La comunidad LGBT+ denunció que existen cada vez más ataques de odio sistemáticos contra varones homosexuales a través de aplicaciones de encuentro on-line.
El crimen del trabajador sexual Enzo Aguirre en 2020 y el reciente atentado contra la vida de Pablo Delía son algunos de los casos visibles de este fenómeno delictivo. Los contactan a través de Grindr u otras Apps, los golpean y/o los drogan hasta dejarlos inconscientes o matarlos, y les roban. El colectivo exige que sean tratados como crímenes de odio.
“Hola, soy Pablo, pero también soy Sergio, soy Juan, soy Gustavo, soy Marcos, soy César, soy Rodrigo, Soy Gustavo (sí, otra vez, otro Gustavo), soy Carlos, soy Esteban y también soy Luis. Soy más de 10 denuncias radicadas en distintas comisarías. Diez denuncias en los escritorios de diferentes fiscalías y juzgados de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires”.
Así comienza el documento elaborado por las víctimas de un mismo agresor. Lo leyó en voz alta Pablo Delía el lunes pasado en una concentración frente al Palacio de los Tribunales en la ciudad de Buenos Aires. Exigieron la captura del agresor y de sus cómplices, además de una reforma judicial que contemple la perspectiva de género y diversidad. También, que las distintas causas sean tratadas en común y no por separado.
El hombre a veces actuó solo; otras, acompañado. Se contactó con sus víctimas a través de Grindr. Les ofreció juntarse a tomar algo. Portó una mochila o un bolso que le permitió llevar una botella de vodka, latas de Speed y Clonazepam en gotas.
En la mayoría de los casos, las víctimas luego de ingerir no más de dos sorbos quedaron “en un estado de inconciencia o semiconciencia”. Mientras, los atacantes robaron sus pertenencias. Así lo recuerdan los más de 15 testimonios que le llegaron a Delía a través de sus redes sociales cuando hizo público lo que le pasó.
Un ataque que no fue aislado
El domingo 4 de septiembre durante la madrugada, Pablo Delía, de 34 años, vivió un ataque en su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la intersección entre la calle Maipú y la avenida Corrientes, en el barrio porteño de San Nicolás. Dos hombres que había contactado a través de la aplicación de citas Grindr lo ahorcaron, quisieron drogarlo y golpearlo.
Pablo compartió en sus redes sociales y distintos medios lo que le había ocurrido. De 15 testimonios de personas que habían pasado por lo mismo, al menos 8 de ellas habían denunciado en comisarías o fiscalías de la ciudad y provincia de Buenos Aires.
En el documento, las víctimas resaltaron que uno de los ataques fue radicado en la Fiscalía Criminal y Correccional N° 38 de la ciudad de Buenos Aires. “La verdadera sorpresa llegó cuando nos enteramos del (…) caso denunciado el 17 de julio de este año, donde el agresor (…) retuvo en su casa drogado durante 3 días a una víctima y la apuñaló en piernas y estómago, despertándola cada tanto para pedirle dinero, claves de seguridad y otras pertenencias”, relataron.
El agresor fue detenido el 4 de septiembre, a raíz del ataque a Pablo Delía. Si bien ese día la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a los agresores, menos de 48 horas después fueron liberados. Ese mismo día, ya en libertad, su perfil volvió a aparecer activo en Grindr. Ante la difusión de su rostro eliminó su foto y luego desapareció su cuenta.
Lo que la justicia no ve
Un caso similar a los que narran estos testimonios fue el crimen del bailarín y trabajador sexual Enzo Aguirre en 2020. Una pareja de varones lo contactó a través de la página web soytuyo.com. Lo ataron, amordazaron, golpearon y asesinaron el jueves 12 de noviembre en su habitación en el barrio porteño de Retiro. Murió por “asfixia mecánica por obstrucción de vías superiores”. Su cuerpo lo escondieron debajo de un colchón.
El día anterior, este mismo dúo junto a un cómplice había llevado adelante el mismo modus operandi contra otra víctima que no falleció. A ambos les robaron. La Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) y 100% Diversidad y Derechos exigieron en su momento que el Poder Judicial reconozca que fue un crimen de odio.
Sin embargo, la condena que recayó la semana pasada sobre sus asesinos (Jeremías Javier Negrini y Nicolás Adolfo Bernardez) no consideró esta figura. Les jueces Patricia Cusmanich, Ángel Nardiello y Sergio Paduczak del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 22 establecieron penas de 12 y 14 años por el delito de “robo agravado por haber sido cometido con arma impropia, en concurso real con homicidio en ocasión de robo”.
“Queremos tomar esta cuestión como un fenómeno global”
La causa por el ataque a Pablo Delía lo lleva adelante la Fiscalía N°10 de la Ciudad de Buenos Aires y lo representa la letrada Luciana Sánchez. Por la similitud con los demás casos que le fueron compartiendo a través de las redes sociales busca aunar las causas.
“Estoy por ampliar la declaración. Queremos juntar las denuncias para de alguna manera entrar en una especie de causa común o por lo menos que cada una de las víctimas pueda ser testigo de la denuncia de la otra para que se agrave la carátula”, explicó Delía. La causa pasó de ser “robo” a “intento de robo” y actualmente es “lesiones leves”: “Le bajaron el precio tres veces en tres días”, advirtió Delía.
“Más allá de lo individual queremos tomar esta cuestión como un fenómeno global, como una expresión de violencias hacia los cuerpos gays, principalmente a los cuerpos que se identifican como las maricas. Este fenómeno delictivo evidentemente es un modus operandi global que hay que atender”, señaló a Presentes, Greta Pena, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
En este sentido, sostuvo que “es necesario profundizar en el sistema judicial la perspectiva de diversidad. Que este tipo de casos no se tomen como simples robos o de un modo prejuicioso metiéndose en las características o las relaciones sexuales de la víctima. Sino que se puedan enfocar desde un fenómeno de violencia hacia la orientación sexual disidente”.
Pena recomendó que si una persona vive un ataque de estas características se acerque a la Subsecretaría para recibir un “acompañamiento psicológico y jurídico integral”. Se puede solicitar llamando a la línea 144 o por WhatsApp al 1127716463, las 24 horas, los 365 días del año.
Además, informó que desde su área de trabajo están evaluando “acciones de prevención para la propia comunidad”. “Son acciones de autocuidado, que no tengan que ver con una visión moralista y tampoco desde el miedo, sino con una política de prevención. Buscamos dar una serie de indicaciones construidas colectivamente”, explicó Pena.
Ataques generados por los discursos de odio
Para la coordinadora de la Defensoría LGBT, Flavia Massenzio, estos ataques se dieron en un contexto marcado por la proliferación de discursos de odio. “En nuestra opinión esos discursos son el primer eslabón de una cadena de violencias que termina con crímenes de odio, con transfemicidios o transhomicidios”.
En este sentido, desde la Defensoría abogan por la reforma de la Ley Antidiscriminatoria (N° 23.592). Con ella buscan “la inversión de la carga de prueba”, es decir, que en vez de ser la víctima la que demuestre un hecho, sea el agresor el que demuestre que no lo hizo o por qué lo hizo. Además, contempla “que las organizaciones de la diversidad o el Defensor del Pueblo tenga legitimación para actuar como querellante” en las causas.
“Hoy me pidieron perdón. Esto hay que hacerlo con todas las víctimas, no conmigo. La Justicia está actuando mal. Tenemos que resolver algo del sistema judicial que deja invisibilizadas a las maricas. Se invisibiliza la violencia de un hombre hacia otro hombre. Todo pasa por intento de robo. Somos personas homosexuales y nos cazan por la aplicación que debería hacernos sentir seguros”, concluyó Pablo Delía.
Este artículo pertenece a la Agencia Presentes y es reproducido por Tiempo Argentino a partir de un convenio de publicación para difundir periodismo especializado y de calidad.
