La liberación de Ricardo Antihual, Ariel Garci y Nicolás Hernández Huana, los últimos tres detenidos tras la brutal represión a la comunidad mapuche de Cushamen, marcó el corolario de una semana de máxima tensión en la Comarca Andina de Chubut y Río Negro. Para muchos lugareños con no menguada perspicacia política, el ataque de Gendarmería en la Pu Lof de Vuelta del Río no fue más que el intento de esconder un elefante en una manada. De este modo vinculan el impacto que produjo la multitudinaria manifestación de no menos de 10 mil personas del sábado pasado en El Bolsón contra el proyecto turístico de una empresa ligada al magnate británico Joe Lewis –amigo del presidente Mauricio Macri– con la feroz incursión de los uniformados en tierras recuperadas a la familia Benetton en marzo de 2015. A esta sospecha se añade la oportunidad en que se produce esta manifestación de violencia estatal, en el marco de una creciente espiral represiva reclamada desde los medios concentrados y el gobierno central contra la protesta social y cuando en Buenos Aires se desarrollaban atropellos similares contra los manteros de Once.

El capítulo violento en Chubut comenzó en las primeras horas del martes cuando dos centenares de efectivos de Gendarmería tomaron por asalto un sector de la Pu Lof de Cushamen, unos 40 kilómetros al norte de Cholila –donde alguna vez vivió el pistolero Butch Cassidy–, amparados en una orden del juez federal de Esquel Guido Otranto para liberar la traza del ferrocarril conocido como La Trochita. «Sufrimos una represión nefasta», relató a este diario una de las referentes de las comunidades mapuches de la zona, Ivana Huenelaf. Los gendarmes arrasaron viviendas y golpearon bárbaramente a mujeres y niños, mientras algunos jóvenes huían atravesando el río. «Nos atacaron con balas de goma pero también con plomo, nos persiguieron con drones, helicópteros y con aviones hidrantes», agregó Huenelaf.

Los gendarmes cortaron todos los accesos al territorio por la ruta 40 y El Maitén y obligaron a un desvío del tránsito a través de Cholila y el camino de ripio que atraviesa el Parque Los Alerces. Pobladores y activistas cortaron, a su vez, la ruta a la altura de Epuyén, donde se agolparon en pocos minutos cientos de autos de turistas y camiones repletos de carga. Tras una tensa negociación con la policía local, que quedó muy expuesta por el airado reclamo de los representantes comunitarios ante un enjambre de periodistas locales y de Tiempo, único medio porteño en el lugar, los caminos quedaron despejados.

Un día más tarde, los policías chubutenses se tomaron revancha con un nuevo ataque, a cargo de la infantería y un escuadrón del GEOP: desde una camioneta y una combi balearon a mansalva hacia la Pu Lof, con un saldo de dos heridos graves, uno de ellos con fractura de cráneo. El saldo de esos dos días de violencia estatal fue de diez detenidos y varios lesionados por balas de goma. Organismos de Derechos Humanos, dirigentes sociales y políticos y representes de la Iglesia reclamaron a los gobiernos nacional y provincial que pongan fin a semejante accionar.

La disputa sobre ese tramo de vías comenzó el año pasado y formaba parte de las negociaciones de la comunidad mapuche en pos de plasmar en hechos más firmes la recuperación de sus tierras ancestrales en la región. El tren, sin embargo, lleva años sin pasar por allí. El gobierno chubutense y la empresa explotadora del ferrocarril turístico rompieron la mesa de diálogo a fines de 2016. Para diciembre, más de un centenar de gendarmes habían sido trasladados a la zona de El Maitén por orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hecho que las comunidades habían denunciado como una amenaza.

El juez Otranto no está considerado un enemigo del pueblo mapuche. De hecho, había rechazado el pedido de extradición del activista mapuche Facundo Jones Huala a Chile en septiembre de 2016, lo que le acarreó elogios de los organismos de Derechos Humanos y el repudio del gobernador Mario Das Neves, que incluso lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones. Jones Huala está acusado en Chile por las leyes antiterroristas que rigen allí para perseguir a las poblaciones originarias que reclaman sus derechos territoriales. Nació dentro de las fronteras argentinas, lo que para su pueblo es sólo una clasificación arbitraria. Para el ministro de Gobierno chubutense Pablo Durán, su accionar también debería ser clasificado como terrorista en la Argentina, idea que comparte Bullrich con el envío de tropas federales para reprimir a los pobladores originarios.

Quien sí fue recusado por la defensa de los mapuches detenidos, por «enemistad manifiesta», fue José Luis Colabelli, juez que ordenó otro de los allanamientos y que en 2004 fuera destituido por la represión a la comunidad Fermín, de Vuelta de Río, y por declaraciones discriminatorias hacia los pueblos originarios. La Corte Suprema lo devolvió a sus funciones en 2010.

Ante la repercusión que alcanzó el hecho en el país y en el exterior, Das Neves envió a sus mejores negociadores para abrir algún espacio de diálogo con las comunidades: el mismo miércoles se firmó un acta para «preservar la paz social» y avanzar «en reclamos y necesidades de las comunidades de los pueblos originarios», un acuerdo a las apuradas que cayó mal entre no pocos dirigentes mapuches. Soraya Maicoño, una de las voceras reconocidas por los pobladores prefiere esperar para ver: «Tres personas no pueden arrogarse la representación de todas las comunidades, eso no es bueno. Sin embargo, tal vez esto sirva para que paren la represión brutal que estamos padeciendo.»

Por lo pronto, siete de los detenidos fueron liberados al otro día. A esa altura los reclamos crecían y hasta el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, debió emitir un comunicado instando a retomar vías civilizadas para negociar. El viernes, una comitiva integrada por Nora Cortiñas, Nicolás del Caño, Pablo Pimentel y Maria del Carmen Verdú, entre otros referentes sociales, viajaron a Esquel para hablar con el juez Otranto. A la salida, Verdú dijo a este diario que el magistrado había reconocido que no había muchas razones jurídicas para mantener a los últimos tres detenidos tras el ataque en Cushamen. Lo que adelantaba una salida a un nuevo episodio de esta centenaria historia de despojo. «