Un detenido se cortó las venas e intentó ahorcarse y dejó una carta en su celda del pabellón «C», módulo VI, del Complejo Peniotenciario Federal 1 de Ezeiza. En este sector de la cárcel alojan presos que están por narcotráfico y narcocriminalidad. Sucedió tras la reciente resolución de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, que endurece aún más el Sistema Integral de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo (SIPPLAR), que implementó desde que empezó su gestión.
Se trata de Daniel Marco, de unos 50 años, que el viernes pasado se cortó las venas e intentó ahorcarse con una camisa -una prenda de la nueva ropa estigmatizante- de las que les proveyeron a todos los internos del módulo VI. Dejó una carta donde -según contaron los detenidos- escribió que no aguantaba más el régimen SIGPPLAR. Pero afirman no se sabe con certeza todo el contenido, «porque el escrito fue secuestrado por la Policía Científica».
Los detenidos se dieron cuenta del intento de suicidio del hombre y avisaron a los penitenciarios: «entonces abrieron las puertas y lo llevaron al hospital de la zona». La víctima tiene defensor oficial y su familia reclaman «el cese del sistema torturador». Los presos que permanecen en huelga de hambre publicaron una carta con un pedido desesperado.
Una medida contradictoria a la Ley
Fabio Galante, es abogado de Mario Roberto Segovia, conocido como «Rey de la Efedrina»; Alionzo Rutillo «Ruti» Ramos Mariños, relacionado a la venta de drogas en la Villa 31 bis; también de Ignacio «Ojito» Actis Caporale, piloto de carreras automovilísticas acusado de enviar ocho kilos de cocaína a la ciudad de Salamanca, España. Todos ellos se encuentran en el módulo VI, pabellón «C», de la cárcel de Ezeiza, donde muchos permanecen en huelga de hambre, para reclamar que se cumplan sus derechos.
«Marco permanece internado en estado muy grave desde el viernes, luego de que la ministra anunciara las nuevas medidas el miércoles pasado. Su estado es delicado, porque cuando se cortó las venas e intentó ahorcarse, se quedó sin oxígeno en la cabeza. Antes de intentar suicidarse, escribió una carta que fue secuestrada por la Policía Científica. Mis tres defendidos están en el mismo pabellón en el que estaba la víctima», reconstruyó Galante, en diálogo con Tiempo.
«La ministra de seguridad endureció aún más el Sistema Integral de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo, prohibiendo la visita de contacto y suspendiendo las visitas íntimas o conyugales. Son derechos que resultan elementales y se encuentran legislados por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660)», argumentó el letrado.
Continuó: «la Ley 24.660, promulgada en 1996, establece un marco legal para la ejecución de la pena privativa de la libertad, asegurando derechos fundamentales a los reclusos, incluyendo visitas de contacto regular y visitas íntimas o conyugales».
Y fundamentó: «estas disposiciones buscan promover la rehabilitación social de los internos, facilitando lazos familiares y afectivos que son esenciales para la reintegración de estas personas en la sociedad».
Sin embargo, la reciente decisión de la ministra de seguridad introdujo cambios significativos en este ámbito: «la nueva prohibición de las visitas de contacto y la suspensión de las visitas íntimas o conyugales, han generado una controversia considerable», aseguró el abogado.
Derechos Humanos en cárceles
«Mientras que estas medidas se justifican desde una perspectiva de seguridad y control dentro de los centros penitenciarios -señaló el letrado-, también suscitan interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad y Derechos Humanos en el contexto penitenciario».
La ministra, en su declaración, sostuvo que la prioridad es garantizar la seguridad de todos los involucrados, tanto del personal penitenciario como de los propios reclusos: «subrayó que se están tomando todas las precauciones necesarias para prevenir cualquier incidente que pueda poner en peligro la vida y la integridad física de las personas».
Galante completó: «hay muchas presentaciones judiciales realizadas por organizaciones de Derechos Humanos y familiares de los reclusos, en las que expresan su preocupación y hacen un llamado a revisar estas políticas. Explican que las visitas íntimas y de contacto son cruciales para el bienestar emocional de los privados de libertad y que su eliminación podría agravar aún más las tensiones dentro de las cárceles».
«Los defensores del resto de los detenidos del módulo VI, consideran que los derechos otorgados por Ley no pueden ser restringidos por resoluciones administrativas. Ello, en función de que resultan de menor jerarquía y van en sentido contrario de la propia Ley que regula. Por eso, lo que hizo la ministra resulta irracional e inconstitucional», apuntó.
Reclamo por las visitas
En este contexto, remarca, «es fundamental analizar el impacto real de estas medidas en la vida diaria de los reclusos. La prohibición de las visitas de contacto y la suspensión de las visitas íntimas o conyugales, no solo afecta a los internos, sino también a sus familias, que desempeñan un papel crucial en el proceso de rehabilitación y reintegración social. La relación con sus seres queridos es, en muchos casos, el único vínculo que mantiene viva la esperanza y el compromiso de los reclusos de poder tener una mejor vida, que sea productiva fuera de los muros de la cárcel».
Además, la implementación de estas medidas restrictivas genera un aumento de la tensión y la violencia dentro de los centros penitenciarios, «al privar a los internos de uno de los pocos elementos positivos en su vida cotidiana en el encierro».
Continuó argumentando: «la experiencia internacional ha demostrado que el fortalecimiento de los lazos familiares y afectivos contribuye significativamente a la reducción de la reincidencia. También a mejorar el comportamiento de los reclusos durante su tiempo en prisión».
«Es imperativo que el debate sobre la seguridad penitenciaria se lleve a cabo de manera equilibrada, teniendo en cuenta tanto las necesidades de control y prevención de incidentes como los Derechos Humanos fundamentales de los privados de libertad. Las políticas públicas deben buscar soluciones que integren ambos aspectos, promoviendo un entorno seguro y, al mismo tiempo, respetuoso de la dignidad humana y los derechos de todos los individuos involucrados», cerró Galante.
Integridad física y psicológica de los detenidos
Gisela Itatí Ortega es la esposa de Mario Roberto Segovia: «expreso mi preocupación y denuncio la grave situación que atraviesan los internos del Penal de Ezeiza, en especial en el módulo 6, donde se han impuesto medidas extremas que vulneran sus derechos fundamentales y ponen en riesgo su integridad física y psicológica».
«Desde el miércoles de la semana pasada, se ha prohibido el acceso a visitas sin previo aviso, lo que ha generado angustia tanto en los internos como en sus familias. Además, han sido sometidos a un encierro de 20 horas diarias en condiciones deplorables, sin acceso a elementos básicos, como ser, libros, diarios o revistas. A esto, se suma la restricción de llamadas telefónicas, permitiéndoles comunicarse con sus seres queridos solo una vez por semana», detalló Ortega.
«Pero lo más alarmante –acotó– es la falta absoluta de atención médica. Mi esposo, quien se encuentra en el módulo 6, padece problemas de salud desde hace muchos años, los cuales se han agravado debido a la negligencia penitenciaria. No recibe atención médica ni seguimiento, a pesar de tener una afección renal severa y problemas de presión arterial».
La primera causa de muerte en todas las cárceles del país es por la falta de acceso a la salud. Son muertes que se podrían evitar. Así lo indican todos los informes elaborados por los organismos de Derechos Humanos.
«La situación se ha vuelto aún más crítica en el último año, bajo la gestión de la ministra Patricia Bullrich, quien ha expresado públicamente -repasó la mujer- que si los internos deben morir, que mueran. Estas declaraciones no solo son inaceptables, sino que están teniendo consecuencias reales dentro del sistema penitenciario».
Condiciones de vida inhumanas
Ortega apuntó que las condiciones de vida en el módulo 6 «son inhumanas: el agua está contaminada con gusanos, y se prohíbe tanto la compra de alimentos como la entrega de comida por parte de los familiares. Esto representa un atentado contra la dignidad y la salud de los internos, que no cuentan con los medios básicos para una subsistencia digna».
Continuó: «Mi esposo ya ha cumplido casi la totalidad de su condena y, en lugar de estar en una colonia o en libertad, sigue sometido a este trato degradante. Lo tienen aislado, sin contacto con materiales de lectura ni ningún tipo de estímulo».
La situación contradice a la Constitución Nacional y a todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Argentina. Incluso, el país podría recibir sanciones de los Tribunales Internacionales.
Modelo penitenciario de Bukele
«No podemos permitir que las cárceles se conviertan en espacios de castigo extremo, siguiendo un modelo autoritario y de tortura como el de Bukele. La privación de la libertad no debe significar la negación de derechos básicos, y mucho menos la exposición a condiciones que ponen en riesgo la vida», reclamó Ortega.
«Exijo con extrema urgencia la intervención de la Justicia Federal. La restitución de las visitas y un régimen de comunicación adecuado con los familiares. Atención médica inmediata y continua para todos los internos que lo requieran», enfatizó la mujer.
Y mencionó también el acceso a agua potable y alimentación adecuada, «eliminando las restricciones arbitrarias. Condiciones de detención dignas, que incluyan acceso a materiales de lectura y actividades recreativas».
