Fiel a un estilo antidemocrático y autoritario, el presidente Javier Milei decidió, una vez más, dejar de lado el debate parlamentario y volver a prorrogar el Presupuesto 2023. En su acalorado discurso de septiembre pasado durante la presentación del Proyecto de Presupuesto 2025 dejó en claro que todas las partidas presupuestarias quedarían supeditadas al objetivo innegociable del déficit cero. Debía ser aceptado a libro cerrado: “El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar, para después ver cuánto podemos gastar”. Sustentada en esa definición, el Poder Ejecutivo “decidió” por decreto dar por zanjada la discusión del Proyecto en el Congreso de la Nación, desnudando su verdadero propósito político: que no haya presupuesto y gobernar discrecionalmente, privilegiando su visión del ajuste más grande del mundo.
Si bien en algunos casos las erogaciones quedaron literalmente congeladas nominalmente, sufriendo el deterioro de una inflación anual de alrededor del 118% (aún no se publicó el dato de diciembre), otras partidas se incrementaron arbitrariamente. Un ejemplo paradigmático es el de “gastos de capital”, principalmente destinados a obra pública que apenas creció un 27% (pasó de $3 billones a $3,9 billones), o sea que tuvo un enorme demérito, mientras que el gasto en servicios de la deuda pública (intereses) se incrementó en un 130% (pasó de $4,4 billones a $10,2 billones). Estas cifras reflejan crudamente las prioridades del gobierno libertario. Nada de obra pública, rutas, cloacas, escuelas, universidades, hospitales, y pago sagrado a los prestamistas de la city y de Wall Street.
A esta visión política se debe sumar la pulsión del gobierno por contraer nueva deuda, lo cual incrementaría aún más la carga presupuestaria. Se reitera la clásica política de la derecha neoliberal, de acudir a los prestamistas, a partir de lo cual la deuda actúa como canaleta por donde se pierden los recursos fiscales.
Según IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), el 80% del ajuste en el primer año libertario cayó sobre Promoción y asistencia social, Seguridad social, Educación y cultura, Energía, combustibles y minería y Transporte. He aquí donde mueren las palabras: al gobierno no le tiembla el pulso para achicar hasta la nada aquellas partidas relacionadas con las condiciones de vida de mayorías, como los jubilados, las universidades, la ciencia y la salud pública, y sobre un mercado interno sumido en una recesión, afectando a PYMES y clases medias.
Toda la política económica, social y cultural está permeada por el filtro del ajuste financiero. Se desprecia el apoyo y fomento al aparato productivo y el empleo, desde donde se puede alterar la distribución del ingreso con un sentido progresista. Un claro ejemplo de ello es la propuesta de reforma del régimen previsional. La pretensión del presidente es la de romper el fundamento de la solidaridad intergeneracional, reemplazándolo por el individualismo y la meritocracia. Se trataría de un sistema de premios y castigos a los jubilados, distinguiendo a los que tienen 30 años de aportes de los que no llegaron a aportar, como si éstos hubieran sido responsables de haber padecido décadas de falta de empleo, o haber estado sometidos al trabajo informal con sus consecuentes pérdidas del derecho a la salud y a la previsión social. Su propuesta es tan injusta como temeraria: la ideología es que los que aportaron reciban un premio atado al crecimiento del país, como el bono PBI, y elevar la edad jubilatoria de las mujeres, que pasarían a jubilarse a los 65 años, como los hombres. Una forma distorsionada y perversa de entender la igualdad de género. En suma, el principal objetivo es el de seguir transfiriendo recursos de los jubilados a los prestamistas.
Por otro lado, la evolución de la economía real continúa totalmente desconectada de las variables financieras. No es casual que sean estas últimas las que mencionan permanentemente los funcionarios en sus intervenciones públicas, y nunca las que impactan en la vida cotidiana. Esta semana se conoció el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) de noviembre pasado. Aún se encuentra por debajo de los niveles de noviembre de 2023, momento en el cual, recordemos, Milei, definía a la coyuntura económica como “desastrosa”. El acumulado de enero a noviembre de 2024 presenta una disminución de 10,7% respecto a igual período de 2023. Es un nivel que apenas está levemente por encima del peor nivel de los últimos años: 2020 en plena pandemia sanitaria. Ahora esta pandemia libertaria sería «normal».
Habría sido peor aún de no haberse registrado un aumento interanual en la división de Alimentos y Bebidas durante los últimos cinco meses por el efecto «post sequía», influido por el subsector de «molienda de oleaginosas» que acumula un alza del 76%. Abriendo el indicador se aprecia que la industria está siendo arrasada: Productos minerales no metálicos -25,1%; Otros equipos, aparatos e instrumentos -22,3%; Maquinaria y equipo -21,6%; Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras -21,6; productos textiles cayeron 18,3 por ciento.
Esta semana se publicó la evolución de la construcción por el Indec, y tampoco es ajena a este pobre desempeño de la economía real. En lo que va del año hasta noviembre, la actividad de este sector se encuentra por debajo de la registrada durante la pandemia. De enero a noviembre cayó 28,5%. Este mismo indicador, antes que asumiera Milei caía entre 2% y 3% según el mes, pero a partir del gobierno libertario, su caída oscila entre 20% y 30%. Este salto al abismo está causado por la decisión política de frenar la obra pública, además de la consecuente caída de la construcción privada debido a la fuerte recesión provocada por la política económica.
No hay discurso que valga. La construcción, la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista tuvieron un franco retroceso, como consecuencia de la drástica disminución del consumo, la devaluación salarial y el aumento de los precios relativos generados por las corporaciones monopólicas. El problema es el de siempre, ¿quién acumula y cómo se distribuye? Con las actuales políticas mileístas, las grandes mayorías no estarán incluidas en el selecto grupo de los ganadores. Serán parte de la membresía de los perdedores.
El inicio de un nuevo año convoca a la imaginación de nuevas expectativas políticas por parte de las mayorías ciudadanas afectadas. Una vez más se trata de que quienes tienen la responsabilidad política sean protagonistas activos de una unión imprescindible para que se encuentre un espacio de representación que se exprese en las urnas y en las calles, ámbito por excelencia de la democracia popular, a pesar de las políticas de coerción y represión de la ministra Bullrich. Ya que el presidente gusta citar a Juan Bautista Alberdi, seguramente desconoce la democracia radical que emanaba en sus primeras obras, de claro tinte socialista. En “Fragmento Preliminar” al estudio del derecho decía: “Nuestro rey, es el pueblo: sus palacios y salones son las plazas y calles públicas”. «