El 9 de diciembre de 2002, en las polvorientas calles de Lavalle, Mendoza, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) protagonizó su primera movilización. El grupo de trabajadores y trabajadoras rurales que se reunió para levantar su voz en contra de la exclusión y el abandono cumplió 22 años de “lucha por la tierra, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos”.

La crisis neoliberal de la década de 1990 sembró piquetes, puebladas y asambleas que, luego de 2001, les dieron visibilidad a diversas formas de organización a lo largo y ancho de Argentina. La tierra “del sol y del buen vino” no fue la excepción, y las familias rurales que se encontraban al borde de la supervivencia decidieron organizarse para transformar lo que llamaban “las estructuras injustas” y reivindicar el derecho a la tierra y la dignidad campesina.

En diálogo con Tiempo Rural, Celia Mayorga, presidenta de la cooperativa Tierras Campesinas e integrante de la UST, recuerda que organizarse de forma cooperativa fue una respuesta a la crisis, ya que “todo estaba desbastado, la economía y las condiciones sociales eran terribles”. En ese contexto, grupos de mujeres comenzaron a elaborar dulces como forma de subsistencia y empezaron a debatir sobre las necesidades y dificultades que afectaban a la comunidad: “Las discusiones nos ayudaban a entender qué pasaba con la gente y cómo organizar una respuesta colectiva”, añade.

Con el objetivo de “mejorar la producción y masificar la comercialización”, Mayorga cuenta que se juntaron con otras cooperativas y dieron nacimiento a la Federación de Cooperativas Campesinas y de la Agricultura Familiar (Fecocaf), que en la actualidad reúne a unos 1000 productores y productoras que ofrecen frutas frescas, hortalizas, alimentos elaborados de forma artesanal, conservas y mermeladas, entre otros productos.

Celia Mayorga destaca que uno de los pilares del proceso de comercialización fue la creación de los Almacenes Campesinos, ya que se generó “un puente entre el campo y la ciudad, donde los productores conectamos lo que hacemos directamente con los consumidores, y ofrecemos alimentos saludables a precios justos fomentando el consumo responsable”.

Grito Rebelde

En estos 22 años, la UST –que, junto a otras organizaciones, forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena–Somos Tierra (MNCI-ST)– logró recuperar seis fincas y más de 100.000 hectáreas de tierras para que las familias campesinas puedan trabajar y producir de manera sostenible. También promovió el arraigo rural en 13 departamentos de Mendoza a partir de la producción agroecológica como forma de garantizar alimentos saludables y fortalecer las economías locales.

Un caso emblemático para la organización es el de la finca Grito Rebelde, recuperada hace diez años. La historia comenzó cuando un campesino enfrentó un intento de desalojo. Hacía más de 40 años que vivía en esas tierras, “en una situación de posesión pacífica, con actitud de dueño y de estar permanentemente en el lugar”, relata Mayorga. Como en tantos otros intentos de expulsar a los “verdaderos dueños de la tierra”, aparecieron unos supuestos herederos de la finca “queriendo pasar por encima a todos sus derechos, ya que la llamada ley veinteañal protege a los campesinos por ser legítimos poseedores, así que decidimos resistir junto a él y empezamos el proceso de recuperación”, comenta la mujer.

La finca tenía problemas graves: deudas de riego y terrenos improductivos cubiertos de arbustos y árboles nativos. “El 11 de diciembre, hace diez años, logramos que el agua entrara por primera vez a nuestras tierras. Hicimos movilizaciones al Departamento General de Irrigación para que reconocieran nuestro derecho al agua y logramos el objetivo”, recuerda. La producción se inició poco a poco, con los recursos disponibles. “Había que poner mucho esfuerzo y compromiso. A veces parecía que no íbamos a lograrlo, pero seguimos”, agrega.

Hoy, cinco familias producen alimentos agroecológicos en la finca. “Desde el principio acordamos que la tierra es para producir alimentos y no una mercancía, así que, si alguien no puede seguir, otro debe tomar el lugar y continuar”, explica Mayorga.

Educación para el campo y desde el campo

Otro de los pilares de estos 22 años la UST es el acceso a la educación y al trabajo con las y los jóvenes. Rosita Ibaceta tiene 27 años, integra la UST desde su adolescencia y en la actualidad es una de las referentas de la Unión de Jóvenes Campesinos de Cuyo (UJoCC), grupo fundador de la organización. “A los 15 años había abandonado la escuela secundaria por circunstancias personales, hasta que una conocida me comentó de la Escuela Campesina Agroecológica y de la posibilidad de no tener que abandonar la producción para poder seguir estudiando, porque gracias a la modalidad de alternancia podía vincular el estudio con el trabajo”, cuenta la joven.

Estos espacios pedagógicos buscaron acompañar los procesos de aprendizaje de los jóvenes en distintos niveles desde graduaciones técnicas hasta especializaciones. Así nació el Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina (CEFIC) “Tierra”, que hoy cuenta con la Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Local, el Profesorado de Maestros y Maestras Rurales, la Tecnicatura Superior en Agronomía con orientación agroecológica la Diplomatura en Agroecología y Manejo Sostenible del Territorio.

Rosita se recibió este año de Técnica Superior en Agronomía; destaca que “no fue algo que logré sola, porque la organización pensó en proyectos educativos para que los jóvenes no nos quedáramos solo con el nivel secundario y podamos acceder a carreras superiores relacionadas con lo que vivimos: la agroecología, el cuidado del medio ambiente, la producción sustentable”. Destaca que la organización marcó un cambio en su vida y en la de muchos jóvenes, ya que “la UST no solo nos da herramientas; también nos enseña a retribuir. Hoy puedo ayudar a otros jóvenes que están donde yo estuve alguna vez, sin opciones claras, con miedos. Es una cadena de solidaridad y compromiso”.

A 22 años de aquella marcha que dio su nacimiento, la UST logró consolidarse como una de las organizaciones campesinas más representativas de Mendoza. Su lucha constante por la tierra y la soberanía alimentaria, combinada con un modelo de trabajo basado en la solidaridad y el arraigo rural, dejó huella en las comunidades rurales de la región.