de uniformados de la Metropolitana. “Como no dejaba de gritar, vinieron mujeres policías que me dieron cachetadas y patadas, me tiraron gas pimienta y me metieron en un celular”, agrega la joven. Tras una larga noche en la Comisaría 30ª, donde fue revisada, interrogada una y otra vez y hasta obligada a orinar detrás de una camioneta, la dejaron ir.

El relato de Violeta se hace cuerpo y voz en los de otras 15 mujeres, una de ellas menor de edad, y otros cuatro hombres que fueron literalmente cazados esa misma noche por la flamante Policía de la Ciudad. Fueron alojados en por lo menos tres comisarías porteñas, donde pasaron la noche en pésimas condiciones. Antes del mediodía del jueves, todos fueron liberados, pero quedaron imputados por «atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones».

Poco después, diferentes organismos como la Defensoría del Pueblo y el colectivo NiUnaMenos, denunciaron en una conferencia de prensa en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que la fuerza de seguridad porteña actuó sin el aval de los funcionarios judiciales, aunque más tarde desde la Justicia se convalidara la violenta maniobra sin siquiera haber entrevistado a las «sospechosas», dejando en evidencia que se trató de una decisión política de enviar «un mensaje que aporta incertidumbre sobre la vigencia del derecho a la protesta», como dijo la directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, para quien se trató de una serie de «detenciones indiscriminadas y masivas».

Impertérritos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo, no hicieron grandes esfuerzos por bajarle el tono al episodio. Bullrich habló de «conductas depredatorias y violentas», dijo que «los responsables tendrán que pagar y reparar los daños que provocaron a la Catedral», y en referencia a la actuación de la policía, sostuvo, con Ocampo, que fue «leve» y «disuasiva».

El funcionario que debió dar la cara ante las organizaciones fue el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, que recibió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Victoria Donda; a María Rachid, del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad; y a Raquel Vivanco de MuMaLá, entre otros dirigentes. Se comprometió a seguir de cerca el sumario abierto contra los agentes que participaron de la redada, aunque aclaró que ninguno de los policías fue suspendido preventivamente. Unas horas antes, D’Alessandro había declarado que “la Policía actuó en función de la escalada de violencia brutal” que presuntamente sobrevolaba la movilización, aunque la gran mayoría de las detenciones se produjeron cuando los disturbios a las puertas de la Catedral habían terminado por lo menos hacía más de una hora. El secretario justificó el desmesurado procedimiento policial en la figura de los agentes encubiertos que, vestidos de civil, «marcaron» gente cuando dejaron de significar un riesgo para “la integridad física de los terceros”.

El preludio de esta cacería había tenido su antecedente directo en la noche del martes, cuando seis militantes del movimiento de mujeres fueron apresadas por pintar consignas en la esquina de Guardia Vieja y Gascón, en el barrio de Almagro, convocando a la marcha y el paro de mujeres del día siguiente. Esa noche, un grupo de jóvenes ultracatólicos las marcó y persiguió a lo largo de varias cuadras, las denunció y luego acompañó a los efectivos policiales que finalmente las detuvieron. Ellas permanecieron incomunicadas durante horas, mientras sus agresores dejaban la Comisaría 9ª dando vivas a Cristo.

El inquietante dato de los colaboradores civiles de la policía no es anecdótico. Las provocaciones de grupos ultraconservadores se repiten en cada gran acto de las organizaciones de mujeres, en los Encuentros Nacionales, y era de esperar que volviera a suceder en una marcha como la del miércoles. Ignacio Montagut, el joven de 19 años que agitaba una bandera papal, junto a las vallas que custodiaban la Catedral, en el cierre de la movilización, trabaja como asesor en comunicación para Unión por Todos, el partido que lidera la ministra Bullrich, y militó en Bandera Nacional, el grupo neonazi de Alejandro Biondini. «

Tuñez también pidió informes

Consultada por Tiempo, la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Tuñez, se refirió a los inquietantes episodios de la noche del miércoles.

–¿Qué pudo reconstruir respecto de las detenciones?

–Desde el Consejo, en virtud de las disposiciones de la Ley 26.485, se dio intervención a nuestros profesionales ante los hechos ocurridos y se está trabajando en articulación con la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), para elevar un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que dé cuenta del accionar de la policía. Como organismo rector de las políticas públicas para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, nos pronunciamos en contra de toda forma de violencia y actuamos en consecuencia.