Está disponible el cuarto informe que muestra la precariedad institucional del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y su articulación con el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El estudio comenzó a elaborarse a partir de un relevamiento que se realizó en 2022, en el marco del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos (RNCT).
Se trata de un trabajo que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene haciendo desde 2010, junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Un sistema selectivo
Entre muchas cosas, “el informe deja al descubierto que Poder Judicial se desentiende en todo momento de las condiciones de sobrevivencia en las que se encuentran las personas en las cárceles provinciales y, cuando interviene, lo hace de manera selectiva”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, a Tiempo.
Lo que produce el funcionamiento selectivo del sistema judicial penal: “Es que las personas detenidas terminan asumiendo que la intervención de los magistrados no es un recurso disponible para resolver las vulneraciones de los Derechos Humanos que sufren en las cárceles”, explicó el letrado.
Esto se traduce en la resignación en las personas “al padecimiento de la injusticia, es algo que quiebra a las y los cautivos, les hace creer que es lo que les corresponde, que esos malos tratos, torturas y muchas otras vulneraciones de derechos están bien”, detalló el secretario ejecutivo.
La parte maldita del Estado
Por eso realizaron este informe, “que es un estudio sobre el Poder Judicial y su articulación con el Servicio Penitenciario Bonaerense”, señaló el abogado. Es decir, “pusimos el foco en el aporte que hacen los órganos y agentes judiciales al sostenimiento del gobierno penitenciario mediante la práctica sistemática y multidimensional de la tortura”, denunció.
Cabe destacar que la RNCT ha publicado hasta el momento 12 informes anuales “con datos y análisis referidos al servicios penitenciarios bonaerense y federal”, enumeró el secretario ejecutivo. También estudiaron “el despliegue de las fuerzas policiales sobre los territorios de donde provienen las personas encarceladas”, remarcó.
Es un análisis cuantitativo y cualitativo de malos tratos en el cautiverio, a su vez, un recorte de los miles de casos de torturas “que relevamos con la PPN cuando realizamos nuestros monitoreos en los establecimientos de encierro de todo el país”, detalló.
Objetivo del informe
Por eso, el principal objetivo del relevamiento “fue describir y comprender las formas de comunicación, trato y vínculo que el Poder Judicial establece con las personas que se encuentran detenidas”, explicó el letrado. Como así también “sus funciones y desempeño ante malos tratos en términos de producción, control, reparación, persecución y sanción disciplinaria sobre esta población”, detalló.
El análisis realizado dejó al descubierto que el Poder Judicial “es el que genera las condiciones para que sucedan los malos tratos y las torturas”, denunció García. Lo hace convirtiendo las capturas policiales “en encarcelamiento masivo de personas”, aseveró.
Además, produce en forma directa hechos de torturas que son ejecutados por las penitenciarias, “esto sucede cuando los jueces ordenan aislamientos extremos, amenazan a las personas detenidas y también al disponer traslados a penales lejanos que generan afectaciones en los vínculos familiares”, finalizó.
El informe completo está disponible en este link.
