El caso de Úrsula Bahillo fue la gota que rebalsó el vaso, pero no la excepción a la regla. Antes que ella fueron Noelia Albornoz y Florencia Figueroa, por mencionar sólo lo ocurrido desde que arrancó el año. Tres historias que le ponen nombre al alto porcentaje de femicidios perpetrados por miembros o exmiembros de las fuerzas de seguridad.

El primer día del año, Marcos Suasnada usó su arma reglamentaria como policía de la provincia de La Rioja para matar a su pareja y matarse. Ocurrió en el barrio Urbano 41, en la vivienda que compartían y frente a sus hijos de 19 y 5 años, cuyos testimonios ayudaron a reconstruir el hecho. Hubo marchas de silencio “no porque queramos callar a nuestras compañeras, amigas, hermanas (…) Simbólicamente este silencio grita, no queremos más Noelias”, expresó Ni Una Menos La Rioja. Desde el entorno de la víctima dijeron a este diario que no existían denuncias previas por parte de Noelia, también policía, pero sí sabían que había tomado la decisión de divorciarse por la violencia que sufría. El femicida la mató antes.

Ese mismo primero de enero, en San Miguel de Tucumán, otra arma reglamentaria fue usada por un femicida. Jorge Ríos, militar en actividad, disparó y mató al novio y al cuñado de su ex pareja. Ambos crímenes se entienden como femicidios vinculados. “Existen dos tipos de femicidios vinculados: porque la persona se interpone entre el femicida y su víctima -la mujer o femeneidad disidente a la que quiere lesionar- y otro tipo cuando matan para dañar psicológicamente o causar un daño muy profundo a la víctima. Pasa con hijes o parejas actuales, donde lo que se busca en última instancia es dañar a la mujer”, define María Victoria Aguirre, del Observatorio Mumalá, que estima que el 12% de los femicidios son cometidos por miembros de las fuerzas o ex, de los cuales el 33% usa su arma reglamentaria.

Denis Figueroa, en cambio, usó un cuchillo. Ex integrante de la Policía Bonaerense y dado de baja por problemas de conducta, el 30 de enero hirió en el cuello a su hermana, Florencia. La violencia era habitual y ya había sido denunciada por esa familia de Tortuguitas, en Malvinas Argentinas. “Nos arruinó la vida a todos. Se pudo haber evitado y no se evitó”, lamentó Franco, hermano de víctima y victimario. El 8 de febrero, tras más de una semana de agonía, Florencia falleció. Una nena de cinco años quedó sin mamá.

Fue el mismo día que Matías Ezequiel Martínez, también policía, clavó más de 15 veces un arma blanca en el cuerpo de Úrsula Bahillo. Las denuncias previas –suyas y de ex parejas- se acumularon sin que se tomaran medidas suficientes para prevenir el femicidio, por el que la localidad bonaerense de Rojas se enardeció, salió a las calles y fue reprimida.

“En un alto porcentaje tienen protección. No se maneja de la misma manera a un agresor que no pertenezca a las fuerzas”, advierte Ada Rico, referente de Casa del Encuentro. Y remarca que muchas veces, cuando el agresor pertenece a una fuerza de seguridad, la denuncia no llega siquiera a concretarse.

Cifras pavorosas
Desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en la Argentina se cometieron 250 femicidios. Once de ellos, por parte de policías. Así se desprende del relevamiento de Casa del Encuentro. Desde 2008, cuando comenzaron a registrarlos, fueron 214. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas miembros de fuerzas de seguridad en el Área Metropolitana Buenos Aires entre 2010 y 2020.