Se sigue observando cómo el Presupuesto 2021 es el verdadero plan de gobierno que guía el accionar de las autoridades. Contiene los parámetros de las políticas públicas que se llevan adelante y hay que tenerlo presente en cada uno de los análisis que se realizan.

Un plan que no tiene más ajuste que el de la reducción de los pagos de deuda producto de la reestructuración, como señaló el ministro de Economía, Martín Guzmán, días atrás. Que impulsa a la economía y la recuperación del empleo y posibilita que así hayan mayores ingresos fiscales, tal como ocurrió en enero, el quinto aumento real consecutivo.

Es preciso que los salarios vayan por delante de la inflación, algo que menciona constantemente el gobierno. También es importante en clave distributiva, ya que no hay que perder de vista que el salario real tuvo un retroceso importante en los últimos años y es preciso recomponerlo. Es un proceso que deberá ser gradual y con políticas de largo aliento.

En los últimos meses se registró cierta aceleración de la inflación, motorizada principalmente por la evolución de los precios de los alimentos. El reciente dato brindado por el INDEC indica que en enero la suba llegó al 4%, y el alza de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 4,8%, con gran influencia de “Carnes y derivados”, “Frutas” y “Aceites, grasas y manteca”. Algo similar al comportamiento del mes previo.

Un hecho que favorece a la economía, como la suba de los principales productos de exportación, no puede volverse en contra del bolsillo de los hogares. Tampoco se puede convalidar que el mayor consumo que se empieza a verificar se aproveche para remarcar precios. Es una postal de la puja distributiva, que quedó de manifiesto en el rechazo de la Mesa de Enlace a la idea de desacoplar ciertos precios internacionales de los locales. Se habló del rechazo a una suba de retenciones, aunque en rigor no es algo que se contemple en el Presupuesto. Lo cierto es que se trata de minimizar el verdadero objetivo, que es la necesaria diferenciación de precios. Y en este marco es importante el llamado que ha realizado el gobierno a los distintos sectores, muchos de ellos grandes formadores de precios. 

Mientras el gobierno abre el diálogo, también dice que esto se debe expresar en acuerdos concretos en las cadenas de valor. En la reunión del jueves con los grandes empresarios, el ministro Guzmán señaló que hay que empezar a trabajar cadena por cadena y precio por precio para ver dónde se producen los saltos, un enfoque que apoyo plenamente. 

Algunas voces empresarias señalaron tras la reunión que el problema no son los precios sino la inflación. Lo que están diciendo es que el problema no está en la formación de precios (es decir, en cómo se estructuran) sino en las políticas macroeconómicas del gobierno. Según esa errada visión, lo que importa es el ajuste fiscal y monetario, no el estudio de la concentración y la puja por los ingresos.

Por su parte, luego de la reunión del miércoles con el gobierno, desde la Mesa de Enlace se hizo referencia a la “baja participación en el precio final” que tienen estos productores y se mencionó el compromiso de “una continuidad y acercamiento para analizar cómo están funcionando las cadenas de valor”. Un criterio de transparencia necesario pero que algunos lo utilizan para eximirse de responsabilidades.

Desde el gobierno también se comentó que se espera que el tipo de cambio mayorista suba en el año un 25%, consistente con la misión de bajar los niveles de inflación, proyectada en el 29%, según marca el Presupuesto. Según Guzmán, es una herramienta que se deberá “complementar con políticas de precios e ingresos que son necesarias para coordinar expectativas”. “La inflación la atacamos de forma integral”, señaló el ministro.

El Ejecutivo, además, acaba de regularizar la situación de YFP, al llevar adelante el canje de un primer bono, lo que le permite a la empresa salir del riesgo de cesación de pagos.

Los análisis catastrofistas se han ido invalidando uno a uno desde que asumió este gobierno. Es una gestión distinta que tiene bien presente cuáles son los objetivos que le fueron encomendados en las urnas. 

No hay mayores secretos y los conceptos del plan que se persigue están claros para quien quiera verlos. Entre ellos, que los salarios le ganen a los precios, que el camino es el Presupuesto, que hay que culminar con éxito la renegociación con todos los acreedores externos, que los beneficios económicos deben llegar, principalmente, a los más necesitados. Puesto en conjunto, marca claramente cuáles son los frentes a encarar, los avances que ya se han realizado, y el proyecto de país al que se apunta.

Labor legislativa

El jueves se sancionó en Diputados la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la deuda pública, todo un hito de la historia legislativa de nuestro país en relación con los antecedentes del endeudamiento público. Allí se establece que la ley de Presupuesto de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera respecto del monto total de las emisiones de títulos autorizados.

La ley también establece que el Congreso será el que deba aprobar por ley el acuerdo con el FMI, así como cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones. Creo que es un paso enorme, desde el fortalecimiento de la calidad institucional.

A su vez, también se agregó una cláusula que prohíbe destinar los préstamos en moneda extranjera a gastos primarios corrientes. Esto debería marcar un derrotero para las provincias, aunque esta ley no las alcanza. Las provincias no generan dólares y se han endeudado en la gestión macrista en esa moneda, lo cual lleva implícito un riesgo muy difícil de administrar.

Por otra parte, Diputados le dio media sanción al proyecto oficial para promover las inversiones en la construcción de obras privadas nuevas, incluyendo las que posean un grado de avance inferior al 50%. La norma contiene una serie de incentivos para la inversión nueva bajo la forma de exenciones, y diferimientos de ciertos impuestos. También se abre una exteriorización voluntaria de tenencia de pesos o dólares en el país y en el exterior, a cambio de un canon de entre el 5 y el 20 por ciento, según sea la fecha en que se realice la operación.

Cabe reflexionar que la exteriorización no deja de ser el reconocimiento de un incumplimiento previo. Y que para evitar situaciones de este tipo en el futuro es preciso actuar antes. Entre otras cosas, evitando que haya incumplimientos impositivos y fuga de capitales, para que los recursos se queden en el país. Para ello, entre otras cuestiones, hay que tener coherencia, aceptar las regulaciones y no demonizar las políticas de administración de las divisas.

También se aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. El objetivo principal es aumentar progresivamente el financiamiento de estos rubros, hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Es cuatro veces más que lo que destina el Estado en la actualidad, luego del desguace que llevo adelante el macrismo.

Otro proyecto aprobado otorga un justificado beneficio económico extraordinario por única vez, y exento de impuestos, a los y las familiares de los y las tripulantes del Submarino ARA San Juan, votado en general por unanimidad.

Una jornada de consensos, aunque con lógicas disidencias, y que fortalece, una vez más, la necesaria institucionalidad que se requiere recuperar. «