El próximo martes el Poder Judicial que tiene su sede en la calle Comodoro Py dará una nueva estocada contra la democracia argentina. Todo indica que la vicepresidenta Cristina Fernández será condenada y que la proscripción volverá a posarse sobre el liderazgo peronista, 67 años después del golpe de 1955. No es como si la historia se repitiera. Es peor: parece la película El día de la marmota, en la que el protagonista no puede evitar despertarse y volver a vivir el mismo día una y otra vez.

Este sector del aparato judicial viene a cumplir el rol que tuvo el partido militar en el siglo XX y a garantizar lo que esos militares no pudieron luego de la restauración democrática, a diferencia de lo que ocurrió en  el resto de la región.

En Chile, cuando el plebiscito realizado en octubre de 1988  votó por el final de la dictadura (55% contra la continuidad del dictador Augusto Pinochet y 44% a favor) se abrió el camino. Sin embargo esa democracia tendría varios condicionamientos. La Constitución que Pinochet  había impuesto en 1980 seguiría rigiendo la vida de los chilenos. Y el dictador sería senador vitalicio.

Sin llegar al extremo de Chile, la recuperación democrática en Uruguay y Brasil tuvo características en las que el poder militar quedó  tutelando el proceso político. Sólo Argentina hizo-en la región y en el mundo-juicios por crímenes contra la humanidad a los militares que los habían perpetrado.

El Partido Judicial viene a “reparar” esta singularidad argentina. Su función es garantizar esa democracia tutelada. La voluntad popular podrá avanzar solo hasta el punto en que la lapicera de un juez lo permita. No hay mejor ejemplo que la trabazón que le pusieron a la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar servicio público la telefonía celular y el internet para que las empresas tengan que acordar con el Estado los aumentos. Ahora suben las tarifas a piacere, ya que el nivel de competencia no alcanza para que el mercado el que empuje una disputa fuerte por precios.

En esa democracia tutelada los medios del establishment cumplen un rol fundamental, estigmatizar al campo popular y mantener a raya a la tribu propia. Facundo Manes conoció ese rigor cuando se atrevió a mencionar el aparato de espionaje ilegal que Mauricio Macri montó en su  presidencia. La caballería de La Nación+ salió en bloque a castigar a Manes y el hombre se guardó durante semanas en un silencio sepulcral. Manes es un profesional exitoso, demasiado acostumbrado a vivir rodeado de elogios y comodidad. No tiene el cuero curtido del político que se hace en el barro. Sin embargo, para no simplificar la descripción, sería injusto decir que le teme a Luis Majul o al joven Jonatan Viale. Su miedo es al poder que estos comunicadores tienen sobre el electorado de Juntos por el Cambio. El bloque antiperonista sigue la regla básica de la política, quien tiene los votos tiene el poder. El punto es que en ese universo político  son los medios -mayormente- los que conducen al electorado. Y tienen al grueso de los dirigentes de ese espectro-no a todos-a raya.

El último acto del Partido Judicial para avanzar en el modelo de democracia tutelada fue el fallo de la Corte sobre los miembros del Consejo de la Magistratura. Ahora los jueces les dijeron a los senadores y diputados votados por el pueblo cómo conformar los bloques parlamentarios. Intervinieron en el más democrático de los poderes de una democracia representativa. En el Congreso están expresadas la mayoría de las corrientes políticas que habitan en la sociedad. El martes darán un nuevo paso, cuando sentencien que la política argentina que más respaldo popular concita debe ir presa y nunca más ser candidata. La batalla por una democracia plena continúa.