Se volvió una frase común entre pacientes, familiares y trabajadores decir que “el sistema de salud de la Ciudad está saturado”. Pero ¿cuáles son las razones de este colapso? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno nacional en esta situación? ¿Crece la población o se achica el sistema? ¿Qué pasa con las obras sociales y las prepagas?
En la Ciudad de Buenos Aires, acceder a la atención en el sistema de salud se ha vuelto una misión, al menos, compleja. Principalmente (pero no solo) para las 700 mil personas que se atienden exclusivamente en el sector público. Al deterioro local se le suman las políticas nacionales de ajuste -con el silencio cómplice de Macri y Quirós- que están llevando a una crisis generalizada del sistema tanto de obras sociales, PAMI y a buena parte del sector privado, con excepción de un puñado de grandes empresas.
La saturación es un síntoma del ajuste en la salud. En el 2007, cuando los Macri llegaron al Gobierno -al finalizar este mandato serán 20 años de Gestión PRO- se destinaba el 24 por ciento del presupuesto a la función salud. Ahora, sólo el 16 por ciento. Esta pérdida de la prioridad presupuestaria tiene múltiples impactos concretos, pero la conclusión es que achicaron el sistema sanitario público para destinar recursos a otras áreas: publicidad, pago de deuda, hacer reiteradamente las mismas veredas. Otras prioridades.
El retroceso en la salud porteña
Veamos ejemplos concretos del retroceso. Se perdieron al menos 900 camas de internación entre el año 2007 y el año 2024. Para tomar dimensión de este ajuste: el Hospital Durand tiene, según el último registro, 276 camas. Podríamos decir entonces que este ajuste en cantidad de camas equivale al cierre de al menos tres hospitales públicos. Menos camas de internación se traduce en menos cirugías programadas; una cirugía por litiasis vesicular (piedras en la vesícula) tiene un tiempo de espera de mínimo un año y medio en cualquier institución pública de la Ciudad.
Otro factor para analizar el vaciamiento que lleva a la saturación es la precarización de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Una enfermera que ingresa a trabajar en la ciudad más rica de la argentina cobra 6500 pesos la hora. Una situación que el ministro Quirós se negó a transformar durante el 2024 al impedir que avance el proyecto que las incorporaba a la carrera profesional (ley 6035) que nuclea a la medicina, psicología, odontología, bioquímicos, a todas las disciplinas menos a la enfermería.
La crisis del sistema sanitario que se viene gestando desde el comienzo de la gestión PRO en la Ciudad queda más expuesta en esta etapa porque el gobierno nacional avanza aún más rápido en el mismo sentido, y esto tiene impactos directos sobre los porteños y porteñas.
Por ejemplo, la Ciudad tiene 417 mil jubilados afiliados al PAMI que en este tiempo vieron cómo el gobierno nacional retiró los medicamentos gratuitos o como al desregular el sector se dispararon los precios en farmacias, generando que los fármacos más utilizados subieran en el orden del 250 por ciento, mientras la jubilación mínima en el 2024 aumentó apenas el 124 por ciento. Esto implica que muchos pacientes suspendieron tratamientos crónicos fundamentales para su vida.
Tormenta perfecta
El Garrahan y el Bonaparte son dos hospitales situados en la Ciudad con financiamiento nacional que están siendo gravemente vaciados. Por un lado, el hospital de niños ubicado en el sur de la ciudad, donde la mortalidad infantil es 3 veces mayor que en el norte del distrito. Es decir, un niño que nace en Barracas tiene tres veces más posibilidades de morir antes del año de vida que uno de Palermo. Aun sabiendo esto, los profesionales de ese hospital tienen el sueldo congelado desde el 2023.
Por otro lado, es clara la determinación de cerrar el Hospital Laura Bonaparte, una institución modelo en atención integral en Salud Mental. Parece ser que ni los funcionarios de Nación, ni los de Ciudad que permanecen en silencio, entienden la dimensión de la emergencia en salud mental que atravesamos. Un dato para reflexionar en este sentido: la tasa de suicidios pasó a ser mayor que la tasa de homicidios culposos.
Solo por agregar un ejemplo más de lo que implica el corrimiento del Estado nacional en todo el país, pero particularmente en la Ciudad: en los últimos días se confirmó el cuarto caso de Sarampión. Todos casos localizados en Palermo. Quien debería estar coordinando la estrategia nacional para mitigar este brote es la dirección nacional de vacunas, a donde acaban de despedir al 40 por ciento de sus trabajadores.
Para completar esta tormenta perfecta es necesario advertir que no solo el sistema público está sufriendo. Están desarticulando el sistema solidario de las obras sociales (OS) que cubre a la mitad de los porteños. Es decir, 1.5 millones de personas en la Ciudad tienen una obra social, que, producto de la crisis financiera a las que están siendo arrastradas, recortan prestaciones, agregan copagos o suspenden servicios.
Desregulación, menos acceso y complicidad
Finalmente, para las personas que acceden a una empresa de medicina prepaga, ya sea directamente o derivando aportes desde una obra social, también se complejiza su situación, porque la desregulación del sector les está imponiendo aumentos exorbitantes.
Aquí encontramos un puñado de ganadores: las empresas privadas más grandes están concentrando el negocio y aumentando sus márgenes de rentabilidad. Mientras la mayoría del pueblo argentino tiene peor salud, cinco empresas tienen mejores balances. Un triste ejemplo de la sociedad que Milei está construyendo.
La acelerada destrucción del sistema de salud nacional está dejando en evidencia el deterioro histórico de la salud porteña. Es notable la complicidad de Macri y Quirós que a pesar de estar perdiendo hospitales y programas importantes, parecen más preocupados en cuidar los acuerdos políticos con Milei que la salud de los porteños y porteñas.
Visibilizar la crisis a la cual están arrastrando el sistema de salud nos parece un paso necesario para construir una comunidad que luche por defender sus derechos. Esta Ciudad tiene todas las condiciones para construir un sistema más cercano, inclusivo y con un sentido federal. Solo falta la determinación política de hacer del cuidado de las personas una prioridad.
*Matías Gallastegui es médico generalista. Docente de salud pública UBA. Director de la Escuela de Salud Comunitaria.
