La titular del Juzgado de Ejecución Penal 1 de Azul, Silvia Torres, resolvió que las autoridades de la cárcel 17 de Urdampilleta -dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)– deberán abordar las condiciones inhumanas de hacinamiento y de detención que fueron denunciadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El organismo en el incidente de habeas corpus presentado demandó, falta de atención médica, de medicamentos, invasión de insectos, falta de limpieza en los calabozos, red eléctrica precaria y peligrosa para los allí cautivos. Durante la inspección, también detectaron aislamiento extremo en el pabellón 2 destinado al alojamiento de personas que esperan traslados porque quieren irse del penal.
Malas condiciones de detención
Cuando hicieron el monitoreo pudieron constatar que los detenidos permanecían bajo un régimen muy estricto en el pabellón 1 de evangélicos. “Porque muchos de los presos no querían ir a otros pabellones de la unidad y pedían estar en este lugar para religiosos, por cuestiones de convivencia”, contó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, a Tiempo.
Sin embargo, la principal problemática denunciada en el habeas corpus la encontraron en el pabellón dos, donde fueron relocalizados los detenidos que estaban a la espera de traslados y cupos en otras unidades de la órbita provincial. “Nosotros solicitamos que se amplíe el objeto inicial de nuestra denuncia y se extienda al pabellón dos, también al de separación del área de convivencia (SAC) y admisión, donde permanecían personas en situaciones gravosas”, reconstruyó el letrado.
La magistrada Torres pudo acreditar “que en el pabellón dos los detenidos permanecían hacinados, con hasta cuatro personas alojadas en celdas de seis metros por dos, con camas y baños incluidos en esos pequeños habitáculos”, aseguró el secretario ejecutivo.
Lo que ordenó la jueza
Cabe destacar que el alojamiento de tantas personas en espacios tan reducidos, sumado a las malas condiciones materiales de detención, sin participación actividades educativas, deportivas, de oficio, lúdicas y recreativas: “Genera problemas de convivencia entre los detenidos, que solo podían salir al patio del pabellón por muy poco tiempo y volvían al encierro donde permanecían hacinadas”, explicó el abogado.
Por todo esto, “la jueza ordenó a los directores del penal establecer nuevas pautas para quienes no deseen continuar en esa cárcel, también que promuevan la participación de los detenidos en las áreas de actividades comunes del establecimiento penitenciario”, contó el secretario ejecutivo.
También analizó por qué los detenidos piden las medidas de “aislamiento voluntario” o las “medidas de seguridad” que cumplen muchos de los allí cautivos. “En este sentido resolvió que los penitenciarios no deben pasar por alto las necesidades de las personas detenidas de acceder a las duchas, espacios externos a la celda y otras condiciones que ayudan a disminuir el aislamiento extremo y el encierro”, detalló García.
El secretario ejecutivo contó que la magistrada expuso en su resolución las condiciones materiales e higiénicas de los pabellones uno y dos, también de los buzones de castigo y el sector de admisión: “Que abundaban insectos, la instalación eléctrica era muy precaria -que fue realizado a mano por los detenidos-, señaló la suciedad en estos lugares, olores nauseabundos en las celdas, colchones en mal estado, falta de acceso a la salud y medicamentos”, detalló.
Romper con el hacinamiento
La jueza Torres hizo lugar al habeas corpus “que presentamos y ordenó reducir a dos personas por cada celda en el pabellón dos”, dijo el letrado. Además, “encomendó a los directores de esta cárcel, que elabore un plan para acortar los tiempos de aislamiento para mitigar los padecimientos que provoca a las personas que están a la espera de traslados a otras unidades”, agregó.
También dispuso que se realice “una fumigación general, limpieza en las celdas, también que hagan el mantenimiento de la red eléctrica y todo el resto de las condiciones materiales de detención gravosas para garantizar los derechos de las personas allí cautivas”, remarcó.
Comisaría 1° de San Nicolás
La comisaría 1° de San Nicolás cuenta “con cupo para doce detenidos y alojaba a veinticinco al momento que realizamos la inspección; más de la mitad dormían en el piso”, denunció el secretario ejecutivo. Es una dependencia que no está preparada para alojamientos prolongados. Sin embargo, “las personas llevaban meses detenidas en una situación de aislamiento extremo, sobrepoblación y hacinamiento con todos sus derechos vulnerados”, apuntó.
Presentaron la denuncia y “recibimos informes de la Asesoría Pericial de La Plata, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”, contó el letrado. Además, la jueza de garantías María Eugenia Maiztegui “hizo lugar al habeas corpus y ordenó al Ministerio de Seguridad Bonaerense tomar las medidas necesarias para que se respete el cupo de 12 personas, según las plazas de esa dependencia policial”, concluyó.
