El gobierno de Mauricio Macri tuvo una pésima gestión de las vacunas obligatorias en el calendario sanitario: dilapidó recursos comprando más de lo que se necesitaba, pero dejó vencer lotes enteros y malgastó recursos para la deposición final. Distribuyó mal o no distribuyó; dejó niños sin vacunas y no planificó de acuerdo a las necesidades de cada provincia. Ni siquiera hay certezas de que las vacunas que sí se aplicaron hubieran respetado la cadena de frío.
Las conclusiones están contenidas en un informe de 87 páginas de la Auditoría General de la Nación (AGN). Además de desidia e ineptitud, el reporte desliza también situaciones de presunta corrupción: “En 2016 se planificaron y adquirieron 1.932.564 dosis de vacunas DPTA (difteria, tétanos y tos ferina) de las que se constató la existencia de 624.060 que vencieron en el almacén central, sin haber sido distribuidas durante el período auditado, cuyo costo unitario fue de U$S 11,2 promedio”, un total de casi siete millones de dólares. Por ese caso hay una causa penal en pleno trámite.
En mayo pasado, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la extitular de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI), entre noviembre de 2016 y enero de 2018, Susana Del Valle Devoto, por “incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública mediante la omisión de las obligaciones a su cargo respecto al tratamiento de las dosis mencionadas”.
“La acción típica resulta un mero no hacer lo que el ordenamiento legal manda. (…) Devoto tenía el deber de velar por un adecuado funcionamiento de los procesos de adquisición, distribución y almacenamiento de los insumos destinados a los planes de vacunación y, sin embargo, omitió hacerlo”, dice el fallo.
Además de que se vencieron, el reporte detectó que en estas y otras situaciones “no fue eficiente el control de la cadena de frío de las vacunas almacenadas, lo que pudo afectar la integridad y el resguardo de las mismas con el consecuente impacto en su seguridad y eficacia”.
Salud fue uno de los ministerios degradado a Secretaría en 2018, cuando el gobierno de Cambiemos ya había recurrido al FMI para tapar la ruinosa gestión económica. La situación no sólo no mejoró sino que empeoró.
“El Ministerio de Salud no realizó un control de stock sistematizado, periódico y bajo los parámetros establecidos en el Manual de Procedimientos, lo que dio lugar al desconocimiento de las existencias reales en almacén central y ocasionó el vencimiento de más de cuatro millones de vacunas e insumos complementarios”.
Esa ausencia de control e información “también pudo generar situaciones de compra de cantidades mayores a las necesarias, afectando la eficiencia en el uso de los fondos públicos o desabastecimiento y distribución de vacunas vencidas, lo que afecta la salud pública”, añade el documento.
“El Ministerio de Salud tampoco fue eficaz y eficiente en el proceso de distribución de vacunas, ya que los mecanismos diseñados e implementados impiden verificar la oportunidad y consistencia de la entrega de vacunas e insumos a las jurisdicciones en relación a la planificación anual de necesidades de cada provincia”.
Según el reporte, figuran como “enviados lotes que aún se encuentran en la cámara central y cuya fecha efectiva de envío no puede verificarse”.
La sumatoria de irregularidades terminó “generando pérdidas e inconvenientes sanitarios y ambientales”. Los riesgos, reales y potenciales, flotan amenazantes en el aire porque “tampoco se supervisó el descarte de vacunas en las jurisdicciones, lo que implica no sólo el desconocimiento del destino y uso de los bienes adquiridos con fondos nacionales e impacta en la transparencia, sino que obstaculiza el Ciclo de Gestión de Vacunas por no contar con información confiable y actualizada sobre las disponibilidades reales a nivel jurisdiccional a la hora de elaborar la demanda anual de necesidades”. Traducido: no se sabe qué vacunas se aplicaron, cuántas dosis, a quiénes y cuál es la población a la que aún falta inocular para las distintas enfermedades prevenibles.
Con algunas patologías, la situación es dramática. El informe consigna que “hubo situaciones de desabastecimiento de la vacuna Meningocócica conjugada cuadrivalente ACWY que dificultaron el cumplimiento del esquema previsto en el Calendario Nacional de Vacunación (CNV)”. Se trata de la vacuna contra la meningitis.
Las conclusiones de la AGN ya fueron giradas al ministro de Salud, Mario Russo. El período auditado va del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019. La auditoría tuvo por objetivo “evaluar la eficacia y la eficiencia del Ministerio de Salud de la Nación en la evaluación de las necesidades, la adquisición, el almacenamiento, la distribución y el descarte al vencimiento de vacunas e insumos de vacunación durante el período 2016-2019”, así como “los procesos de planificación y financiamiento para la adquisición de vacunas e insumos” y la “nacionalización, liberación y almacenamiento”. El trabajo también se propuso evaluar “el proceso de distribución, control de stock y descarte de vacunas”.
El resultado es lapidario.
“No se pudo constatar la existencia de una consolidación consistente de la información a nivel nacional para planificar y ejecutar la adquisición de vacunas, lo que dio lugar a situaciones de compra de cantidades mayores a las necesarias o desabastecimiento”.
El informe estableció que “no existe una base de datos unificada en carpetas comunes para contrastar la población objetivo según el esquema de vacunación de las jurisdicciones debido a que durante el periodo auditado se sucedieron numerosos recambios de personal y se perdió información por un daño sufrido en los servidores”.
El propio Ministerio de Salud “informó que la única información recuperable es aquella almacenada en las computadoras personales”. De esa documentación –que la cartera remitió de manera “incompleta”– “no surge evidencia de planificación para atención de brotes epidemiológicos”.
