El fiscal federal Germán Moldes apeló los sobreseimientos de cuatro trabajadores de prensa que habían sido detenidos mientras cubrían los disturbios posteriores a la manifestación pacífica del 1 de setiembre pasado en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Lo hizo, además, con una arenga en pos de sanciones legislativas más duras, que impidan las excarcelaciones cuando ocurran detenciones durante episodios violentos en marchas y protestas.

Moldes pidió a la Cámara de Casación que deje sin efecto los sobreseimientos de Ezequiel Hugo Medone y Juan Pablo Mourenza (de Antena Negra TV y DTL!, afiliados al gremio Sipreba), Carlos Eduardo Ardilla Guerra, fotógrafo de ATE, y Paola Barriga Montero, del centro cultural Marcelina Meneses. Según Moldes, no son trabajadores de prensa: “ninguno fue detenido por encontrarse desempeñando tareas como miembro de prensa, actividad o profesión que tampoco pudieron acreditar -más allá que se hayan secuestrado dos cámaras de fotos y un chaleco-, sino que sus descargos solo muestran sus intenciones de mejorar sus respectivas situaciones procesales y que sus detenciones obedecen a su acreditada participación activa en el coordinado ataque y enfrentamiento a las fuerzas del orden».


Según la visión del fiscal, los cuatro –procesados inicialmente por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y sobreseídos luego por la Cámara Federal- formaban parte de lo que denominó “una hueste violenta y peligrosa de sujetos pendencieros y agresivos organizados, encapuchados y blandiendo armas caseras o palos que se desplazan a voluntad por zonas aledañas a edificios públicos emblemáticos, agrediendo a todo lo que se les oponga, especialmente si se trata de agentes de las fuerzas de seguridad, y destrozando bienes materiales públicos –plazas, monumentos– de manera de generar e incrementar el caos social».

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«La única forma de evitar que esto suceda es diseñando nuevas leyes”, exhortó el fiscal. Moldes es el representante del Ministerio Público que en los últimos tiempos desistió de las apelaciones contra el sobreseimiento del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en la causa en la que fue “investigado” por presuntamente favorecer a un estudio de abogados en Nueva York que integraba un hermano y que intervino en seis colocaciones de deuda externa desde que asumió el gobierno de Cambiemos. También consintió que quedaran firmes los sobreseimientos de Mauricio Macri en los “Panamá Papers”; del titular de la AFI, Gustavo Arribas, por presuntos pagos ilegales de la multinacional brasileña Odebretch, y de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y la difunta Ernestina Herrera de Noble por supuestos delitos de lesa humanidad en el traspaso de Papel Prensa en los albores de la última dictadura.

La nueva legislación, que –admite Moldes- corresponde a otros poderes del estado, deberá contemplar “como causales de impedimento de la excarcelación o la soltura anticipada el participar de estos actos disimulando la identidad –mintiendo sobre ella, encubriéndola o usando algún artilugio de similar consecuencia-; concurrir munidos de palos, armas caseras, ‘armas tumberas’ u otros objetos similares; participar en una agresión orquestada y premeditada generando daños a las personas y a los bienes públicos o privados».

Y, en ese contexto, calificó indirectamente como “malos jueces” a por lo menos tres jueces federales (Martínez de Giorgi, Claudio Bonadio y Sergio Torres) que excarcelaron a los manifestantes de aquella marcha y a los de las protestas de la última semana contra la ley de reforma previsional. Así, opinó en su dictamen, de cuatro páginas: «La redacción de las normas que impetramos, aún a riesgo de recaer en cierta dosis de casuismo, no debería dejar margen para que algunos malos jueces enrolados en la dañina doctrina del ‘garantismo’ –que no es más que el abolicionismo del derecho penal presentado y servido con edulcorante- conviertan esas leyes en papel mojado y continúen con el festival de liberaciones de aquellos que muy pronto volverán a agredir a la sociedad y a tratar de conmover el Estado de Derecho».