La primera huelga general del movimiento obrero contra el gobierno de Javier Milei no será la última. Apenas transcurrió un mes y medio del nuevo gobierno y la intensidad y magnitud de las medidas adoptadas contra los trabajadores y trabajadoras no tiene antecedentes en los 40 años desde la recuperación de la democracia.

Analizar el contenido de esta avanzada requeriría un número especial de Tiempo Argentino y demandaría todas las páginas del diario. No se trata solo de la modificación de gran parte la legislación laboral a través de un decreto de necesidad y urgencia o de la prohibición de la huelga y de las manifestaciones de protesta. Todas y cada una de las medidas implementadas desde el 10 de diciembre descargan los costos de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras. Mientras el salario real se derrite, producto entre otras razones de la ausencia de una política de ingresos, las reformas en materia de salud, vivienda, educación, seguridad social debilitan la red de contención social haciendo que las condiciones de vida de la población se deterioren rápidamente.

Los desequilibrios macroeconómicos que había acumulado nuestro país en los últimos años hacían inexorable la implementación de un programa que los corrigiera. El traslado de todos sus costos sobre los sectores de menores recursos es 100% responsabilidad de la actual gestión. Más aún, la falta de convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el congelamiento del Salario Social Complementario, el ajuste sobre jubilados y jubiladas y la falta de entrega de mercadería en los comedores populares muestra un particular ensañamiento con los sectores más postergados. La crueldad es una marca distintiva de la actual gestión.

La huelga general y la masiva movilización de hoy son inéditas por muchas razones. No solo es la más rápida contra un gobierno desde el retorno de la democracia. Se da en el marco de una inexistencia absoluta de canales de diálogo entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, producto de una decisión política de las nuevas autoridades. Esto también es inédito: desde 1943 en adelante todos los gobiernos, democráticos y militares, tuvieron diálogo con al menos una fracción del movimiento obrero. Definitivamente estamos frente a una experiencia novedosa, a la que los trabajadores y sus organizaciones no solo no están invitados, sino que están convocados a pagar todos sus costos. Las medidas de hoy muestran que la resistencia apenas acaba de comenzar.