A propósito de la puja en torno a las jubilaciones y al veto presidencial, hay una cuestión esencial que no se debe perder de vista: si los jubilados ganasen más, consumirían más, y ello iría en contra de la desaceleración de la economía provocada por el ajuste, estrategia con la que el gobierno busca reducir la inflación. La recesión no es una consecuencia no deseada de las políticas, es un componente central del plan.

El programa económico parte de una concepción ideológica que no es nueva, y es la que atravesó a otros momentos de la historia del país. En la convertibilidad, por ejemplo, se llegó a tener deflación, pero también se convivió con niveles de desempleo del 20%, es decir, con grandes mayorías “observando los precios delante de la vidriera”. Atarse a que el éxito gire alrededor de la reducción de la inflación por la vía de la contracción de la economía no es el camino correcto. Puede que se logre, pero a través de un fuerte sufrimiento de gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos, especialmente de los más vulnerables y también de la clase media.

Desde el punto de vista de la producción, las más afectadas por el modelo son las pymes, que dependen fundamentalmente de que las personas tengan ingresos para comprar sus productos. Cuando el mercado interno se deprime, a las pymes indefectiblemente no les va bien.

A su vez, se acaba de anunciar la eliminación de trámites para la importación de acero e insumos industriales que luego sean utilizados en exportaciones del sector. En su momento se abrió la importación de neumáticos con la excusa de bajar el precio porque escaseaban y estaban caros. Al mes siguiente las dos fábricas de neumáticos que había en la Argentina estaban despidiendo trabajadores e ingresando en estado de emergencia. Más aún, el inicio de estas desregulaciones a la importación fue para los alimentos, un sector en el que intervienen muchas pymes.

En el frente fiscal, el gobierno avanza con la línea de reducir impuestos a ciertos sectores, lo cual trata de compensar aumentando impuestos a otros sectores o reduciendo los gastos, para cumplir con el objetivo del superávit.

El ejemplo más claro es el de Bienes Personales, cuya alícuota se reducirá año a año, hasta llegar en 2027 a una sola para todos, independientemente del patrimonio. Una igualdad (entre desiguales) que conlleva inequidad. Tratando de compensar la caída proyectada de la recaudación con esta medida, se decidió la restitución del Impuesto a las Ganancias establecida en la misma ley, que implicó la incorporación de unas 800 mil personas trabajadoras que estaban exentas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la baja de diez puntos del impuesto PAIS (del 17,5% al 7,5%) a partir de este lunes 2 de septiembre, retrotrayendo la suba que había aplicado el mismo gobierno cuando asumió en diciembre pasado.

Para mantener el equilibrio fiscal en el marco de una caída de los ingresos por recaudación, el ajuste del gasto deberá ser mayor aún, dada la importancia de ese tributo en la recaudación total: durante los primeros siete meses ingresaron al fisco 4,9 billones de pesos actuales a partir del impuesto PAIS y los Derechos de Exportación, mientras que el resto de los tributos disminuyó en 10,8 billones de pesos.

En los últimos días se supo que en septiembre continuarán los incrementos en las tarifas de los servicios públicos como la electricidad, el gas, el agua, así como el combustible, el transporte público y los servicios educativos y de salud. El origen de estos incrementos de tarifas tiene que ver con el ajuste del gasto, en particular el de subsidios económicos, que representaron más del 15% del recorte acumulado entre enero y julio. Otra forma de compensar, con cargo a las clases medias y bajas.

Estamos frente a una gran recomposición de los precios relativos, que castiga al poder adquisitivo de los hogares y amenaza seriamente a las pymes. Los beneficiados son los sectores más concentrados: se los favorece, por ejemplo, con reducciones de impuestos o con esquemas como el RIGI.

El plano de las resistencias

El vicepresidente de la agencia de calificación Moody´s, Jaime Reusche, comentó recientemente: “hay países en la región donde siempre hay resistencia a las medidas de ajuste y reformas, algo que hemos considerado. Nos sorprendió la intensidad del ajuste fiscal (en Argentina), ya que esperábamos un mayor rechazo social, pero el ajuste ha avanzado mejor de lo esperado”.

Respecto de la tolerancia al ajuste, cabe preguntar entonces: ¿hasta dónde las frustraciones y expectativas de un futuro mejor llevan a una persona a tolerar el deterioro que se observa en la economía, en su vida personal o en la actividad de los pequeños y medianos empresarios? Si la ciudadanía no reacciona, el ajuste no tiene límite.

Retomando la cuestión del veto presidencial, la norma que aprobó el Congreso les devuelve a los jubilados el 8,1% que el gobierno les quitó al darles una actualización de sólo el 12,5%, por debajo del 20,6% de la inflación de enero. Además, establece que el haber mínimo no pueda ser menos que el 1,09 de la canasta básica total de una persona adulta, que marca la línea de pobreza. En tercer lugar, establece la actualización anual por salarios (50% de la diferencia de RIPTE) si éstos le ganan a la inflación. En definitiva, se propone lograr una mejora en los haberes si la economía crece. Considerar que es un “despilfarro” se asemeja a decir que los/as jubilados/as tienen ingresos suficientes para vivir dignamente.

Si el gobierno quisiera podría adoptar las medidas necesarias para generar los recursos por otras vías, aunque no es el caso. ¿Por qué bajaron las alícuotas para Bienes Personales? ¿Por qué realizan una regularización de activos casi sin costo a quien, como mínimo, cometió el delito de evasión fiscal? La explicación radica en que hay un gobierno que, aunque lo niegue, toma partido deliberadamente en la puja por la distribución de la renta y la riqueza.

En cuanto al veto, el Poder Ejecutivo está presionando para que no se logren los dos tercios necesarios para que el Parlamento insista con la ley. Desde el espacio del que formo parte sostendremos nuestra posición con toda firmeza y trabajaremos para que la sociedad tome como propia una norma que ya se aprobó por amplias mayorías.

Como primera respuesta al anuncio del gobierno de vetar la reforma jubilatoria, surgió una iniciativa muy importante para que lo sancionado por el Parlamento sea patrimonio del conjunto de la sociedad, y no de un sector o partido político: salir a conseguir un millón de firmas contra el veto y a favor de los jubilados. El objetivo es dar una respuesta popular lo más amplia posible a esta declarada intención del Poder Ejecutivo de vetar la ley.

Es imprescindible que haya una gran participación y movilización de la ciudadanía para que el Parlamento insista con la ley jubilatoria, y no prospere la postura del gobierno de seguir aplicando el ajuste sobre los haberes previsionales. «