Con el pretexto de incorporar la perspectiva de género, el bloque oficialista presentó preocupantes modificaciones al Código Contravencional de la Ciudad, que dan cuenta de la mirada punitivista que tiene el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre sectores históricamente vulnerados, fortaleciendo además la discrecionalidad en el accionar de la Policía de la Ciudad.
Si bien incluye un agravante en la figura de acoso callejero, la propuesta que el Ejecutivo Porteño presentó a la Legislatura aprovecha para crear nuevas figuras contravencionales, buscando avanzar otra vez contra los cuidacoches y ahora también, contra los limpiavidrios. Además establece agravantes en caso de ruidos molestos, incorpora la posibilidad de arresto y agrava otras sanciones, como multas y trabajo de utilidad pública.
Esta iniciativa disciplinadora y estigmatizante se enmarca en un proceso de ajuste que golpea alos sectores populares. Mientras el oficialismo se niega a debatir la problemática de las tarifas, de las pymes y del creciente desempleo, que afecta especialmente a los jóvenes y a las mujeres, se propone avanzar contra las distintas formas de generación de ingreso en el espacio público de aquellos sectores menos favorecidos.
En los últimos días recrudeció la persecución y represión hacia los vendedores ambulantes. Lo que nunca aparece es la búsqueda de una solución no violenta que permita regularizar la situación laboral de esos vendedores. De hecho, sucede todo lo contrario. A fines de 2011, la oposición logró alcanzar los 31 votos necesarios para regular la actividad de los cuidacoches, mediante la creación de un registro, pero Mauricio Macri, que por entonces se desempeñaba como jefe de Gobierno, la vetó unos días después.
Por otro lado, y una vez más, la coalición de gobierno busca a través de estos cambios prohibir la actividad de los cuidacoches en la Ciudad. La propuesta no es nueva, ya que en reiteradas oportunidades el oficialismo intentó avanzar en este sentido, pero siempre encontró gran resistencia en la oposición. Esta vez se propone además avanzar contra los limpiavidrios, incorporando «la limpieza de vidrios de cualquier tipo de automotor en la vía pública» como una nueva figura contravencional.
Pero no sólo los vendedores ambulantes, especialmente los de origen senegalés, los cuidacoches y los limpiavidrios son blanco del accionar represivo de la Policía de Larreta. El Gobierno de la Ciudad actualmente utiliza la figura contravencional de ruidos molestos para perseguir también a artistas callejeros y aplicar clausuras y multas discrecionales a los espacios culturales autogestivos. A su vez, este sector continúa reclamando la implementación de la Ley de Centros Culturales por las trabas que el propio gobierno porteño le ha impuesto para su funcionamiento.
Además del agravamiento en las sanciones, la modificación propuesta por el Ejecutivodel Código Contravencional incluye la incorporación de la figura de «ruidos molestos provenientes de la vía pública», habilitando la posibilidad de aplicar la sanción de arresto de uno a cinco a días. En este sentido, el gobierno de Rodríguez Larreta ha demostrado tener una clara vocación política por perseguir a los sectores culturales pero se ha negado sistemáticamente a brindarles soluciones reales.
Ahora, el Gobierno de la Ciudad está intentando hacer pasar medidas punitivistas que sólo conducirán a un recrudecimiento de la violencia institucional, con el disfraz de la inclusión de la perspectiva de género en el Código Contravenciona, porque sabe que de otra manera generarían un amplio repudio.
El vaciamiento de los programas de asistencia a víctimas de violencia de género, la falta de implementación de la Ley Brisa y el creciente recrudecimiento de las prácticas represivas direccionadas hacia las mujeres, lesbianas y a la comunidad travesti y transexual en la vía pública, son una clara expresión de la política punitivista y estigmatizadora del gobierno porteño, que poco y nada tiene de perspectiva de género. Sin embargo, Rodríguez Larreta presenta ahora un proyecto que supuestamente pretende incorporar perspectiva de género al Código Contravencional, pero que no sólo carece de una perspectiva de género seria, sino que se sirve del movimiento de mujeres como excusa para poder aplicar políticas cada vez más represivas sobre los sectores más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires.
