Atacar a «la casta de rectores» y anunciar supuestas reuniones superadoras se convirtieron en las tácticas del gobierno nacional para dar por cerrado el conflicto con las universidades, algo que está lejos de suceder. Mientras, la administración de Javier Milei avanza en el desmantelamiento del sistema científico nacional.

Tal como había anticipado Tiempo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió el martes con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell. El Ejecutivo volvió a apuntar a las auditorías, a pesar de que ya se hacen a través de la Auditoría General de la Nación. En las últimas horas, la administración libertaria ordenó auditar 306 convenios con instituciones de la educación superior a través de la SIGEN. «Desde el gobierno apoyamos fuertemente a la educación pública (tanto de gestión estatal como privada). Pero lo que también buscamos es el uso eficiente de los recursos, por eso resguardamos el dinero del contribuyente para sostener la educación», afirmó el Ministerio.

Por el lado de los rectores, destacaron que el aumento del 70% de los gastos de funcionamiento depositado horas antes de la Marcha del 23 (correspondiente a marzo) y el otro supuesto pago de 70% en junio se centran en un rubro que representa menos del 10% de los gastos totales de las universidades. «Hemos acentuado la necesidad de recuperar el 50% que se ha perdido en la inversión universitaria», remarcaron ante el congelamiento presupuestario dispuesto en diciembre. Y enumeraron los reclamos vigentes: recuperar las becas estudiantiles, los salarios docentes y no docentes y abordar el tema presupuestario (funcionamiento, hospitales, resoluciones no abonadas, obras, crisis del sistema de ciencia).

El mayor gasto de las universidades es el salarial, donde el gobierno sigue escatimando aumentos. Esta semana, la CONADU consideró la necesidad de profundizar un Plan de Lucha «para dar continuidad a los reclamos salariales y presupuestarios expresados en el marco de una manifestación popular histórica y masiva». Decidieron adherir al Paro General del jueves, sin asistencia a los lugares de trabajo. Y advirtieron por «un conflicto que se profundiza y agrava de manera rápida, ante su desarrollo se tomarán las medidas que se definan a cada paso».

Otra estrategia oficial fue el ataque a la «casta de rectores», a través de su house organ de LN+. Una de las difamadas fue la rectora de la Universidad de General Sarmiento, la Dra. Flavia Terigi. Más de 3000 investigadoras/es, docentes, estudiantes y graduados firmaron un comunicado donde resaltan que «Terigi es una investigadora prestigiosa del campo de la educación, y sus aportes tienen un amplio reconocimiento en la comunidad académica nacional e internacional, siempre en defensa del derecho a la educación».

Esta misma semana, el gobierno logró la media sanción de la Ley de Bases que pone en jaque a los principales organismos de ciencia. Algunos como el INTI, compuesto por más de 3000 expertos, pueden ser eliminados; y otros como el Conicet o el INTA, pueden ser fusionados, desmantelados o transferidos a las provincias. LLA avanzó con otro ataque: despidió a los 570 trabajadores del proyecto CAREM. Iba a ser el primer reactor nuclear íntegramente construido en el país, de vanguardia a nivel mundial.