Ariel Pennisi: Desde tu ingreso en el directorio del Banco Nación investigaste la estafa de la empresa Vicentín al Estado argentino, a los productores, las cooperativas y, en definitiva, a los trabajadores de los sectores vinculados y al pueblo argentino en su conjunto. Gracias a ese trabajo se conoció públicamente lo que había sucedido, pero además te encargaste de explicarlo en cuanto medio te diera el espacio para hacerlo ¿Qué fue lo que descubriste en ese momento y quiénes estaban involucrados? Por otro lado, ¿qué se hizo legalmente desde el Banco Nación?
Claudio Lozano: Ni bien ingresé al Banco Nación percibí que el caso de Vicentín era una suerte de símbolo del tipo de gestión que había caracterizado a la etapa de Macri en el banco. Vicentín refleja la decisión de esa gestión de poner el crédito del Banco Nación en función de los intereses de un número reducido de empresas. Lo que implica que una elevada concentración del crédito representaba una elevada concentración del riesgo para la banca pública ante cualquier situación de impago; por ejemplo, en el caso de Vicentín se trataba de casi 300 millones de dólares. De hecho, cuando yo ingreso, me encuentro con esa deuda y un Vicentín que desde agosto de 2019 no pagaba, es decir, desde el momento de la derrota de Macri en las PASO de ese año. Al mismo tiempo, era una empresa que no contaba con la calificación bancaria necesaria, pero a pesar de eso la mantenían en categoría 1, como si fuese normal su situación. Lo que apareció con mucha claridad y profundizamos con la investigación que llevamos delante de manera inmediata es la connivencia entre el gobierno de Macri y el grupo empresario Vicentín, que había sido el primer aportante de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2019.
En ese proceso se violaron todas las normas internas del Bancon Nación nada menos que para mantener el financiamiento a exportaciones que se daba intra-firma, es decir, entre partes del mismo grupo empresario, de Vicentín Argentina a Vicentín Uruguay, con toda la opacidad que eso significa. Por otro lado, también se violaron las normas prudenciales del sistema financiero, entre ellas la más importante: ningún deudor puede tener un crédito que supere el 15% del patrimonio del banco, cuando el crédito de Vicentín estaba por encima del 18% del patrimonio de la institución. Quizás el punto más grave que hizo posible el fraude espectacular que está consumando Vicentín sobre la sociedad argentina fue el hecho de que Vicentín tenía una cuenta en garantía por donde ingresaban los dólares de las exportaciones, en la que ingresaron entre agosto y diciembre de 2019 (mientras Vicentín no pagaba su deuda) 790 millones de dólares. Las autoridades debieron haber ejecutado la garantía, pero no lo hicieron, pero el presidente del banco en ese momento, Javier González Fraga, liberó esa garantía permitiendo que esos dólares pudieran salir de la cuenta con otro destino. Consecuentemente, cuando nosotros ingresamos al directorio del Banco Nación esa cuenta se encontraba vacía.
Ante esta situación abrimos un sumario en el banco que reveló la complicidad de tres gerentes de la línea de la estructura nacional del banco (el gerente general, el gerente del área de “banca empresa” y la gerenta a cargo del ´rea de riesgo empresario). También fueron cómplices quienes tenían a su cargo la sucursal Reconquista (Santa Fé) del Banco Nación a través de la cual operaba Vicentín. Todos ellos fueron despedidos y además se suspendieron diez empleados más de distintas jerarquías. A su vez, el Banco Nación se presentó como querellante en la causa abierta por un particular, que en la práctica tomó el informe que nosotros hicimos y que, al tomar estado público, esta persona se presentó como denunciante… El fiscal Pollicita le dio impulso a la causa y yo fui el único director que presentó testimonio, al tiempo que los cuatro informes que elaboramos forman parte de los expedientes de la misma causa. Aparte, el Banco Nación se presentó como querellante en varias causas en la provincia de Santa Fé señalando las varias irregularidades que llevó adelante el grupo empresario en connivencia con la gestión Macri.
AP: El alcance del problema determinó el involucramiento del gobierno a tal punto que el propio presidente Alberto Fernández y el entonces ministro de la producción Matías Kulfas te hicieron llegar en varias ocasiones su preocupación. Sin embargo, al momento de ofrecer el presidente aquella conferencia en la que se habló de expropiación de la empresa, en junio del 2020, no habías sido consultado, ni siquiera estabas en aviso. Se encontraban presentes una senadora mendocina cristinista (Anabel Fernández Sagasti) que no había participado del proceso y no tenía idea del asunto, Matías Kulfas, que más bien parecía querer sacarse de encima el problema y Gabriel Delgado, egresado y docente del CEMA, de orientación pro empresaria. Se insinuó en ese entonces que YPF Agro podría hacerse cargo de Vicentín, aunque el gerente ejecutivo era Nicolás Winschel, nombrado en ese puesto en 2018 por Macri, y cuyo trabajo anterior habían sido ocho años en Monsanto. ¿Cuál es tu lectura de aquella escena? ¿Qué debió hacerse desde tu punto de vista?
Por otro lado, desde la investigación y denuncia que te tuvo como protagonista, en tus intervenciones públicas fuiste planteando algunas ideas y, en el fondo, un proyecto que tomaba en cuenta varios niveles del problema: por un lado, la recuperación de activos que pertenecen al pueblo argentino y por un hecho de corrupción entre la empresa Vicentín y el gobierno de Macri (de hecho, González Fraga, el entonces presidente del Banco Nación está procesado) corrían el riesgo de perderse; luego, la posibilidad de contar con una empresa testigo en un sector clave como el de alimentos; por otra parte, una planteo novedoso consistente en el armado de una empresa pública pero no solamente estatal, sino con participación de trabajadores y productores, y, finalmente, el control de una zona fronteriza permeable al contrabando y al narcotráfico. Digamos, la complejidad de una propuesta frente a la inacción del gobierno (ninguna de las tres partes mayoritarias hizo el más mínimo esfuerzo político) y frente a la simplificación extrema de la oposición y sus medios de comunicación que llamaban a defender la propiedad privada (cuando el problema era, justamente, que estaban defendiendo una trama de corrupción que involucraba al sector privado y al sector público, perjudicando lo que es de todos).
CL: El planteo de la expropiación fue para mí un hecho sorpresivo –nos enteramos de la conferencia por los medios– y, según fui constatando posteriormente, totalmente improvisado. Nosotros habíamos destapado el tema Vicentín en febrero de 2020 y la escena que vos comentás fue a comienzos de junio. En ese momento hablé con la senadora Fernández Sagasti y con Zanini, pero ambos me dijeron que no tenían idea de lo que se estaba haciendo. Desde un comienzo, cuando hicimos pública la estafa, propuse a otros miembros del directorio que, siendo del Banco Nación como principal acreedor, podía capitalizar toda esa deuda en dirección a la posibilidad de quedarse con la empresa, con el proyecto de una empresa pública no estatal, es decir, mixta, con participación de productores y cooperativas y que actuara como una empresa testigo del comercio exterior de granos habida cuenta de que Vicentín era la sexta de los diez grupos empresarios que controlan prácticamente la totalidad de la exportación de granos y subproductos de la Argentina. Además, esto permitiría poner un ojo en una de las claves de la fuga de dólares y reducción de la recaudación de nuestro país, que tenía lugar en el triángulo entre Paraguay, Rosario y Montevideo. Este tipo de operatorias es frecuente entre los grupos económicos que declaran en Rosario una carga inferior a la que sale de los puertos (privados o concesionados, donde el contralor público no existe) que, a su vez reciben los cargamentos por parte de transportes privados (por tren o en camiones). Además, no existen juntas reguladoras como hubo en otros tiempos, y la gran mayoría de las embarcaciones que transportan los granos y sus derivados no son de bandera nacional. Hay un cálculo que sostiene que por cada dólar que ingresa a nuestro país otro queda afuera (ya que la carga total se declara en Montevideo). Y como si fuera poco, al resultar las declaraciones juradas de las exportaciones menores a las que efectivamente existen, pagan menos retenciones. Es decir, que la sangría de divisas es acompañada con pérdida de recaudación por el Estado argentino.
El fraude alcanzaba a la banca pública (al Nación, al Banco Provincia, al Banco de Inversión y Comercio Exterior y al Banco Ciudad), a más de 1500 productores, a 93 cooperativas agropecuarias. Creemos que podría ser una decisión ejemplar transformar ese fraude en la recuperación por parte del pueblo argentino (con su Estado y sus productores y trabajadores) bajo la forma de una empresa pública no estatal que, además, funcionara como contralor del comercio exterior. Teniendo en cuenta la necesidad de divisas de nuestro país está de más señalar que se hubiera tratado de una decisión estratégica.
Nuestro planteo no tuvo eco en el Ministerio de Desarrollo Productivo, la línea que bajaba era que no había que hacer nada, que el mercado lo iba a resolver. Obviamente, dejar esto en manos del mercado significaba esperar pasivamente un proceso de mayor concentración del comercio exterior y, a la vez, de extranjerización: desde un primer momento el socio histórico de Vicentín, el grupo Glencore (de origen suizo, pero que tiene su rama agropecuaria radicada en Canadá), que compartía con los argentinos a partes iguales la propiedad de la sojera Renova, tuvo el objetivo de quedarse con la empresa, según ellos mismos me lo comunicaron cuando me vinieron a ver al Banco Nación.
Lo que se debió haber hecho con la investigación ya avanzada es demostrar ante la opinión pública de manera expresa los delitos cometidos por Vicentín (subfacturaciones, falsas liquidaciones, etc.), ya que la AFIP tenía elementos suficientes para demostrar la liquidación incorrecta hecha por la empresa, la UIF (Unidad de Información Financiera) tenía que haber identificado el curso de los créditos que Vicentín recibía y cómo habían salido con destinos diferentes de aquellos para los cuáles habían sido tomados. En la práctica, desde el año 2012 lo que venía ocurriendo con Vicentín es que este grupo empresario fue desarmando la estructura patrimonial que tenía como centro a la empresa Vicentín argentina, trasladándola a Vicentín Family Group en Uruguay, usando la “sucursal” argentina para la toma de deudas.
También creemos que se debió establecer una conversación política con los sindicatos que representan a los trabajadores que dependen del funcionamiento de la empresa Vicentín, habría que haber tomado contacto con los pequeños y medianos productores que habían sido esquilmados por el grupo empresario y con las cooperativas agropecuarias que habían sido víctimas de la declaración de cesación de pagos. Luego de que el Banco Nación recuperara el activo de Vicentín, en el marco de las conversaciones que debieron haber existido, se podía abrir la participación de los actores mencionados en la gestión de la empresa pública no estatal de carácter mixto. Nunca el gobierno buscó tejer un espacio de alianzas políticas que permitieran sostener la decisión de avanzar con una expropiación que tuviera ese norte y que debió haberse dado al final del proceso. Tampoco la expropiación que se propuso era la que correspondía, ya que solo se tomó Vicentín de argentina, la cáscara vacía que había dejado el grupo empresario. A la vez, se debió haber llevado previamente a cabo un operativo de limpieza de pasivos para que la sociedad argentina se pudiera quedar con los activos sin tener que hacerse cargo de pasivos que podían ser perjudiciales para las finanzas del Estado argentino.
Pero no sólo nada se hizo en ese sentido, sino que cuando yo denuncié públicamente lo que pasaba y mencioné las causas abiertas de la AFIP contra Vicentín me llegaron planteos de las autoridades de la AFIP en ese momento pidiéndome que no hablara del tema (cuando las causas estaban declaradas en los propios balances de Vicentín). La pelea que había que dar era pesada tratándose de la sexta empresa exportadora de granos y subproductos en la Argentina, y la débil formulación de expropiación dejaba muy expuesto al gobierno argentino. Era evidente que los grupos económicos del sector iban a hacer una campaña destinada a esmerilar la decisión presidencial. Lo hicieron con argumentaciones absolutamente falaces, con lugares comunes como la comparación con Venezuela y tonterías tales como que si el gobierno llevaba adelante una expropiación iba a afectar la imagen del país en el exterior… Se pasaba por alto, por ejemplo, que el principal acreedor extranjero de Vicentín, nada menos que el Banco Mundial, antes que nadie había puesto en marcha una investigación en Nueva York para saber a dónde habían ido a parar los fondos que le había prestado a la empresa. ¿No es eso quedar mal en el exterior? Es la permisividad para que empresas como Vicentín puedan usufructuar a través del fraude y la connivencia institucional los recursos públicos en favor de intereses privados.
Dentro del propio Frente de Todos hubo complicidades, como la del gobernador de la provincia de Santa Fé, quien llevó a Nardelli, que conducía Vicentín, a entrevistarse con el presidente de la nación para desbaratar la posibilidad de la expropiación y derivar en una situación absurda como era discutir en el marco del concurso operado en la localidad de Reconquista, donde Vicentín controla todo y, entre otras cosas, tenía control directo sobre el juez Fabián Lorenzini. Un Lorenzini que cometió irregularidades de todo tipo, entre ellas, haber comenzado un concurso sin que existiera un balance (el balance apareció un año y pico después). Todavía el concurso está vigente, se viene dilatando el desenlace especulando con que en el marco de un cambio de gobierno y eventualmente del cambio del directorio en el Banco Nación el fraude quede impune y Glencore asociado con Vicentín terminen quedándose con el conjunto del grupo empresario.
AP: La semana pasada, la justicia penal rosarina decidió imputar a doce directivos de Vicentín en carácter de autores de una “asociación ilícita”. Mientras tanto, los síndicos del concurso fueron acusados por encubrimiento. Quien llevó adelante el conjunto de las acusaciones es el fiscal de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Miguel Moreno. Vos conocés con mucha precisión todo lo que fue ocurriendo en el plano judicial, cargado de irregularidades, incompatibilidades y complicidades. ¿Ves con buenos ojos este giro en una de las causas o sos escéptico? Además, hay otro tema que sería interesante tal vez para otra conversación, pero vale la pena mencionar: da la impresión de que el delito económico, por su complejidad, por la velocidad financiera y por su perfil técnico es desconocido por la mayor parte de la sociedad, poco investigado y mucho menos sancionado por el poder judicial… y, claro, los medios de comunicación mayoritariamente asociados de una u otra manera a los actores que suelen cometer los delitos económicos de gran escala no hacen olas. ¿Estamos a tiempo de recuperar el dinero adeudado por Vicentín al Estado argentino? ¿Estamos a tiempo de evitar que la multinacional Glencore se quede con una empresa estratégica?
CL: La causa que lleva adelante Moreno es muy importante, que con Banco Nación acompañamos con presencia. La causa va al hueso del problema, mostrando todo lo que deberían haber mostrado los organismos del Estado, como la AFIP, la UIF, etc. Además, muestra las irregularidades y pone en discusión al conjunto del grupo empresario y no solo a Vicentín argentina. Creo que estamos a tiempo de recuperar Vicentín, porque la tarea que se hizo en el marco del concurso, denunciando las irregularidades que cometía el juez y señalando la inconstitucionalidad y la irregularidad de la propuesta que pretende aprobar Vicentín y que incluso fue marcada como una propuesta abusiva, tanto por parte de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fé que terminó por quitarle al juez Lorenzini el expediente para devolvérselo con la indicación de revisar esa propuesta y, al mismo tiempo, contar con una propuesta para el Banco Nación. Entonces, en los últimos días tuvimos dos definiciones muy fuertes, una fue la validación por parte del juez de la propuesta de revisión de la Corte –por ejemplo, Vicentín pretendía utilizar la venta de sus acciones de Renova, acciones que son parte de los activos presentes en el concurso a disposición de los acreedores, por lo que está impugnada la propuesta dada su ilegalidad–; la otra fue la imputación judicial que vivieron los directivos de Vicentín. Por eso sostenemos que existen todos los elementos para mostrarle a la comunidad el fraude cometido por Vicentín, bloquear el intento del juez Lorenzini de favorecer a la empresa y se abra lo que se denomina “cram-down”, que es la posibilidad de nuevas ofertas para una salida, y ahí la salida es la posibilidad de una oferta por parte del Banco Nación en sociedad con productores y cooperativas. Es lo que propusimos y lo que hicimos nos permitió llegar hasta acá dejando en manos del gobierno la posibilidad concreta, pero se requiere de decisión política. Lo hecho desde el Banco Nación impidió que al momento lograran el cometido del fraude y la extranjerización definitiva de la empresa, pero se necesita un paso más para transformar esta situación en un triunfo de la sociedad argentina, sancionando además este comportamiento especulativo y fraudulento que es típico de los grupos empresarios más importantes de nuestro país.
AP: El debate público abierto por el caso Vicentín, más allá de negadores y detractores, incluso del gobierno del FdT que insólitamente pagó cierto costo político por algo que no hizo, puede trasladarse a toda la problemática del perfil productivo en un sector muy sensible que cruza transversalmente lo económico, lo productivo, la alimentación, la salud, la soberanía… Como precandidato presidencial por Unidad Popular, ¿tenés alguna mirada o propuesta al respecto?
CL: Desde Unidad Popular sostenemos que la mejor opción para recuperar Vicentín es la que te comentaba antes, una empresa pública no estatal de carácter mixto, con productores y cooperativas involucrados, para, entre otras cosas, ejercer una suerte de control sobre una parte del comercio exterior, a partir de la empresa testigo en el núcleo más importante hasta el momento que es el comercio de granos. En otro nivel, a través de la recuperación de Vicentín, podría comenzar un proceso de reconversión importante hacia el mercado de alimentos para contar con un factor de control de los precios en un sector muy concentrado y caracterizado por la remarcación permanente de los precios. Vicentín es un símbolo de cierta lógica del gobierno, con declaraciones altisonantes que luego no eran acompañadas con decisiones en el mismo sentido, declaraciones que, como decías, le hacían incluso tener un costo político a partir de la confrontación con sectores reaccionarios y opositores políticos… lo que determinó varias derrotas políticas
Por ejemplo, otra oportunidad la tuvimos en 2020 con la caída de los precios del petróleo que hizo caer las acciones de YPF a precios irrisotrios, por lo que con muy poco dinero podríamos haber comprado el 49% que quedó en manos privadas y gracias a lo cual (entre otras cosas) YPF no es la empresa pública que necesitamos para operar en la reconversión energética de la Argentina. YPF hoy es una empresa comercial con capital estatal mayoritario, pero que tiene que rendir cuentas a fondos de inversión, petroleras y capitales privados de toda laya –entre ellos Black Rock. Justo a 20 años de las privatizaciones que se llevaron adelante durante el gobierno de Menem tuvimos la posibilidad de recuperar activos estratégicos, en un momento en el que además se vencían varias de las concesiones otorgadas en ese período (por ejemplo, los puertos). Sin gastar un peso podríamos haber tomado el control de áreas importantísimas. También quedó inconcluso el tema de la mal llamada “hidrovía” o la construcción del canal de Magdalena, tardíamente anunciado en estas semanas.
Además, volviendo al caso Vicentín, es necesario tener una injerencia pública en un sector, como el portuario rosarino, donde los negocios ilegales a partir de la privatización del comercio exterior favorecen el accionar del narcotráfico. Por eso decimos que Vicentín tiene un carácter estratégico desde todo punto de vista, y fue una de las tantas oportunidades donde existían elementos, argumentos, sectores sociales golpeados y esquilmados, que nos hubieran permitido con mucha fortaleza política y respaldo recuperar una herramienta para el diseño de una política pública muy relevante.
*Claudio Lozano es precandidato a presidente por Unidad Popular, recientemente fue director del Banco Nación, fue diputado nacional, recibiendo premios por su desempeño. De formación economista, fue parte de la creación de la CTA, llegando a integrar la mesa nacional a cargo de la Secretaría de Formación. Su último proyecto como diputado nacional se dio en el marco de una comisión bicameral que él mismo había propuesto para investigar la deuda externa y, de hecho, en 2015 presentó un informe que incluye elementos históricos, técnicos y jurídicos para demostrar la ilegitimidad de gran parte de esa deuda. Es autor de La deuda ilegítima. Renuncia del parlamento, desafío de la democracia y coautor de La disputa por los ingresos y la riqueza. Renta básica universal y empleo garantizado en la Argentina (junto a Ana Rameri), entre otros tantos trabajos.
*Ariel Pennisi es docente e investigador (UNPAZ, UNA, IIGG-UBA), ensayista, codirector de Red Editorial. Autor de Nuevas instituciones (del común), Papa Negra, Globalización. Sacralización del mercado, coautor de El anarca (filosofía y política en Max Stirner) (con Adrián Cangi), compilador y coautor de Renta básica. Nuevos posibles del común, Si quieren venir que vengan. Malvinas: genealogías, guerra, izquierdas, Linchamientos. La policía que llevamos dentro, entre otros. Integra el IEF CTA A.
