Eran las 7:30 del 14 de noviembre de 2017 cuando se produjo la última comunicación con el ARA San Juan, que retornaba con 44 submarinistas a bordo desde Ushuaia a la Base Naval de Mar del Plata. Recién dos días después se dio a conocer el primer comunicado oficial de la Armada admitiendo su desaparición, dando inicio al protocolo de “búsqueda y rescate” e inaugurando una trama de desinformación que sigue hasta hoy.

Desde el primer momento, la principal hipótesis de un accidente apuntó al ingreso de agua por el sistema de snorkel del submarino, que habría provocado un incendio en las baterías, posibilidad que el vocero de la Armada, Enrique Balbi (nombrado la semana pasada agregado naval en la embajada argentina en los Estados Unidos), relativizó durante doce días, antes de confirmarla.

Las primeras dos semanas vieron desplegarse en el Atlántico, a la altura del golfo San Jorge –última ubicación conocida del San Juan– un enorme operativo de búsqueda con barcos, aviones y avanzados dispositivos de prospección submarina aportados por seis países, ayuda internacional de la que el gobierno se ufanó repetidamente (pero que forma parte del protocolo del Ismerlo, la Oficina Internacional para el Rescate y Escape de Submarinos), y que se desvaneció apenas cumplido el lapso prescripto para este tipo de operaciones.

Ocho días después de la desaparición, un informe generado por la triangulación de sonares de la Organización del Tratado para la Prohibición de Ensayos Nucleares, con sede en Viena, se confirmó la detección de una “anomalía hidroacústica” el día 15, tres horas después de la última comunicación del submarino, en esa zona del océano, “consistente con una explosión”, o una implosión, efecto que produciría la presión del agua sobre la nave a esa profundidad.

El 30 de noviembre, Balbi anunció que la fase de búsqueda y rescate se daba por finalizada, un tremendo golpe a las esperanzas de los familiares reunidos en la Base Naval de Mar del Plata. Sin decirlo, la Armada consideraba que ya no había sobrevivientes.

La búsqueda apuntó desde entonces al lecho marino, a una profundidad que podía llegar a superar los 6000 metros. En diciembre arribó a Comodoro Rivadavia el buque ruso Yantar, equipado con vehículos sumergibles capaces de llegar hasta allí. Se detectó un puñado de barcos hundidos y ante cada indicio, volvió a dispararse la esperanza, pero sin noticias del San Juan, la búsqueda se empantanó, y para abril el Yantar ya se había ido.

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Transcurridos seis meses de la tragedia, ya parecía que lo único que quería el gobierno nacional era olvidar a los 44 del ARA San Juan. Dispuesto a lavarse las manos, incólume en su puesto, el ministro de Defensa Oscar Aguad ordenó el pase a retiro del almirante Marcelo Srur, jefe de la Armada. El Congreso conformó una comisión bicameral para investigar la desaparición, por la que ya desfilaron decenas de miembros de esa fuerza. Y el trabajo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, (que procura averiguar no solo las causas de la tragedia, sino también las responsabilidades que concurrieron para que sucediera y si, en definitiva, el submarino estaba o no en condiciones de navegar), se ha visto condicionado por lo que ayer mismo describió como “la complejidad de encontrar un arma de guerra submarina en el fondo del océano”.

Comenzó entonces la tragicomedia de la contratación de una empresa privada que continuará la búsqueda. La oferta de una recompensa de 98 millones de pesos a quien hallara el submarino fue oficializada por el Ministerio de Defensa en febrero, pero la impericia de esa cartera en el diseño y otorgamiento de la licitación derivó en la anulación del primer contrato.

Recién en agosto, y luego de que los familiares llevaran adelante una larga permanencia en la Plaza de Mayo, se acordó con la empresa Ocean Infinity, especializada en la prospección submarina de navíos hundidos (y que ya fracasó en la búsqueda del avión de Malaysia Airlines perdido en el Índico), reiniciar el operativo, estipulando que solo cobraría en caso de hallar el submarino.

El último episodio de destrato a los familiares se dio pocos días atrás, cuando la firma decidió unilateralmente suspender la búsqueda antes del plazo previsto, situación que la Armada sólo se avino a corregir ante el perplejo reclamo de quienes ya llevan un año batallando por la memoria de los 44 submarinistas. El contrato con Ocean Infinity se extendió entonces hasta abril.

Un año ya, sin noticias del ARA San Juan, sin responsabilidades sobre su suerte aciaga, con incertidumbres que lastiman porque son, merced a la inacción y al ocultamiento, tan insondables como el primer día.