Una Justicia que dé respuestas a los casos de todos los días, que les otorgue visibilidad a los olvidados del sistema, que sea empática con el vulnerable, imparcial pero no neutral, menos endógena, capaz de llamar a las cosas por su nombre, y que garantice derechos económicos, sociales y culturales. Una Justicia accesible, no elitista, para todos/todas/todes.
Esta fue la aspiración compartida por cinco especialistas convocados por Tiempo Argentino, Siutraju RA y el Centro Cultural de la Cooperación para pensar la administración de justicia que requiere la nueva etapa que se inicia en la Argentina. El debate no se agotó en la descripción crítica del estado de cosas. Fue más allá. Sugirió caminos por donde empezar a modificar lo urgente, planteó alternativas de mediano y largo plazo y se detuvo en experiencias pasadas que avanzaron en ese sentido, aunque resultaron incompletas.
La exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich; el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Roberto Pompa; la directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) Paula Litvachky; y el investigador del área de Derechos Humanos del CCC, Gonzalo Semeria, intercambiaron pareceres durante casi tres horas en la jornada «Tiempo de Pensar la Justicia», realizada el 25 de noviembre en la sala Osvaldo Publiese del centro cultural. Entre el público que los escuchaba, además de estudiantes de abogacía, había profesores de Derecho, jueces y juezas, fiscales y miembros de organismos que bien podrían haber integrado el panel.
La historia de Salomé
Litvachky tomó un caso concreto para ejemplificar la complejidad de acceso a la Justicia que se produce cotidianamente en fiscalías y juzgados. Relató detalladamente la historia de Salomé Valenzuela, una niña de 12 años cuya desaparición fue denunciada por su madre el 16 de febrero de 2013 en José C. Paz, pero debieron transcurrir siete años, tres cuerpos de expediente, 600 fojas y la intervención de policías, y unidades fiscales, para que le dijeran cuál había sido su destino. Había sido asesinada, su cuerpo quemado y enterrado como NN pero ningún actor del sistema fue capaz de cruzar la búsqueda de Salomé con el hallazgo del cuerpo de «una mujer» –con idénticas zapatillas de cordones verdes– en la misma zona, ocurrido un día después de la denuncia. Un caso casi idéntico al de Luciano Arruga.
«El propio Estado produjo una desaparición de siete años y dejó de investigar por ese mismo lapso el homicidio se una niña posiblemente asesinada. Me parece que es muy importante que cuando se piensa una Justicia para todos se tenga en cuenta cómo es el sistema de reglas que produce la desigualdad, que produce cadáveres anónimos, sin biografía, y que paradójicamente un Estado como el argentino, que pudo descubrir un circuito burocrático que desapareció personas y cadáveres para esconder el destino final de las víctimas, no haya podido reconstituir ese circuito burocrático para dar respuesta a lo que pasa hoy con las personas que desaparecen», sostuvo la especialista del Cels.
Y agregó: «Básicamente es porque las personas que reclaman no tienen ese capital simbólico del reclamo. Creo que ahí hay una construcción muy importante que tiene que ver con lo que pueden hacer los ministerios públicos y poderes judiciales para darles a esas personas visibilidad y un nombre y apellido mientras pensamos esa otra Justicia, la del poder, la que está en los diarios, la que produce desigualdades pero evita que discutamos cómo funciona esta otra Justicia, que entre otras cosas está produciendo cada vez más presos en condiciones inhumanas. Ahí es donde el Estado tiene que poner los recursos para dar respuesta a las personas que necesitan de su protección».
Gils Carbó completó el diagnóstico: «Cuando hablamos de una Justicia para todos lo primero que pensamos es por qué la que tenemos no lo es. Y eso explica por qué sucedió lo que sucedió con la madre de Salomé. Es porque es selectiva, clasista indiferente a las desigualdades, patriarcal, alejada de la gente».
La exprocuradora general mencionó algunas de las razones que producen ese sistema desigual: una enseñanza del derecho con tendencia a inspirarse en la doctrina y legislaciones de países centrales y una organización burocrática basada en la estandarización del trabajo y reglas impersonales, pero puso mayor atención en el «carácter endógeno, replegado en sí mismo» del Poder Judicial. «Cuando se piensa en reformas desde la Justicia se piensa en dar más de lo mismo, en general las reformas las piensan los legisladores porque los jueces sólo piensan en aplicar la ley a los casos concretos y que los problemas sociales no son sus asuntos. Mi experiencia en el sistema judicial por 30 años me mostró que ese combo con el que se trabaja, de saber jurídico-académico y delegación policial, es un sistema funcional al derecho como instrumento de dominación para mantener a la Justicia alejada de las realidades sociales».
Imparcial pero no neutral
«El Estado no busca en sí el bien común sino el bien de los que tienen más poder y organizan el poder en función del mantenimiento de ese poder». Roberto Pompa, camarista del fuero laboral, tomó la frase «la Justicia es el derecho que impone el poderoso», que en su monólogo de presentación el filósofo Darío Sztajnszrajber atribuyó a Trasímaco (ver contratapa) para a adentrarse en otra de las discusiones que atravesó la jornada. «Hay una definición de la Justicia que todos conocemos: dar a cada uno lo suyo. Pero si el uno por ciento de la población concentra el 47,1% de la riqueza del mundo, no hemos dado a cada uno lo suyo, te di uno a vos yo me quedé con diez».
Pompa propuso mirar el derecho desde el otro, el que necesita el derecho: «Nosotros decimos que el juez debe ser imparcial pero no puede ser neutral porque si el juez considera iguales a los desiguales, lo que está haciendo es aumentar esa desigualdad», dijo, y pidió «repensar» cómo está estructurada la Justicia. «A mí me asusta, entre comillas, el rol del Consejo de la Magistratura porque dotar a un cuerpo del poder de seleccionar al juez y de removerlo es crear un organismo condicionante de la independencia del Poder Judicial».
A la vez, consideró que los jueces no deberían buscar una promoción dentro de la carrera judicial porque consideró que «en la búsqueda de ese ascenso se está vendiendo ante un Consejo que lo va a evaluar a la hora de seleccionar y a la hora de remover». «Y un Consejo en nuestro caso –agregó– que ha cometido muchísimas arbitrariedades. Ustedes saben que se elabora un concurso que debería ser secreto y es el menos secreto de los concursos, y se elabora una terna y hay una segunda instancia de entrevista y en esa entrevista los primeros tres pasan a ser los últimos 20 y los últimos 20 pasan a ser los primeros tres», reafirmó.
Abramovich compartió la mirada crítica sobre el Consejo de la Magistratura, aunque no cargó las responsabilidades del sistema sólo allí. El procurador fiscal ante la Corte sugirió, como Litvachky, pensar «no sólo en la Justicia rutilante, la que sale en los medios, sino en la rutinaria, la que marca las prácticas de reproducción de desigualdades» y advirtió que uno de los temas que obstruye la posibilidad de construir una Justicia vinculada a un estado social de derecho es la «elitización del Poder Judicial».
«Es importante revisar los mecanismos de selección de magistrados y funcionarios, romper esa lógica endogámica y producir apertura en términos de sectores sociales y de clase», sostuvo Abramovich, y aclaró que se debería mirar la experiencia exitosa en las políticas universitarias. «La Argentina tiene 70 años de gratuidad de acceso a la educación superior y una red de universidades públicas, muchas fuera de los grandes centros urbanos, donde es posible encontrar un sector de cuadros técnicos a los que hay que apuntar en el reclutamiento de funcionarios».
«Es necesario crear más escuelas de Justicia que den recursos a esa primera generación de universitarios para que estén en condiciones de competir», añadió, pero aclaró: «Eso no será posible si no se reformula el criterio de selección del Consejo de la Magistratura».
Para el abogado Gonzalo Semeria, la propuesta de una Justicia para todos «no es adicta a una conformación partidaria, es una Justicia que haga de las distintas esferas de la ciudadanía su centro y no use los significantes del derecho para cancelar esa diversidad». «Desde los diferentes espacios que vayamos conquistando, lo que hay que hacer es generar confianza con un derecho diverso, heterogéneo y un derecho que se haga cargo de la politicidad de sus decisiones», sostuvo. Como sus colegas, sugirió que uno de los mecanismos es «repensar las formas de ingreso, de acceso al dispositivo judicial». «Estamos acostumbrados a pensar al Poder Judicial como un elemento contra mayoritario, este dispositivo de poder que va a cancelar el avance de las demandas igualitarias, pero podemos pensar que en otros contextos, donde la mayoría popular es hegemónica, ese poder se acople a la mayoría pero no en términos de suma de pluralidades sino para dar cuenta de la multiplicidad de realidades que configura lo social».
Bajar al territorio
Gils Carbó y Abramovich coincidieron en la necesidad de atacar la «segregación territorial», a través de una estrategia de «descentralización de las oficinas judiciales». La exjefa de los fiscales rescató de su gestión la creación de las procuradurías especializadas a cargo de «una gran mayoría de fiscales que abrazaron esta nueva mirada, trabajadores judiciales comprometidos», y destacó como algo inédito el programa ATAJO, las oficinas del Ministerio Público Fiscal que se instalaron en el corazón de los barrios más pobres del Conurbano y de algunas provincias, ahí donde está la segregación territorial. «Y no para ir a buscar pobres para cubrir las causas judiciales y las estadísticas del sistema judicial sino para asistir a personas como la madre de Salomé que, si hubiera tenido a su lado a alguien comprometido con su caso, que sacudiera a las instituciones para que se develara esa desaparición, debería haber tenido un resultado y no sufrir esa clase de tortura».
«¿Qué modelo de Justicia requiere un estado social democrático de derecho?, interpeló Abramovich, y respondió: «Una que recoge la Constitución Nacional en la reforma de 1994 con la incorporación de los tratados de Derechos Humanos. Ya no es el ordenamiento del estado liberal del siglo XIX. Está adentro de la ley, no por encima, protege derechos civiles básicos, protege la libertad de expresión y el derecho de asociación pero también se plantea garantizar derechos económicos sociales y culturales».
El jurista completó: «El modelo opuesto al que queremos es el de la Justicia como acelerador de las desigualdades sociales» que, según explicó, se expresa «no sólo en la selectividad de la persecución penal sino en los recursos que se gastan en los conflictos en los sectores medios y altos y en la subutilización de recursos cuando los conflictos los traen los sectores populares».
«La falta de empatía, la incapacidad de indignarse frente a la desigualdad, marca lo que no queremos. De ahí la importancia de tener una estrategia de descentralización de las oficinas judiciales, es también una buena estrategia de deselitización de la mirada del Poder Judicial», concluyó. «
Publicidad y control
La exjueza María Laura Garrigós de Rébori, hoy integrante de la Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria, le preguntó al panel si la publicidad y el control de gestión de la actividad judicial servirían como instrumento para propender a un mayor nivel de independencia y neutralizar las interferencias que reciben los magistrados.
Pompa rescató la posibilidad de «poner en la mesa cuál es la producción de un juez, qué es lo que resuelve, si lo hace de acuerdo a lo que se espera de un Poder Judicial independiente», pero pidió tener claro el tema del control: «Una cosa es que yo tenga que rendir cuenta por contenido de mis sentencias y otra si yo sancioné a alguien inocente, inventé una prueba o un acusado, de eso habrá que rendir cuentas», expresó.
Abramovich coincidió en que los jueces tienen que rendir cuenta de sus decisiones «y para eso hay que crear un espacio crítico alrededor del Poder Judicial y sobre todo de los tirbunales superiores». Y mencionó el caso de la Corte Suprema: «Tiene herramientas muy importantes de publicidad, como las audiencias públicas y un mecanismo de amicus curiae para cuando decide cuestiones de interés público, pero la utilización de esa herramienta es ínfima en relación con los casos que resuelve». «La corte recibe 16 mil casos por año, dicta anualmente 6800 sentencias, pero tuvo sólo 48 audiencias públicas desde 2001 hasta ahora. Si uno toma los casos que la Corte dice que son de trascendencia institucional, que son 20 por año, al menos esos 20 tendrían que tener audiencia pública y sólo hubo dos en 2018».
El procurador fiscal ante el máximo tribunal concluyó: «Todos los jueces son funcionarios del Estado y tienen una función política y en ese sentido tienen que rendir cuentas, y eso no quiere decir que haya que ejercer sobre ellos facultades disciplinarias por el contenido de sus sentencias, como sucedió con los jueces del trabajo últimamente, por tomar decisiones a favor de los trabajadores».
Cortar el cable con los «servicios»Los expositores fueron interrogados sobre la posibilidad real de reformular la Justicia sin cortar «los cables» que la unen a los Servicios de Inteligencia (SI) y algunas embajadas extranjeras.
«La promiscuidad de ciertos sectores de la Justicia con los Servicios de Inteligencia es algo verdaderamente patológico y hemos tenido algún caso periodístico que nos ha mostrado a los extremos que se puede llegar. Y esto es algo que viene de ciertos fracasos en no corregir las legislaciones que dan pie a esto. La Ley de Inteligencia es categórica cuando dice que los SI no podrán realizar investigaciones criminales ni cumplir funciones policiales… pero le agregaron: salvo que este autorizado por un juez en un caso concreto, y esa es la parte del artículo que hay que eliminar». La exprocuradora sumó a esa construcción «promiscua» la utilización de fondos reservados «que se restableció por un decreto por el gobierno en curso».
Litvachky consideró que el punto a discutir es la influencia de los SI con la selección de jueces y fiscales. «La AFI es de alguna manera la gran electora. Ahí hay una cuestión a cortar que tiene que ver con la reforma de la Ley de Inteligencia, para no utilizar a agentes como auxiliares de la Justicia. Nosotros discutimos mucho ese artículo y pretendíamos que se prohíba esa relación y no dio la correlación de fuerza. Eso habla de la matriz política, no es sólo la discusión sobre cómo funciona el sistema de Justicia sino su relación con el poder político».
Abramovich opinó que una solución es que el Ministerio Público recupere su capacidad de investigación autónoma «que evite descansar en los laboratorios policiales, en el trabajo de inteligencia de criminalidad compleja que hace la AFI, o en las agencias internacionales».
