La euforia oficial que explotó tras el anuncio de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en la tarde del viernes último comenzó a caer y empezaron a asomar las aristas del acuerdo que, más allá de las palabras altisonantes y los números desproporcionados, justificarán el intento de establecer una agenda de reformas que hasta ahora han sido cuestionadas y que son agrupadas detrás de la palabra competitividad.

Ese es el caso de la reforma laboral y previsional, las dos propuestas más ambiciosas del gobierno y que no pudo encarar por las resistencias sociales y políticas que encontró.

Tanto el gobierno nacional como los principales conglomerados empresarios están detrás de ambas propuestas. A ellos se les suma el Fondo Monetario desde el momento que comenzó a monitorear los números de la economía argentina a partir de la vuelta de la revisión del Artículo 4, como se conoce al control que ejerce el FMI sobre los fundamentos económicos de todos los países que están asociados.

Asimetrías

Luego de varias horas de festejos, algunas voces comenzaron a dejarse oír en la noche del viernes y a lo largo del sábado advirtiendo que sin esta agenda de reformas, las empresas argentinas no estarían en condiciones de competir en un mercado abierto con sus pares de la Unión Europea.

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Copal, la cámara empresaria que agrupa a toda la industria de alimentos, aseguró que el acuerdo «exige una estabilidad macroeconómica y previsibilidad sobre las reglas de juego para que haya simetría». Funes enumeró: «La UE tiene mucha estabilidad, con una moneda única y bajos niveles de inflación, de gasto público y de presión fiscal».

La UIA ha sido uno de los sectores empresarios más reticentes a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En la entidad fabril observan con preocupación que, mientras por esa vía pierden la protección del mercado interno, por el otro incrementa la competencia en Brasil, principal destino de las exportaciones industriales argentinas.

«Nosotros siempre hemos reclamado por políticas que incrementen la competitividad de la actividad económica y del aparato productivo. El acuerdo con la UE nos pone un plazo y obliga a tomar determinaciones», señaló un directivo de la entidad fabril.

Llamó la atención que ninguna de las partes involucradas en el acuerdo diera a conocer la versión completa. En el gobierno aseguraron que no tardarán en hacerlo y que irán convocando a los sectores productivos involucrados para discutir los detalles.

Lo mismo sucederá, aunque con un plazo mayor, con los diputados y senadores que surjan del nuevo Congreso, tras las elecciones de octubre. Ellos serán los encargados de ratificar o rechazar el acuerdo, del mismo modo que lo harán los parlamentarios de los países que integran el Mercosur y los de las naciones de la Unión Europea. También deberá pasar el filtro del Parlamento Europeo.

Entre los empresarios, el sector más entusiasta con el acuerdo es el vinculado a la actividad agropecuaria en su versión más primaria. Ello porque la producción de granos y de cultivos industriales (algodón, lino) supera la demanda interna. El caso paradigmático es el de la soja ya que se calcula que un 60% de la cosecha tiene destino de exportación, sea en bruto o transformada en aceite o harina.

En cambio, los sectores industriales de los autos, el calzado, las autopartes, la metalmecánica, el calzado, los neumáticos y el juguete, además de las empresas de servicios y los contratistas del Estado, estarán sometidos a la competencia europea sin posibilidades de protección.

Y desde estos sectores surgen los planteos que apuntan a mejorar la competitividad por medio de la reforma de la legislación laboral. Una nueva crisis de avecina.«