Que más allá de las drogas, las armas y la trata de personas el contrabando de cigarrillos es uno de los grandes negocios ilícitos del mundo, no es una novedad. Tampoco es nuevo que desde las Antillas hasta los confines sudamericanos la Tabacalera del Este (TABESA), del ex presidente de Paraguay Horacio Cartes, está en todos los mercados sin haber pasado por ninguna aduana. Ahora, todo cambia cuando desde un país, Colombia, víctima primera del delito, denuncian oficialmente que su mercado ha sido inundado por cigarrillos de Uruguay, Corea y Emiratos Árabes, relegando a Paraguay a un cuarto lugar. Y tiene importancia superlativa cuando la denuncia precisa que el primer proveedor ilegal es MontePaz, una tabacalera uruguaya obscenamente relacionada con el presidente Luis Lacalle Pou.
El sospechoso historial de las relaciones entre la Compañía Industrial de Tabaco MontePaz, el gobierno blanco (del Partido Nacional del presidente) y el propio Lacalle revivió en toda su magnitud con la denuncia de la Federación Nacional de Departamentos de Colombia, la entidad oficial que “integra, fortalece y representa a los 32 departamentos colombianos ante el Estado nacional” –dice en su página web–, tras ordenar una investigación en el marco de su Programa de Combate al Contrabando. Según la consultora Investigador de Mercado, el tráfico de tabaco alcanzó en 2023 su máximo nivel en doce años, copando el 35% del mercado. En ese total, los cigarrillos de MontePaz tienen una participación del 40% que los ubica en el primer lugar de la ilegalidad.
La empresa pertenece a Jorge Mailhos Gandos, cabeza de un holding familiar ligado desde 1880 a la industria tabacalera. Con la irrupción del neoliberalismo de fines del siglo pasado, el grupo saltó las fronteras para radicarse también en Paraguay, donde bajo el nombre San Francisco se asoció a TABESA, reina del contrabando y el lavado de divisas a través del Banco Amambay. La empresa no integra la Lista Clinton del gobierno de Estados Unidos –la Specially Designate Narcotics Traffickers List creada en 1995 por Bill Clinton para combatir el narcotráfico y el lavado– en la que TABESA sí ocupa un lugar en el podio. Pero en Paraguay tiene ya su primera condena al sufrir la cancelación del Registro Único de Contribuyentes (el RUC) tras detectarse una millonaria evasión impositiva.
Mientras Mailhos-MontePaz-San Francisco iniciaba su cruzada paraguaya y en menos de una década de actividad ya se había ganado esa sanción, en Uruguay gozaba del buen trato y los decretos que Lacalle firmó para el grupo. Situémonos antes en la realidad uruguaya. Desde el primer gobierno progresista de Tabaré Vázquez (2005-2010), el país goza de una ley antitabaco calificada como modelo global, que condicionó a la industria al extremo de que Philip Morris le entablara un juicio –que perdió– ante el CIADI del Banco Mundial, una instancia que raramente falla a favor de los más débiles.
El 3 de marzo de 2021, dos días después de cumplir un año de gobierno y cuando el mundo sufría el pico de la pandemia de Covid 19, Lacalle firmó el primero de dos decretos con los que está desmantelando la política de salud pública de Vázquez. Esa norma eliminó las restricciones vigentes para cigarrillos electrónicos: prohibición de importación, comercialización, registro como marca o patente y publicidad de los cigarrillos de ese tipo o cualquier otro dispositivo para fumar vía calentamiento del tabaco o vaporización de soluciones líquidas para su inhalación hacia los pulmones. Lacalle dijo que el consumo de los cigarrillos electrónicos tiene completa validación científica. La American Society of Clinical Oncology lo desmintió. “Los productos de tabaco sin humo contienen hasta cuatro veces más nicotina que los cigarrillos”, dijo la más idónea de las entidades científicas.
El 2 de setiembre Lacalle volvió a trabajar para los amigos que, lo han dicho, financiaron la campaña electoral que lo llevó al gobierno. Firmó un decreto que anuló la disposición por la que se exigía el etiquetado y empaquetado neutro de los cigarrillos y leyendas visibles que advirtieran sobre los peligros derivados del fumar. “Lo que acaba de hacer el gobierno es criminal”, reaccionó la diputada Cristina Lutemberg, porque lo dispuesto por el gobierno habilitó la venta de cigarrillos en envases de papel y con todas las identificaciones gráficas tradicionales de cada marca. El paso siguiente de los favores prestados a MontePaz fue el desmantelamiento de una cooperativa de despedidos de Philip Morris, encargada por el gobierno de Vázquez de las tareas de fiscalización de las tabacaleras.
Habituado a la prensa complaciente, Lacalle se puso nervioso cuando un periodista le preguntó, y repreguntó, sobre lo que se rumoreaba de sus lazos íntimos con la tabacalera. Al final admitió que sus decretos fueron dictados a pedido de MontePaz. Y entró en detalles: la empresa se los pidió al entonces ministro de Industria y actual canciller Omar Paganini, que se los hizo llegar al presidente mediante su secretario general y hoy titular del Interior, Nicolás Martinelli.
Por entonces, en Bogotá, la revista derechista Semana había publicado un artículo sobre “El negocio de los cigarrillos uruguayos”, en el que citaba expresamente a MontePaz. Allí, el economista Daniel Rico aseguraba que el contrabando es una de las formas favoritas del narcotráfico para repatriar y radicar capitales, y en un gráfico lenguaje explicaba: “Les pagan afuera y en dólares o euros, pero necesitan gastar aquí y en pesos. Detrás de todo narco siempre están un contrabandista y sus amigos del poder, que le ‘bajan’ los dólares y se los ‘voltean’ a pesos, y luego se los lavan con facturas falsas y después se los ‘planchan’ con empresas de fachada”. Rico dio una explicación sobre la que Lacalle no opinó: “En la economía criminal hay una regla que dice que el narcotráfico, el contrabando y el poder político crecen en la misma dirección y con similares proporciones”.
