Hay lugares que no son solo paredes y techos. Lugares que construyen memoria, con militancia, con trabajo colectivo. Lugares que, más allá de su estructura física, se vuelven trincheras simbólicas en la lucha por los derechos humanos. Eso es, para la Cooperativa El Grito del Sur, el Espacio para la Memoria “Virrey Cevallos”. Y es ese mismo lugar el que hoy está en riesgo por una decisión del gobierno de Javier Milei.

Desde hace más de ocho años, la redacción de El Grito del Sur funciona en este sitio que supo ser un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. Allí, bajo el amparo de la Ley 26.691 —que protege y promueve el uso de estos espacios para actividades educativas, culturales y de investigación en materia de derechos humanos—, el medio viene desarrollando una intensa labor periodística y comunitaria. Sin embargo, hoy enfrentan la amenaza de ser expulsados por la administración libertaria.

“La cooperativa se conformó en 2012 y desde 2017 estamos en Ceballos. Firmamos un convenio con Osvaldo López, que era el coordinador del sitio. Funcionamos en el marco de la ley de sitios de memoria, que contempla justamente esto: la difusión, la promoción, la investigación sobre derechos humanos”, explica Yair Cybel, editor del medio e integrante de la cooperativa.

La historia de El Grito del Sur en Virrey Cevallos no es meramente simbólica. El lugar que hoy pretenden desalojar fue acondicionado por los propios trabajadores del medio. “Antes era un depósito todo fisurado, venido a menos. Lo reformamos con plata de nuestro bolsillo, le metimos horas de militancia. Pintamos, pusimos el piso, arreglamos la instalación eléctrica. Lo hicimos nuestro porque entendemos que es una forma de honrar la memoria y construir presente”, detalla Cybel.

El recorte avanza

El intento de desalojo no es un hecho aislado. Forma parte de una avanzada más amplia impulsada por el presidente Javier Milei y ejecutada por Alberto Baños, actual responsable de la Secretaría de Derechos Humanos. En los últimos meses, se han multiplicado los recortes en políticas de memoria, verdad y justicia, y se produjeron despidos de trabajadores y trabajadoras del Espacio Virrey Cevallos, dejando claro el objetivo de vaciar estos lugares de contenido, participación y vida colectiva.

“A principio de año, quisieron echar a muchos laburantes. Nosotros nos pusimos junto a la Mesa de Trabajo de Ceballos a dar la pelea”, agrega Cybel. Pero la situación escaló: comenzaron a llegar mensajes intimidatorios por parte de Emilce Gallo, directora de Sitios de Memoria, y se firmó una resolución que anula todos los convenios vigentes. La estrategia es clara: expulsar a quienes sostienen con compromiso estos espacios, para luego cerrarlos sin resistencia.

“Nuestro trabajo no es solo estar ahí. Hemos visibilizado sitios que aún no están señalizados. Investigamos a civiles responsables de la dictadura, a empresarios que se beneficiaron del terrorismo de Estado. Participamos en inspecciones oculares como la del centro SIFA, en Viamonte y Riobamba. También sacamos a la luz casos como el de la casa Franklin en Caballito. Todo eso molesta”, afirma el periodista.

La respuesta es la organización. Esta semana realizarán una conferencia de prensa junto a sindicatos, organizaciones de derechos humanos, universidades, agrupaciones políticas y la Mesa Política de Cevallos, también afectada por la avanzada oficial. “Estamos organizados, con patrocinio legal, y vamos a defender nuestro derecho a permanecer ahí”, asegura con convicción.

Para quienes integran El Grito del Sur, el intento de desalojo no es solo una cuestión legal o administrativa. Es un ataque directo a la memoria, a la libertad de expresión y a la construcción colectiva de la democracia. “Capaz suene grandilocuente, pero nosotros nos sentimos guardianes de la memoria. Y estamos decididos a dar la pelea”, concluye Cybel.

Porque los espacios de memoria no se abandonan. Se defienden.