En vísperas de la finalización del año 2024, resulta oportuno efectuar algunas reflexiones que hacen al escenario político, económico y social que está atravesando la Argentina. Una coyuntura que podría caracterizarse como una película que ya vimos, y cuyo final también conocemos.
Para este análisis, es fundamental hacer hincapié en la “batalla cultural” que se libra en la sociedad y cuyos efectos son relevantes, dado que se encuentran directamente relacionados con este repetido camino que hemos transitado durante diversas gestiones de gobiernos neoliberales.
Desde el oficialismo se muestra como uno de los “logros” de gestión el haber achicado el Estado: “el ahorro de 15 puntos del PBI (según la metodología ad hoc diseñada por el gobierno), que antes dilapidaba la política” y que este año “ha sido devuelto al sector privado y ya se está traduciendo en mayores inversiones y mayor consumo”. Una concepción que desvirtúa las funciones primordiales que posee el Estado de proveer bienes y servicios públicos a aquellos sectores de la sociedad que no podrían acceder a ellos de otra manera, y de regular la actividad privada para lograr una distribución del ingreso más equitativa.
No se trata de achicar el Estado, como propone la prédica oficialista, sino que se trata de ofrecer servicios de salud, educación, transporte público eficientes. Una eficiencia que no se mide en términos de rentabilidad.
Como un ejemplo, la privatización de Aerolíneas Argentinas fue mencionada reiteradas veces por el Poder Ejecutivo, e incluso esta propuesta fue incluida en un proyecto de ley (que no llegó a obtener sanción) y luego se formalizó en el decreto 873/2024. La argumentación de Unión por la Patria para estar en contra de esta decisión tiene que ver con que si se dejan las rutas aéreas completamente libradas al sector privado, muchos destinos desaparecerían por no ser lo suficientemente “rentables”. Además, se iría a contramano de la idea de federalismo, ya que lugares de nuestro país adonde ninguna otra empresa llegaría quedarían aislados de poder comerciar por esa vía, al tiempo que también se reducirían los ingresos por turismo. Es por ello que el análisis del último renglón del balance no es lo más relevante.
Hay que tomar en cuenta las ventajas en otros aspectos que genera una empresa estatal. En el caso de Aerolíneas, pueden citarse la recaudación impositiva que proviene de la propia actividad, y la que se impulsa con las conexiones entre ciudades; también los puestos de trabajo directos e indirectos. Ése es el razonamiento que sustenta la batalla cultural que hay que librar.
Otra de las políticas que el oficialismo presenta como favorable para el desarrollo nacional es la apertura comercial. En columnas anteriores mencionamos la postura del gobierno con respecto al bloque regional del Mercosur: “aumentar la autonomía de los integrantes del organismo de cara al resto del mundo para que cada país pueda comerciar libremente con quien quiera según les convenga”. O la expresa voluntad de firmar un tratado de “libre comercio” con Estados Unidos, una economía competitiva con la nuestra, y que además se da en el entorno de una relación desigual por el poder político y económico global de esa nación.
Son mayores las posibilidades del país del Norte de imponer condiciones contrarias al desarrollo argentino, más aún con la gestión del presidente electo Donald Trump, quien ya manifestó su decisión de aplicar una estrategia de fuerte proteccionismo. Una forma de vincularnos con el mundo que también experimentamos en otras épocas y que implica un grave perjuicio para la industria local y para la producción, el consumo y el empleo.
En este aspecto, desde el oficialismo fue celebrada la nueva opción que brinda una empresa privada, que permite a sus usuarios comprar productos del exterior de manera directa a partir de la flexibilización de los envíos internacionales.
Muy distinta es la estrategia del otro modelo posible, que prioriza las importaciones de insumos para procesos productivos y no las de bienes finales que reemplazan a los producidos localmente. Se trata de mejorar la eficiencia de nuestra producción, no de eliminar los bienes de origen nacional. Un esquema que, en definitiva, es el que se pone en práctica en los países desarrollados y que históricamente les permitió salir adelante a las más grandes naciones de Europa, y a Estados Unidos o Corea del Sur.
La producción no despega
Las estadísticas macroeconómicas que venimos analizando durante todo el año tampoco avalan el discurso oficial. Los datos de consumo del mes de octubre continúan reflejando una importante tendencia a la baja. Según publicó el Indec, las ventas en Supermercados y Autoservicios Mayoristas ya acumulan un descenso del 12,5% y 15%, respectivamente, hasta el mes de octubre pasado. De esta forma, los niveles alcanzan valores mínimos en seis meses.
Un reflejo de lo que ocurre por la reducción en el poder de compra de los salarios y las jubilaciones. En este sentido y sin haber consensuado con el Consejo del Salario (donde los sindicatos reclamaban un monto considerablemente mayor) el gobierno estableció una vez más por decreto la evolución que tendrá el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) durante los próximos meses: en diciembre será de $ 279.718 para luego incrementarse a $ 286.711 en enero y $ 292.446 y $ 296.832 en febrero y marzo, respectivamente. Una variable que se utiliza como referencia, entre otras, para determinadas prestaciones sociales como el seguro por desempleo, y también para establecer el tope de ingresos para el cobro de beneficios como las becas Progresar para estudiantes de bajos ingresos.
La realidad es que al comparar, en promedio, el año 2024 con el 2023, la pérdida de poder adquisitivo del SMVM fue de casi el 30%. De esta forma, una vez más y a contramano de la retórica de no intervención, el gobierno nacional se encarga de mantener el “precio del salario” por debajo de los niveles de inflación y de las canastas básicas de consumo. Esta decisión, como otras tantas, abona lo que vengo diciendo, que cuando el gobierno habla de “corrección” de precios relativos, lo que quiere es que el precio de los salarios y las jubilaciones vaya muy por detrás de los otros precios de la economía.
Necesidad de una propuesta
A modo de conclusión, es imprescindible tener una propuesta que confronte con el modelo actual, el cual está demostrando no ser beneficioso para la sociedad en su conjunto. Es cierto que hace tan sólo un año una parte de la ciudadanía apostó a la gestión libertaria y que hay sectores que, a pesar de estar padeciendo las consecuencias del modelo, aún depositan una cuota de esperanza en el mismo. Es esperable. Pero, en este contexto, es fundamental estar unidos en pos de un objetivo común: presentarle a la sociedad, al campo popular, una propuesta alternativa.
La política no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la sociedad positivamente. Y, para ello, se requiere la unidad más amplia posible, con la presentación de una verdadera opción de cambio, que proponga una virtuosa acción del Estado en pos de mejorar el nivel de vida de la mayoría de la población, bregando por un sistema más equitativo y solidario. «
