El gobierno de los Estados Unidos está a un paso de reponer todas las sanciones contra el Estado de Venezuela que había levantado en reconocimiento por la apertura de las negociaciones con la oposición, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación por 15 años de la candidata presidencial de derecha, María Corina Machado. El Departamento del Tesoro informó esta semana que a partir del próximo 13 de febrero las transacciones de la Compañía General de Minería de Venezuela estarán prohibidas. Lo mismo pretende hacer con las sanciones dirigidas al petróleo y el gas así como no renovar el levantamiento de sanciones que vence el próximo 18 de abril “si el gobierno de Nicolás Maduro no garantiza la participación electoral de los candidatos”. Las sanciones económicas han sido parte de un largo reclamo del gobierno chavista por atribuirles gran parte de los problemas de abastecimiento y liquidez en el país.

La resolución judicial tomada el pasado 27 de enero contra la exasambleísta, elegida candidata del principal espacio opositor, Plataforma Unitaria, en octubre de 2023 para las elecciones presidenciales de este año, dejó prácticamente en vía muerta al acuerdo con la oposición para encarrilar el proceso electoral conocido como Acuerdo de Barbados, firmado el 17 de octubre del año pasado. La repercusión del caso de Machado dejó en segundo plano otras decisiones de la Corte, entre ellas la ratificación de la inhabilitación contra el también opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

Por su parte, la candidata y su comando de campaña convocaron para hoy a una jornada de apoyo en “más de 10 ciudades del mundo” para “alertar a la comunidad internacional sobre la escalada represiva del régimen de Maduro y exigir el respeto de la voluntad popular expresada el 22 de octubre”. Curiosamente, el espacio de Machado eligió esa forma de manifestación en lugar de convocar a una marcha de apoyo en su propio país, donde ganó una primaria autogestionada sin la intervención del Consejo Nacional Electoral, en la que la PU asegura que participaron 2,5 millones de venezolanos y la candidata electa obtuvo el 93% de los votos. La oposición reclama también que el gobierno fije la fecha para las elecciones, algo que todavía no se dispuso a pesar de ser una de las cláusulas de la negociación que tiene a Noruega como mediadora.

El TSJ validó los supuestos argumentos de la Contraloría de que Machado está «incursa» en actos de corrupción relacionados con Juan Guaidó, dirigente opositor que se autonominó presidente interino en 2019 y hasta 2023 tuvo apoyo político y económico de Estados Unidos y el reconocimiento de unos 50 países, lo que le permitió controlar los bienes públicos bloqueados en el exterior. Para el gobierno de Maduro, que el viernes celebró los 25 años desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, lo de Machado es «cosa juzgada» y pretende que la oposición presente alguno de los otros candidatos con que cuenta.

Además de los Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también criticaron la inhabilitación. La CIDH la calificó como “propia de regímenes autoritarios», y exhortó al gobierno de Maduro a adoptar medidas para ampliar la participación.

A su vez, la OEA aseguró que “el liderazgo de María Corina Machado es indiscutible, como lo es todo liderazgo que surja desde las convicciones y los intereses del pueblo. Sería patético y repulsivo que alguien pretendiera asumir ese lugar, pasando por alto el pronunciamiento popular indiscutible que hubo en el país en las primarias”, dijo en un comunicado. Desde la Secretaría General comandada por Luis Almagro, enemigo acérrimo de Maduro y el chavismo, que apoyó a Guaidó y a la entonces política intervencionista de Donald Trump, afirmó que el organismo “seguirá pronunciándose y denunciando” arbitrariedades y advirtió: “no debemos nunca creer que esta dictadura cumplirá acuerdos y compromisos asumidos, lo más recurrente ha sido siempre la violación de los mismos”.