A mediados de 2018, el Gobierno de la Ciudad comenzó su campaña de cara a las elecciones de 2019, anunciando diferentes obras que reclamaban vecinas y vecinos en algunos barrios porteños. En Flores, uno de los más castigados por varias situaciones de inseguridad, el Ejecutivo avanzó con la pegatina de panfletos prometiendo “una comisaría para Flores”. La idea era construir un anexo de la Comisaría 38 sobre la calle Membrillar y la Autopista 25 de Mayo y transformar ese espacio en una respuesta a los reclamos.

A los pocos meses iniciaron las obras, pasaron las elecciones donde Rodriguez Larreta fue reelecto y, curiosamente, la construcción entró en un cese de actividades. A inicios de 2023 las obras del nuevo centro de inserción comunitaria continuaron pero, hasta la fecha, el edificio está sin terminar. Vecinas y vecinos del barrio de Flores denuncian que el gobierno porteño está utilizando ese lugar como una cárcel ilegal, donde tiene detenidas decenas de personas en un edificio que no tiene finalización de obra.

Vecinos de Flores
Detrás de la chapa galvanizada se encuentra la «cárcel» sin finalización de obra y con , según la denuncia de vecinos, 50 personas detenidas.

“La obra nunca se inauguró y la construcción estuvo frenada bastante tiempo. Ahí adentro la Ciudad tiene encarceladas a alrededor de 50 personas, totalmente en forma ilegal, porque primero eso no es una cárcel, no está funcionando, no está operativo, no es una obra que esté habilitada ni terminada ni inaugurada como comisaría, ni como alcaldía, ni como nada”, denuncian a Tiempo Alan Bryden, vecino del barrio.

Las y los vecinos alertan que en ese lugar están los derechos cercenados y violentados. “Esto es así porque este lugar no es una institución carcelaria donde vos tenés los recursos alimenticios, de agua, baños, y todos esos recursos. Pero además esto impacta en el medio de un barrio residencial. Hay mucho medio en el barrio porque al no ser un instituto, una institución carcelaria, no tenés la seguridad que eso requiere, no sabemos si hay peligro de fuga como ya se han fugado varios presos en distintos barrios”, agrega Bryden.

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Reclamo de los vecinos

Este sábado, los vecinos realizaron una jornada de visibilización para dar a conocer este tema. De la jornada participaron representantes de la diputada porteña Claudia Neira, estuvieron presentes el legislador Matías Barrotaveña y el diputado Andrés La Blunda de Unión por la Patria y los Comuneros Julian Cappa, Leonardo Militello, Elisa Juarez y Lucia Di Laudo

“Las cárceles modulares o mini-cárceles que están construyendo Jorge Macri y Waldo Wolff son una solución no sólo ineficiente sino peligrosa, porque ponen a la policía a cuidar a los detenidos y debilitan los patrullajes volviendo más inseguros a los barrios que tienen estas cárceles”, manifestó a Tiempo el diputado Andrés La Blunda. 

Para el referente de Kolina CABA la ciudad debe discutir qué hace con las personas privadas de la libertad en su jurisdicción, y tiene que tener un debate serio sobre un sistema penitenciario local. La Blunda asegura que, por este tema, “el gobierno de la ciudad se niega a convocar al consejo de seguridad y solo tuvo una propuesta falaz con la ley de reiterancia”. Por último, el diputado afirma que al Ejecutivo porteño “no le interesa dar la discusión seria por la seguridad. No quieren convocar al Consejo de Seguridad y solo venden humo con la Ley de Reiterancia y, ahora, con la baja de la edad de imputabilidad que solo agravan el problema».

Tiempo se puso en contacto con la cartera de Seguridad porteña que dirige Waldo Wolff para indagar sobre esta situación. Hasta la publicación de la nota el ministerio se negó a enviar alguna respuesta.

Falsas promesas

“Los vecinos fuimos engañados”, asegura Alan Bryden. “La promesa que siempre nos hizo el gobierno, incluso en la publicidad y los carteles que colocaba en el barrio, decían que este lugar iba a ser una comisaría, como hay en otros barrios debajo de la autopista”. Agrega.

Algunos vecinos lograron concretar un encuentro con autoridades de la cartera de seguridad porteñas vinculadas al servicio penitenciario local, “y aparentemente les comunicaron que esto no se iba a detener, que esta cárcel ilegal iba a continuar y que iba a ser una alcaldía no una comisaría de cercanía como nos prometieron. Este nuevo sentido que le dan a este espacio que ahora lo utilizan para detener personas no estamos de acuerdo”, termina Bryden.