La torpeza política del accionar de la derecha argentina se multiplica día tras día en lugar de ir cediendo. En esta columna se señaló la semana pasada que el autoritarismo judicial empujaba un nuevo 17 de octubre. Este sábado se sumó el operativo policial desplegado por Horacio Rodríguez Larreta en los alrededores del departamento de Cristina Fernández, en el barrio porteño de la Recoleta, y que terminó en un feroz represión a los manifestantes que fueron a expresar su apoyo a CFK. Es difícil evaluar cuál fue el cálculo político detrás del alegato del fiscal Diego Luciani, que culminó con el pedido de proscripción para CFK más 12 años de prisión. Lo mismo ocurre con el operativo policial. Ambas decisiones fueron un boomerang. Sólo consiguieron profundizar la movilización callejera del peronismo, que tiene tatuado en su memoria histórica los 18 años de proscripción a Juan Perón.

El amañado juicio sobre la obra pública en Santa Cruz es el punto máximo del esquema de persecución consolidado durante el gobierno de Mauricio Macri, el denominado lawfare. No estaría mal pasarlo al español aunque sume una palabra: autoritarismo judicial. Si esta práctica llegara a imponerse del todo, terminaría en una hegemonía política en la que los grandes medios de comunicación y los jueces reemplazarían casi por completo las organizaciones políticas.

Durante el siglo XX, las clases dominantes argentinas se recostaron en las fuerzas armadas para llegar al gobierno a través de los golpes de estado. Lo hacían por su incapacidad para generar un partido conservador con respaldo popular, a diferencia de lo que ocurría en Inglaterra, Estados Unidos, y otras democracias occidentales.

En el siglo XXI, la derecha resolvió este problema con la creación de Juntos por el Cambio. El bloque de poder antiperonista, formado por los sectores más poderosos del negocio agropecuario, los grandes medios, el sector financiero, entre otros, tiene ahora una fuerza política con potencia electoral. El gobierno de Mauricio Macri, autoritario, endeudador, que multiplicó la pobreza y duplicó la inflación, logró sacar 40% de los votos en la primera vuelta de 2019 a pesar del fracaso de su gestión. El año pasado, en el marco de la pandemia, la coalición opositora consiguió empatar en el bastión peronista de la provincia de Buenos Aires y ganar a nivel nacional. Es decir: hasta el momento, cualquier evaluación sobre las elecciones presidenciales de 2023 indica que JxC lleva las de ganar. Está ayudado además por una inflación que este año puede crecer hasta el 80 por ciento. En ese contexto, ¿cuál fue la evaluación política del pedido de Luciani? Quizás haya sido solo el odio irrefrenable o una miopía a la que se sumó Larreta este sábado. Quizás el cálculo era que la proscripción de Cristina agudizaría las contradicciones que venían sacudiendo al Frente de Todos.

Durante la gestión del entonces presidente Macri, el gurú Jaime Duran Barba decía que no había que impulsar el encarcelamiento de CFK, que no había que cruzar esa línea. El asesor que tiene sus oficinas en Miami y trabaja con la embajada americana sostenía que CFK tenía entre 30 y 35% de intención de voto y que si se la proscribía o encarcelaba iba a subir arriba del 45%. Tenía razón.

Quienes están detrás de Luciani evidentemente se creyeron su propio relato. ¿Cómo es posible que no aprendan las lecciones que da la Historia? Si JxC llevaba las de ganar el año que viene, ¿para qué tomar una decisión que cohesionó al peronismo detrás de CFK?

La pulsión autoritaria, el deseo de muerte, evidentemente son grandes motores de la miopía política. «