Cuatro heridos y cinco detenidos es el saldo de una balacera producida por la usurpación de tierras campesinas en los parajes San Roque y Chañar Pozo, en el departamento de Figueroa, en Santiago del Estero. El territorio es habitado por familias campesinas e integrantes de la comunidad indígena Tonokote, dentro de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA). Se trata de 31.000 hectáreas pretendidas por la empresa alemana Concepture Nature Management S.A y sus empresas nacionales aliadas, como Figueroa S.A y Santiago S.A. Las tierras se encuentran registradas bajo la Ley 21.160 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Con anterioridad las familias venían denunciado la presencia de bandas armadas y gente circulando que no era de la zona. Hubo una denuncia el lunes pasado al Comité de Tierras de Santiago del Estero. El martes se dio la balacera”, cuenta Victoria Escobar, de la UTT. “Luego de la balacera, la provincia mandó mucha presencia policial para impedir futuros desenlaces violentos. Pero la situación actual del lugar es muy tensa, incluso peligrosa. Sigue habiendo muchas gentes que no pertenecen a las comunidades, reina mucho el miedo. Incluso el jueves compañeros de la UTT han ido a hacerse presentes y cuentan que la mayoría de las familias han abandonado sus casas por temor a represalias o a la persecución”, agrega.
Crimen verde
“Cuando llegó la patota, integrantes de la comunidad intentaron dialogar con los matones. Pero estos estaban armados y comenzaron a golpearlos y a dispararles. En la huida al monte, varios fueron heridos por la espalda. Estos empleados intentaban despojar a la comunidad de una parte significativa de su territorio. Las familias viven amenazadas”, explica Lucas Tedesco, de la coordinación nacional de la UTT, que se acercó la semana pasada al territorio.
Tedesco describe una situación geopolítica compleja. La empresa alemana está inserta en el negocio de los bonos verdes exigidos por Europa. Para cumplir estas reglamentaciones supuestamente ecológicas de los países desarrollados, la empresa compra tierras a través de socias locales, para plantar especies foráneas (pino o eucalipto) arrasando con el bosque nativo. También con las comunidades locales, productoras de alimento. Las empresas consiguen papeles poco claros de propiedad, avalados por la misma Justicia que hace dormir los trámites de regularización de tierras para las comunidades. Ante la resistencia y ocupación histórica de las familias campesinas, contratan bandas armadas de jóvenes en los barrios marginales de La Banda o Santiago del Estero. Un esquema que ya puede calificarse como “narcoparamilitarismo” como hace rato sucede en México o Colombia.
“A través de informes de dominio, averiguan quién fue el último supuestos dueño de cierta cantidad de hectáreas, contactan a sus descendientes y se realizan transacciones que no siempre son legales, no están claras ni son justas para las comunidades afectadas. Esto ha generado desesperación y desplazamiento forzado entre las familias locales”, explica Tedesco. “La historia de nuestra provincia está muy marcada por el conflicto de tierras, que se agudiza desde los noventas con el avance del agronegocio. Es por eso también que emerge con mucha fuerza en esas épocas el movimiento campesino como el MOCASE, en defensa de la tierra”, hace historia Escobar.
Un larga historia de impunidad
Son numerosos los conflictos en la lucha campesina en Santiago del Estero. El caso más emblemático es el de Cristian Ferreyra, un joven de 22 años asesinado en un hecho similar al ocurrido la semana pasada en Figueroa. El autor material del homicidio recibió una condena de apenas diez años, mientras que quedaron libre los integrantes de la banda que sirvió de apoyo para el hostigamiento, un policía sindicado de facilitar las armas y el empresario responsable, Jorge Antonio Ciccioli.
“Hay muchas empresas implicadas en el conflicto del norte. Pero hay una justicia muy lenta, que no respeta los territorios relevados como comunidades indígenas, que no respeta la ley del poseedor veinteañal en el caso de las familias campesinas”, denuncia Escobar. Al avance del agronegocio ahora se suma el de la economía “verde”. “En este último tiempo, el extractivismo avanza con forma de empresas verdes, empresas internacionales con capitales y socios nacionales y provinciales, quienes por emitir menos carbono y en el marco de los bonos verdes, vienen a hacer actividades de forestación entre comillas. Porque estas empresas, y en este caso la empresa alemana, compra 30 mil hectáreas, también entre comillas, con familias y comunidades adentro, con el fin de forestar el monte santiagueño, que ya esta forestado”, explica.
