El juez Pablo Pérez Marcote, titular del Juzgado en lo Correccional 4 de Quilmes, durante los últimos días hizo lugar al habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y resolvió favorablemente. Se trata de un incidente que denuncia el agravamiento de las condiciones de detención en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

“Los detenidos permanecían bajo un régimen de vida muy gravoso, lleno de injusticias, detectamos sobrepoblación, estado edilicio deplorable y atención médica esporádica prácticamente nula”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.

“Consideramos muy importante que todo lo que relevamos fue constatado por las pericias que ordenó el juez. Por lo cual, dispuso medidas urgentes para revertir las condiciones de detención que evidencian un claro atropello a la dignidad del trato humano”, aseguró el secretario ejecutivo.

Hacinamiento y condiciones deplorables

“Infraestructura en estado deplorable, los pabellones muy sucios, faltaban los vidrios en las ventanas, hacinamiento extremo, red eléctrica precaria, poca iluminación, instalaciones de gas inadecuadas, matafuegos vencidos, salida de emergencias sin señalizar, falta de revoques en las paredes de las celdas, falta de duchas en buen estado, entre muchas otras cosas que señala la resolución del juez”, detalló el abogado.

“Por todo esto, el magistrado entendió que esas condiciones, incumplen con todas las normas vigentes y dejan al descubierto la crueldad que existe en las cárceles, por lo cual, todos los allí cautivos se encontraban con sus derechos vulnerados”, subrayó el letrado.

“Además, el juez ordenó que se arbitren las medidas necesarias para que refaccionen los pabellones en forma urgente. También que se extiendan los horarios de acceso a las áreas deportivas y se suspenda el ingreso de nuevos detenidos para evitar sobrepoblación”, remarcó el secretario ejecutivo.

El magistrado también exhortó al jefe del área de Sanidad:” Le ordenó que se realice la correspondiente articulación de los diferentes profesionales médicos que trabajan en las distintas unidades carcelarias del Complejo Penitenciario de Florencio Varela, para que todos los detenidos puedan acceder libremente a la salud”.

Muertes por falta de atención médica

Cabe destacar que la primera causa de muerte en las cárceles de todo el país es por falta de atención médica: “Siempre que entrevistamos a los detenidos nos cuentan que sólo reciben evaluaciones médicas superficiales, que no logran ser trasladados para estudios o turnos con especialistas a hospitales extramuros y que siempre faltan medicamentos”, denunció el abogado.

“El Complejo Penitenciario de Florencio Varela habitualmente tiene niveles de sobrepoblación muy altos. La unidad 23 cuenta con un solo vehículo oficial para realizar los traslados de todas las personas allí alojadas”, señaló García.

“Los penitenciarios siempre alegan que por ese motivo no pueden cumplir con los turnos programados, salidas extraordinarias y atenciones médicas en el hospital modular del mismo complejo. Pasa lo mismo con las visitas intercarcelarias, entre otras salidas a las que las personas detenidas deberían acceder sin ningún problema”, reclamó el letrado.

“Nosotros venimos alertando hace muchos años sobre la grave situación sanitaria en las cárceles bonaerenses, es un problema de vieja data, la mayor parte de las muertes ocurridas en el encierro, entre 8 y 9 de cada 10 personas mueren por problemas de salud no atendidos a tiempo”, reclamó.

“Otra cosa que venimos reclamando hace años, es que la salud penitenciaria pase a la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, es un pedido desoído históricamente por los distintos gobiernos que van pasando”, finalizó el secretario ejecutivo.

La Unidad Penal 23 de Florencio Varela cuenta con 602 cupos y aloja unas 1.911 personas, es decir un 217 % de sobrepoblación (Ver: www.comisionporlamemoria/datosabiertos/).