El partido ultraderechista español Vox quedó implicado en un escándalo cuando uno de sus integrantes fue detenido bajo el cargo de abuso sexual contra al menos un interno de un centro de discapacitados de la provincia catalana de Lleida. El hecho causó una pequeña crisis dentro del partido xenófobo y franquista que corre a la derecha del todo el espectro político de la península, ya que José Antonio Ortiz Cambray figuraba como presidente de la agrupación en ese distrito e incluso fue candidato. Vox, sin embargo, en un primer momento optó por desconocerlo.

Ironías del destino: la mejor herramienta para el acelerado crecimiento de la agrupación que lidera Santiago Abascal, las redes sociales, fueron también el instrumento para enterrar el discurso evasivo de la dirigencia «voxista», ya que inmediatamente de copnocido el caso comenzaron a circular videos y registros en que el sospechoso demostraba su relación con el partido que se presenta como un hálito de pureza en un sistema político atravesado por la corrupción generalizada.

Los Mossos d´Esquadra, la policía catalana, acudieron ante una denuncia de las autoridades de la Fundación Aspros, responsable del centro de atención a discapacitados de Lleida (Lérida para los españolistas). Los médicos habían observado comportamientos fuera de lo común en uno de los internos. Los mossos incautaron el celular del muchacho -se ignora la edad aunque se confirmó que es mayor de edad- y comprobaron reiterados mensajes con Ortiz Cambray. Sobre todo, mensajes de contenido sexual explícito.

No se sabe si alguna información le había llegado al acusado y buscó una tangente por la que desviar la atención, pero justo este lunes Ortiz Cambray había presentado una denuncia en la fiscalía local por la aparición de varios muñecos de la altura de un hombre, colgados de un puente de la autopista de ingreso a la ciudad en su cruce con la calle Cos-Gayón.

Los muñecos tenían las siglas de los partidos y los rostros de representantes de Ciudadanos, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista Catalán (la versión catalana del PSOE) y Vox. Junto a ellos había pancartas que decían «Todos los Partidos del régimen serán culpables del encarcelamiento» y «Absoluciones Pablo Hasél amnistía total».

Hasel es un rapero de 31 años condenado varias veces a prisión por el contenido de sus letras. En 2014 fue sentenciado a dos años  por apología del terrorismo y luego fue arrestado acusado de atacar un desfile del partido de extrema derecha Plataforma per Catalunya (PxC). En septiembre pasado recibió otra condena, a nueve años, por blasfemar contra la monarquía en otra de sus canciones.

Ostentando el cargo de presidente de Vox de Lleida, Ortiz Cambray denunció el caso como «delito de odio». El dirigente conocía bastante bien a Hasel ya que formó parte de PxC y fue candidato a alcalde. Los monigotes habían aparecido el miércoles anterior, pero todo indica que la fiscalía recién abrió una investigación cuando presentó su denuncia.

A esta altura, la suerte del hombre ya estaba echada y este martes un partida de mossos llegó hasta su trabajo, en una concesionaria de autos del barrio de Cappont y se lo llevó detenido.

La acusación es que abusó del discapacitado neurológico al que, presumiblemente, le pagaba por servicios sexuales. Investigan también si es el único interno que habría sufrido abuso o hay algún otro.

Al circular la información, obviamente desde todo el arco político saltaron sobre Vox, que creció al calor del descrédito del PP, envuelto en el escándalo por la financiación ilegal durante el gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, Abascal era miembro del PP y formó una nueva agrupación en 2013, acusando a la dirigencia conservadora -en ese momento en el Palacio de La Moncloa- por los tortuosos manejos económicos de sus integrantes.

A fines del año pasado, Vox dio el batacazo en Andalucía al sumar 12 escaños para el parlamento local. No son determinantes para aspirar al ejecutivo, pero si para ser necesarios en cualquier alianza, fundamentalmente porque por primera vez desde el retorno de la democracia a España, el PSOE perdió la elección en manos de agrupaciones de centro derecha.

Golpeados debajo de la línea de flotación, desde el entorno de Abascal salieron pronto a despegarse de Ortiz Cambray. Luego, cuando las evidencia ya resultaban incontrastables -es difícil evadirse de lo que circula en las redes sociales- intentaron, a través de Twitter, desmarcarse aludiendo a que «el señor Ortiz no ocupa ningún cargo de responsabilidad dentro del partido y es tan sólo un militante de base».

Anunciaron entonces que hasta que la cosa se aclare, habían suspendido al sospechoso. Pero como tampoco podían desmentir que fungía como titular del partido a nivel local, dijeron que -ahora- llevarían «al señor Ortiz al Comité de Garantías (de Vox) por presentarse ante la opinión pública como presidente de la formación en Lérida. Una presentación que ha hecho siempre de forma personal y a través de sus redes sociales».

Finalmente ruegan a los medios de comunicación «que se han hecho eco de esa información falsa a que rectifiquen sus informaciones al respecto y consideren al señor Ortiz como un afiliado de base».