Desde hace ya un tiempo, el Gobierno de la Ciudad empezó a retroceder sobre los postulados de la Ley N° 1854 (Ley de Basura Cero, reglamentada en 2007), principalmente en lo que respecta al tema de la no incineración de residuos. El Ejecutivo retomó el debate en torno a la aplicación de tecnologías aptas que disminuyan la contaminación del ambiente, ante una inminente necesidad de incinerar la basura. Sin embargo, muchas organizaciones ambientalistas advierten que esta regresión significaría un retorno a políticas anacrónicas de alto impacto ambiental negativo.
Hace tres años, el Gobierno de la Ciudad invitó a un grupo de legisladores entre los que me encontraba a reuniones en ciudades donde se desarrollaba este proceso, con la idea de instalar el concepto de que existe un 10% de residuos sólidos imposibles de eliminar en los procesos habituales. En el caso porteño, estamos ante un fracaso de la política de Basura Cero, donde nuestra ciudad no cuenta con las herramientas necesarias como para proceder a una incineración en términos «amigables» en lo ambiental. Lo que determinó la crisis en la implementación de esta ley fue la falta de campañas de concientización y capacitación de separación en origen. Hoy en día, la mayoría de los porteños no sabe cómo hacerlo, ni para qué sirve. Si no saben qué es reciclable y qué no, la responsabilidad es del Estado. Por otra parte, este intento de reavivar la disputa se debe a un déficit en el espacio disponible para el enterramiento de la basura, donde los plazos son cada vez más cortos. Y por último, lo otro que preocupa es qué sucedería con la situación de los recuperadores urbanos antiguamente denominados cartoneros, que dependen de este esquema y sobreviven del mismo. ¿Cuál sería el futuro para todas aquellas cooperativas que se dedican a la separación de residuos?
Habrá que esperar por las soluciones que el Estado dará en torno a esta discusión que se viene. «
*Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
