Trabajadores de unas 300 pequeñas y medianas empresas subcontratadas por Green-Rottio, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a la que el gobierno porteño le adjudicó la obra del viaducto San Martín, continúan sin cobrar a pesar de haber trabajado a contrareloj para permitir la inauguración de la obra.
El acto del que participaron el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, fue el 11 de julio y marcó la vuelta a la terminal de Retiro del ferrocarril, sin embargo aún quedan dos estaciones sin poder abrirse: Villa Crespo y La paternal porque las obras áun no fueron terminadas.
Este miércoles integrantes de las diferentes empresas subcontratadas por Green-Rottio concentraron sobre a la Avenida Libertador y Tagle para exigir que se les pague por el trabajo realizado: la elevación de las vías del San Martín durante cinco kilómetros, desde Palermo a la Paternal.
El reclamo ya tiene varios meses pero continúa sin respuesta. En el ínterin, el gobierno de la Ciudad rescindió el contrato a Green-Rottio, a quien responsabilizó por el freno de las obras.
“El gobierno porteño y la empresa adjudicataria se echan la culpa entre sí del incumplimiento. Mientras tanto, la obra del viaducto San Martín no está completa: falta la finalización de una parte de las estaciones de La paternal y Villa Crespo y todo lo relacionado a nivel de seguridad porque por ahora circula sin señalización pertinente en las vías y es muy peligroso”, denuncia Alejandro Elizondo, titular de la firma Ric Pat Construcciones.
La obra fue inaugurada por Cambiemos en el contexto de campaña, 30 días antes de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “En este contexto electoral las empresas trabajamos contra reloj 24/ 7 para cumplir con el plazo establecido por el gobierno. Nosotros cumplimos en tiempo y forma, queremos que nos paguen, necesitamos una solución “, agrega Elizondo.
El incumplimiento de los pagos comenzó en abril. “En ese contexto interviene la Cuidad y nos dice que no nos preocupemos por la plata y nos pide que nos enfoquemos en la obra pero nunca nos pagaron. Hasta el momento la Ciudad nos debe 600 millones de peso de los cuales 150 millones se expresan en cheques rechazados. Nos cortan la posibilidad de poder seguir trabajando”, agregó.
Por último, las empresas manifiestan la complicidad del gobierno con entidades bancarias: “El gobierno de la Ciudad no se hace cargo de la deuda, argumentan que le pagaron a la UTE y que las empresas nos estafaron pero nosotros lo desmentimos: el gobierno sabía y permitió que el mayor acreedor de esta obra sea el banco Superville, al que le dieron el derecho de cobro”.
