El 10 de abril tomó estado público un comunicado del Plenario del Sindicalismo Combativo que agrupa a los sindicatos, comisiones internas y delegados referenciados en la izquierda. Descollan el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, la Unión Ferroviaria de Haedo, la Asociación Gremial Docente de la UBA, el Ceramista del Neuquén, el sindicato médico de la Provincia de Buenos Aires, la CICOP, y, entre otros, los sindicatos docentes como el Suteba La Matanza y el porteño Ademys.

Un día después, el sábado 11, se sumó la declaración que, con el título de “Solo el pueblo salva al pueblo”, publicó la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) liderada por la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y el sindicato de docentes privados SADOP junto con otras 25 entidades gremiales referenciadas en el kirchnerismo.

Por último, el domingo, mediante una solicitada manifestaron su opinión más de 50 federaciones, sindicatos y organizaciones sociales liderados por la Federación de Aceiteros, la CTA Autónoma de Ricardo Peidró, Ate Nacional, la Federación de Empleados Marítimos, CONADU (H) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. El título elegido, “Nadie se salva solo”, parafrasea las declaraciones del Papa Francisco frente al CoVid19.

Los tres bloques sindicales, que en conjunto agrupan a un centenar de entidades gremiales, tributan políticamente en corrientes divergentes pero coinciden en su oposición con la conducción de la CGT y, en particular, con el binomio integrado por Héctor Daer y Carlos Acuña que, por otra parte, no emitió declaración escrita alguna desde que la epidemia llegó a la Argentina. Sus posiciones se expresaron a través de una conferencia de prensa y de declaraciones mediáticas y twits del propio Héctor Daer.

La tercera de las declaraciones, la más representativa, contó con el aval de la FeMPINRA liderada por el ex triunviro Juan Carlos Schmid y agrupó también a sindicatos vinculados con la CTA Autónoma de Ricardo Peidró y Hugo “Cachorro” Godoy, referenciados en la Unidad Popular de Caludio Lozano y Víctor De Gennaro. Se trata de un agrupamiento históricamente opositor al peronismo y al kirchnerismo pero que se alineó detrás de la candidatura de Alberto Fernández.

Más firmeza del Estado

Con marcados matices con relación al posicionamiento frente al gobierno, coincidieron en apuntar contra la cartera laboral y criticaron su flexibilidad frente a los despidos y rebajas salariales que imponen las patronales pasando por arriba o forzando el decreto de prohibición de despidos. La CFT, por caso,  si bien considera que las medidas oficiales “son las mejores acciones para el bienestar de los argentinos” destaca que ven “con mucha preocupación que el número de despedidos supere con holgura la cantidad de infectados por el COVID-19”. Y denuncia “la conducta de empresarios codiciosos que, lejos de contribuir, agudizan la crisis”.

En esa línea alertan que la política oficial “no impide que a diario se produzcan cientos de despidos ‘por goteo’”  que se explican “por falta de controles efectivos y la invisibilidad de los mismos en los registros oficiales”.

El Plenario del Sindicalismo Combativo, más duro, rechazó “las declaraciones del gobierno nacional que ha anunciado su decisión de flexibilizar la cuarentena, aun cuando todos los especialistas y expertos desaconsejan esa medida”. En esa línea, sostienen que «el gobierno de Alberto Fernández favorece a los capitalistas y las prepagas de la Salud, no realiza testeos masivos, ni toma una medida elemental para combatir el virus: centralizar todo el sistema de hospitales estatales, clínicas privadas y de obras sociales a cargo del estado”.

Para los sindicatos de izquierda “la ‘apertura de la economía’ es impulsada por los empresarios que priorizan sus ganancias sobre la salud de los trabajadores, con despidos, suspensiones y reducciones salariales” y, coinciden, en que “el decreto del gobierno que ‘prohíbe los despidos’ no frenó a las patronales”. Además, alertan, que la norma “habilita a suspender con rebajas salariales”.

En la misma línea, la declaración “Nadie se salva solo” criticó que “los Ministerios de Trabajo y de Salud no llegan dentro de las fábricas y de los lugares de trabajo, donde los trabajadores y trabajadoras sólo cuentan con la representación sindical”. Al igual que los otros sectores denuncian que “los empresarios repiten una vieja receta: la reducción salarial o el despido”.

Para esos gremios, ese hecho transforma en “letra muerta” los decretos de emergencia y la legislación laboral. Por eso, señalan, “exigimos la intensificación de la intervención del Estado en la protección del trabajo” y, al mismo tiempo, “acciones concretas” para que “aquellos que especulan con las necesidades de la sociedad para sacar una mayor ventaja” sean “sancionados e intervenidos”. Caso contrario, aseguran, “las medidas que buscan proteger a los trabajadores sólo quedarán como un catálogo de buenas intenciones, y todos los esfuerzos del PEN no podrán evitar una mayor profundización de la crisis”.

Del mismo modo la CFT reclaman a las autoridades “acciones más enérgicas contra todos aquellos que especulan con las necesidades de la sociedad”.

En esa línea, la declaración del Plenario del Sindicalismo Combativo va más a fondo y plantea que “el gobierno debe garantizar que las patronales paguen los compromisos salariales integralmente”. Para eso proponen que “se abran los libros contables de las empresas al control de los trabajadores para examinar costos, precios y prioridad salarial”. Por el lado de las sanciones exigen la “estatización de toda empresa que cierre, despida o no pague salarios garantizando su continuidad bajo control de sus trabajadores” así como la “asistencia estatal a las cooperativas y gestiones obreras”.

Un reclamo contra los bancos, el FMI, los acreedores y los grandes capitalistas

Para los sindicatos liderados por Sergio Palazzo “el Estado debe obligar a los bancos a cumplir rápidamente las normas de apoyo crediticio a las Pymes”. En la misma línea alertan sobre la “inviabilidad” de la Argentina “si las más grandes empresas y bancos siguen siendo propiedad de multinacionales extranjeras, si las empresas que prestan servicios públicos son manejadas por capitales e intereses privados y si la especulación financiera es más rentable que la producción”

La CFT señaló que “respaldamos activamente la iniciativa de nuestros parlamentarios que impulsan un impuesto de emergencia sobre las grandes fortunas, como inicio de la reforma tributaria que la Argentina necesita para que las crisis”. Ese agrupamiento plantea ir “hacia el control del sistema financiero, los servicios públicos y el comercio exterior, sectores absolutamente estratégicos”

La declaración “Nadie se salva solo” destaca que “compañías eléctricas, gasíferas, agroexportadoras, concesionarias de peaje, bancos, han acumulado grandes ganancias y no han hecho ningún aporte en la emergencia”. Para las 50 organizaciones “la crisis adquiere una velocidad que no tolera respuestas a medias tintas”.

En momentos en que se discute un impuesto sobre los grandes patrimonios en el Congreso, el PSC propone “un impuesto progresivo a las grandes fortunas y rentas (bancos, multinacionales y grandes empresarios)”. Pero, además, brega por “la nacionalización de los hidrocarburos, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos, para afrontar la crisis en el marco de un plan económico al servicio y bajo control de los trabajadores”. Con todo, a diferencia de las otras dos declaraciones, no pasa por alto que “el gobierno sigue priorizando el pago de la deuda externa usuraria al FMI y a los fondos buitre”. Por eso, señala que “esos fondos y todos los que sean necesarios deben estar para garantizar los salarios, la Salud y las necesidades básicas de la población”.