El gobierno de Javier Milei tiene la decisión de destruir al Estado y eliminar los derechos sociales.

Se mueve fuera de la Constitución Nacional y teje una alianza con las principales corporaciones empresarias, desde hace muchos años el sector más privilegiado de la Argentina.

La semana pasada, frente a un auditorio colmado de empresarios que apenas lo percibían en la penumbra, Milei anunció el despido de 70.000 estatales. Esa tragedia, que anunció en tono festivo, significa dejar a miles de personas sin su sustento en una economía que profundizó su deterioro por las políticas que aplicó desde su llegada a la Casa Rosada: devaluación y liberación de precios.

Pero, además, esto infringe un duro golpe a la sociedad. Los despidos se están produciendo en todas las áreas del Estado, lo que supone el fin de servicios muy importantes de cuya efectividad dependemos. Despidos en Anses que complican el cobro de las jubilaciones; en el Servicio Meteorológico, lo que impide prevenir los efectos de la crisis climática; en el control agroalimentario, que garantiza el origen y estado de los alimentos; en la reparación de las rutas nacionales.

Sólo eso genera graves problemas, pero también aplicó cesantías en el control del tráfico aéreo, en la investigación científica y tecnológica, en la prevención de accidentes de trabajo, en las áreas de salud y educación, en la agencia de noticias, y así podría detallarse cada sector del Estado diseñado para que la sociedad funcione. Porque de eso se trata, de personas que trabajan para hacer efectivos los derechos que debe garantizar el Estado.

En 1957 se incorporó a la Constitución Nacional el artículo 14 bis, que garantizó los derechos sociales, ausentes en la constitución liberal de 1853. En particular, se decidió otorgar estabilidad a las y los empleados públicos para que ya no puedan ser tomados como botín de guerra por los gobiernos de turno, que al asumir producían despidos masivos.

Es cierto que el Estado no suele ser todo lo eficaz que debe ser, pero eso depende más de políticas públicas y del presupuesto que de la voluntad de los empleados estatales.

Y lo que es seguro, eliminando sus funciones no mejorará el desempeño del Estado, todo lo contrario.

La no intervención estatal sólo permite que el más fuerte se imponga sobre el más débil.

El Estado ausente es el Estado a favor de los mismos que aplaudieron a Milei anunciando miles de despidos.

Y cuando el Estado está a favor de los poderosos, está en contra de su propio pueblo. «