En enero de 2016, luego de varios meses de conflicto laboral y con evidencias cada vez más elocuentes de vaciamiento empresario, Mariano Martínez Rojas se presentó ante un grupo de trabajadores de Radio América y Tiempo Argentino como «el nuevo dueño de la compañía». Ataviado con un ambo de lujo, cadenas de oro y bronceado perfecto, brindó un breve discurso donde admitió dos cosas: que de medios «no entendía nada», pero que su intención era «hacer negocios». El maestro de ceremonias fue Sergio Szpolski, hasta entonces cara visible del Grupo 23.
El encuentro ocurrió en las oficinas que Szpolski utilizaba y aún usa en Puerto Madero. Absoluto desconocido, en ese mismo acto Martínez Rojas mostró que no era de fiar: quien rubricó la supuesta compraventa fue su padre, un exmilitar septuagenario que se quejó por tener que interrumpir sus vacaciones para «firmar esto». No pasaría mucho para comprobar que, además de estar flojo de papeles, Martínez Rojas era un rufián con debilidad por las estafas.
Como supuesto «dueño» del diario y la radio, el presunto empresario al que ahora un juzgado Penal Económico le imputa haber participado de operaciones de lavado de dinero por unos 200 millones de dólares tomó decisiones destinadas a concluir el proceso de vaciamiento iniciado tiempo antes por Szpolski y su socio visible, Matías Garfunkel: no pagó los salarios, diezmó el aire de la radio cuya licencia hoy está en manos de Editorial Perfil y discontinuó la impresión del diario, finalmente recuperado y puesto en valor por los trabajadores que constituimos la Cooperativa Por Más Tiempo.
Luego de una larga e intensa lucha, empujados por la necesidad de sostener los puestos de trabajo, el respaldo de los colegas y el decisivo acompañamiento de los lectores, este Tiempo Argentino autogestivo vio la luz el 24 de abril. En paralelo a la recuperación del medio, los trabajadores del diario y la radio impulsamos expedientes legales en reclamo de los derechos laborales violentados.
En ese marco surgió, entre otras cosas, que Martínez Rojas nunca acreditó la propiedad de los medios que se adjudica. Y que intentó tomar por la fuerza junto a una patota en un episodio que aún goza de impunidad.
El lunes 4 de julio de 2016 ocurrió una demostración brutal y obscena del accionar impune que goza el Sistema de Negocios y Poder que, según sus propias palabras, acogió como empleado a Martínez Rojas. Esa madrugada, el falso empresario y su patota ingresaron a la redacción, la destrozaron y se fueron a su casa escoltados por personal policial. Los efectivos que ampararon al valijero patotero llevaban uniforme de la Policía Federal.
Traspaso mediante, al momento del ataque la facción metropolitana de esa fuerza ya respondía al Gobierno de la Ciudad. Su jefe es el ministro de Seguridad y Justicia Martín Ocampo, quien también tiene a su cargo la Dirección General de Seguridad Privada, que apenas tres días después del ataque premió a los violentos renovándoles la habilitación para ejercer tareas de seguridad.
El ministro Ocampo es amigo y compadre de Daniel Angelici, presidente de Boca y activo operador judicial del PRO. En diciembre de 2015, Angelici nombró como vicepresidente del club xeneize al abogado Darío Richarte, exsegundo de la Side durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Richarte mantuvo fuertes lazos con Szpolski en el Grupo 23. Y todo indica que esos vínculos aún dan frutos: según publicó el diario Perfil, el nuevo emprendimiento de Szpolski consiste en proveer servicios y artículos de seguridad a usuarios públicos y privados. En ese negocio, sugirió el semanario, conviven espías de la ex Side y la Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Total normalidad.
Angelici, Richarte y Szpolski comparten contactos en el submundo de los servicios, la cuna radical y un mentor común: el operador Enrique «Coti» Nosiglia. Exministro de Raúl Alfonsín, impulsó la carrera política de Mauricio Macri desde su origen la presidencia de Boca y fue un operador clave para la concreción de la Alianza Cambiemos. Como retribución, Nosiglia coló funcionarios leales en puestos sensibles de la administración macrista, en especial en el área de Inteligencia, donde lleva décadas de influencia.
De hecho, un senador suyo el pampeano Juan Carlos Marino preside la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que demoró todo lo que pudo la citación de Gustavo Arribas para que explicara el origen de los fondos que dijo haberle girado un valijero brasileño del caso Odebrecht. Flojo de papeles, la protección de Marino no pudo evitar que el Señor 5 trastabillara en su paso por la comisión, donde dijo haber cobrado el dinero por «vender muebles», modificando la versión inicial, donde había asegurado que era producto de la venta de un departamento.
A pesar de sus tropiezos, el Poder Judicial -colonizado desde hace décadas por el Sistema de Negocios y Poder mediante operadores judiciales como Richarte o Javier Fernández- sobreseyó a Arribas en un trámite exprés. Martínez Rojas (aún) no tuvo esa suerte. En entrevistas amistosas, el valijero aseguró que está prófugo en Estados Unidos, donde maneja «empresas de amigos». Desde su exilio dorado, el valijero dice poseer «70 kilos» de pruebas que involucran a empresarios, políticos y banqueros en negocios sucios. ¿Será este valijero quien al fin desmonte el Sistema de Negocios paraestatales que opera al menos desde el regreso de la democracia? Ojalá lo haga. Y que después vaya preso por perpetrar un feroz atentado contra la libertad de expresión. El fin de la impunidad no es posible si la Justicia es selectiva y parcial. «
