Un juez del estado de Washington suspendió el veto impuesto por el presidente de Estados Unidos a los inmigrantes y refugiados de siete países de mayoría musulmana (Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia), en un fuerte revés para el gobierno norteamericano. La sentencia del juez federal James Robart prohíbe a los funcionarios federales de todo el país aplicar el decreto de Trump.

Tras conocer el dictamen, el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, afirmó: “La ley es algo poderoso. Tiene la capacidad de pedir cuentas a todo el mundo, y eso incluye al presidente de Estados Unidos. Hoy ha prevalecido la Constitución. Nadie está por encima de la ley”. Además agregó que espera que el presidente Trump “cumpla con esta orden” y que detenga la aplicación de esta medida en los puntos de entrada al país.

En contraste, la Casa Blanca anunció a través del Departamento de Justicia que apelará el dictamen «lo antes posible» ya que consideran que el decreto migratorio es “legal y adecuado”. Sean Spicer, portavoz gubernamental, defendió la medida que ya lleva una semana con el argumento de que es su responsabilidad “proteger el territorio nacional y (el presidente) cuenta con la autoridad y la responsabilidad constitucional de proteger al pueblo americano”.

El fallo obligó a la Casa Blanca a comunicar a las aerolíneas que ya pueden aceptar de nuevo a todos los pasajeros, aunque aclaró que presentarán «cuanto antes» una apelación para restituir el veto que, a su juicio, es «legal y apropiado”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos, la agencia federal encargada de la inmigración, informó a las aerolíneas que los visados de ciudadanos de los países en cuestión vuelven a ser válidos y que deben aceptar a esos pasajeros en sus vuelos. El gobierno federal asegura que el decreto supuso la cancelación de casi 60.000 visados y los solicitantes de entrada en el país deberán comenzar su proceso nuevamente.
La CBP informó a las compañías que los poseedores de una visado de refugiado también tienen autorizada la entrada, según explicó a la CNN una de las compañías aéreas.

Primer escollo judicial
Este bloqueo judicial supone el primer escollo de importancia para el gobierno Trump y una victoria política para los demócratas, cuyos fiscales generales en los estados de Washington y Minnesota interpusieron la demanda que provocó hoy la suspensión.

El responsable del fallo que paralizó el polémico y xenófobo decreto fue el juez federal James Robart, con tribunal en Seattle, Washington, cuya medida posee efecto inmediato sobre todo el país. Esa suspensión es temporal y rige hasta que el mismo Robart tome una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden presidencial o hasta que una instancia judicial superior a la que acuda el gobierno, como el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno o el Tribunal Supremo como último recurso, decida levantarla.

Robart, que fue nominado por el presidente George W. Bush, apuntó en su fallo que las «circunstancias presentadas» ante él «son tales que requieren una intervención para cumplir con el orden constitucional».

Aunque la reacción de la Casa Blanca se demoró cerca de cuatro horas, la de Trump no se hizo esperar y como ya es habitual lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter: «¡Tenemos que mantener al ‘diablo’ alejado de nuestro país!».

Con su orden ejecutiva Trump había suspendido durante 90 días la emisión de visados a los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana afectados y durante otros 120 días el programa de acogida de refugiados.