La situación habitacional en el país en general y de los inquilinos en particular se ha agravado sustancialmente en el último período, por dos razones fundamentales: por un lado, la construcción de viviendas responde a un interés inmobiliario determinado por un proceso especulativo que mantiene a las viviendas dolarizadas y muy por encima de sus costos de producción; en la ciudad de Buenos Aires en particular, el metro cuadrado se vende a 2 mil dólares, mientras que el valor constructivo (según estadísticas oficiales de la Ciudad) no supera los 500 dólares. Esa diferencia marca la tasa de beneficio que tienen las grandes constructoras.

Por otro lado, la otra razón de fondo, es la desvalorización de los salarios medidos en dólares. Los salarios en Argentina han caído a los niveles más bajos. Mientras las casas se mantienen en dólares, los salario siguen en pesos devaluados. Por lo tanto, la posibilidad de acceder a una vivienda se ha dificultado mucho. En Argentina, históricamente, se han necesitado 6 o 7 años de salarios para acceder a la vivienda. Hoy, en la CABA, se requieren más de 20 años de salarios.

La Ley de Alquileres fracasó. Estableció de entrada un índice de actualización que era perjudicial para los inquilinos porque al hacer un mix entre la inflación y los salarios bastaba con que los salarios crezcan por debajo de la inflación para que la actualización del alquiler se ubique por encima del ingreso del inquilino.

La Ley tampoco tuvo en cuenta que en el proceso real de relación entre propietario e inquilino algunas medidas de regulación no son cumplidad porque la característica despótica que impone el capital inmobiliario coloca al inquilino ante la disyuntiva de aceptar estas condiciones o quedarse sin vivienda.

Para enfrentar esta situación, hay que dotar al movimiento de inquilinos de un programa que de cuenta de la totalidad del proceso en que se encuentra. Por un lado, es necesario poner en pie un banco de tierras que establezca tierras públicas y privadas que tengan como único destino la construcción de viviendas. La cuestión de la tierra es vital porque el costo de incidencia del valor de la tierra sobre la propiedad es otro factor de encarecimiento.

Sobre la base de este banco de tierras, hay que armar un plan de construcción de viviendas populares, que deben ser de calidad y accesible para los trabajadores. Por otro lado, es importante en las grandes ciudades establecer de inmediato un impuesto progresivo a la vivienda ociosa. En la CABA, se estima que hay 150 mil viviendas vacías. Un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, en el que pague más aquel que tiene más propiedades (tanto en términos absolutos como relativos), provocaría un aumento de la oferta y por ende un abaratamiento de los costos para los inquilinos.

Debe haber una negociación entre inquilinos y propietarios donde los primeros puedan organizarse, ya que de manera individual no pueden hacer valer sus derechos. Urge la creación de un sindicato de inquilinos que negocie colectivamente con una cámara patronal de propietarios y así se establezca el valor de referencia de los alquileres.

Hemos presentado este programa en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para dar una salida a una crisis habitacional enorme que afecta a millones de personas.