Rodeada de representantes de ONGs y sin ningún legislador en la sala. La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, eligió ese cuadro para presentar el jueves los decretos del presidente Mauricio Macri para regular los conflictos de intereses entre las empresas y el Estado. Fue la respuesta oficial tras los escándalos del Correo y Avianca. Los diputados de la oposición criticaron estos llamados «decretos de integridad» por inconstitucionales y pidieron que se respete la instancia legislativa.
Si bien el Congreso quedó fuera de la discusión, la funcionaria apeló a la participación ciudadana: desde la web de la OA se invita a los interesados a enviar por mail su opinión sobre los decretos que, en todos sus encabezados, llevan la palabra «borrador».
La titular de la OA presentó la nueva normativa rodeada de «especialistas en transparencia» que incorporaron «aportes y sugerencias» a los decretos de Macri. Hubo integrantes de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, el Colegio de Abogados de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y el estudio de abogados Marval OFarrell y Mairal, uno de los redactores de los decretos. También la acompañaron tres actores clave, según lo dictamina el propio Código Penal para estos temas: el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el síndico general de la Nación, Ignacio Rial; y el procurador general del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín.
Alonso debía concurrir este martes a la Comisión de Comunicaciones e Informática, presidida por el massista Juan Brugg. Sin embargo, su visita quedó postergada para el 21 de marzo por problemas de agenda.
Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista, cuestionó el camino de regulación elegido por el gobierno. «No es que esto pasó porque no hay leyes. En el escándalo del Correo, (Oscar) Aguad tenía la obligación de dar participación a la Sigen para que controle y no lo hizo», sostuvo. Y agregó: «Ya existe una ley de Ética Pública, hay delitos especificados, un esquema normativo que va desde la ética hasta lo delictivo en el Código Penal. Es ilógico que los mecanismos de control los tenga que definir el Ejecutivo», opinó. También criticó el listado de ONGs intervinientes en la elaboración de los decretos. «¿Para qué buscan la opinión de estas organizaciones? ¿Para transparentar o para que los legitimen? ¿Y quién tiene el criterio para definir cuáles son los integrantes de esta lista cerrada?», preguntó.
Por su parte, el diputado Guillermo Carmona (FpV), autor de uno de los proyectos de ley que intenta frenar la injerencia de los CEO en el gobierno, sostuvo que «la emisión de dos decretos por parte del PEN es inconstitucional». Y advirtió: «Es el Congreso quien debe dictar la Ley de Ética Pública. ¿Quién puede creer que Macri se autolimite a esta altura? Alonso ha demostrado ser la funcionaria más funcional a los intereses de los grupos concentrados».
Por su parte, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat sostuvo que Macri quiere esquivar el Congreso «para zafar de los reproches penales porque la inconstitucionalidad de tener negocios en ejercicio de la función pública no puede ser excusada vía decreto. Subrepticiamente está legislando en materia penal, en particular sobre el artículo 99 inciso 3 de la Constitución». «Con estos borradores de decretos toman intervención quienes ya están por reglamentación legal obligados a hacerlo.
Desde el Frente Renovador, la diputada Liliana Schwindt, presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, opinó que esta legislación «no puede resolverse por decreto, debe pasar por el Congreso». En tanto, sus pares Graciela Camaño y Brügge propondrán recrear la comisión de Ética Pública, integrada por representantes de organizaciones intermedias para hacer cumplir la Ley de Ética Pública y quitarle esa misión a la OA, cuya autoridad es elegida por el presidente de turno. «
