Uber desembarcó en Buenos Aires operando fuera de la ley. Dos años después lo sigue haciendo. En ese tiempo, la compañía no constituyó ninguna sociedad acorde a la Ley de Sociedades N° 19.550 ante la Inspección General de Justicia. Por eso no tiene CUIT ni un domicilio comercial. Más grave aun, sus conductores no tienen habilitación profesional y el seguro de sus autos es para uso particular.
Los jueces y los taxistas han intentado, sin éxito, el cese de su actividad. Pero Uber no sólo existe, sino que no para de crecer: ya cuenta con 2,2 millones de usuarios inscriptos en más de 25 ciudades del país. Además, sólo en el último año, se dieron de alta unos 32 mil conductores de los cuales el 40% lo reconoce como su única fuente de dinero. La crisis, entonces, parece ser el aliado más valioso de una empresa ilegal.
«Soy una chica Uber», reconoce Noelia, que pide que no se publique su apellido ni su edad para evitar que la reconozcan en la calle. Tiene tres hijos y trabaja de cajera en Coto. Hace dos meses que no descansa en los francos.
«Uber empezó como un refuerzo para mantener el auto explica, pagar el seguro y la nafta, porque mi sueldo se va en el alquiler y los servicios. El sueldo de mi marido es para la comida. Pero lo que empezó como un extra terminó generando el dinero para el pago del colegio de los chicos, además de cubrir los gastos del auto. Son sólo dos o tres días a la semana, de seis a ocho horas, y me deja unos 3000 pesos limpios».
De acuerdo con los datos publicados por Uber, en promedio, medio millón de personas, entre usuarios y socios conductores, se conectan por mes a la plataforma para «moverse o encontrar una oportunidad de generar sus propios ingresos». Pero este arreglo sólo deja contentas a las partes. La Justicia porteña resolvió el bloqueo a nivel nacional de la aplicación móvil y del sitio web que le permiten a la empresa brindar su servicio (Uber apeló el fallo alegando que las restricciones violan los tratados de Derechos Humanos suscritos por la Argentina).
En ese sentido, el fiscal de Cámara Martín Lapadú resaltó que fue un «trabajo arduo» llegar a este pronunciamiento judicial inédito y lo consideró «la única herramienta efectiva con la cual impedir que se siga consumando el delito y la contravención por parte de esta corporación internacional». La Justicia, además, ordenó a las tarjetas de crédito que se abstengan de procesar pagos de Uber, con lo cual sólo se puede abonar el viaje en efectivo.
Por otro lado, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el servicio de transporte de pasajeros tiene un régimen especial plasmado en el Código de Tránsito y Transporte (Ley 2148), la Ley 3622 y la Ordenanza 47561/94, entre otras normas, lo que demuestra que el servicio de transporte de pasajeros se halla directamente comprometido con el interés público, aun cuando los empresarios, en este caso los de Uber, consideren a la actividad que desarrollan sólo desde una óptica comercial.
«Además de ser una actividad ilícita, Uber no acata lo que estableció la Justicia Contencioso Administrativo Tributaria de la Ciudad al disponer a principios de 2016 una medida cautelar para suspender cualquier actividad realizada por Uber y sus conductores. Esta medida cautelar continúa vigente pero siguen operando», le dice a Tiempo una fuente de la Secretaría de Transporte de la Ciudad, dejando en claro la posición del gobierno. El propio Horacio Rodríguez Larreta no dejó lugar a la duda. «No podemos permitir la ilegalidad, no podemos permitir Uber», sentenció.
Cacerías
«Uber opera de manera clandestina. Sin aportar nada, sin dejar nada en el país, llevándose millones de dólares anuales al exterior. Y lo hace sin justificarlo porque hoy nadie lo regula o controla», se queja Sergio Celia, presidente de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT). Pese a todos los reparos, el gremialista reconoce el crecimiento de su competencia y hasta tiene una explicación. «Es parte de la doble moral de la gente que, por un lado, se queja de la corrupción y, por otro, consume este servicio».
De acuerdo con datos suministrados por la Secretaría de Transporte de la Ciudad, hasta el 20 de mayo, de los 9854 controles al transporte ilegal que hubo en el año, 867 autos resultaron ser Uber (en promedio, seis son multados por día). Pero la persecución a los conductores tiene un costado más peligroso. Desde el primer día los taxistas no sólo llevaron su reclamo de competencia desleal a las calles con movilizaciones, sino también organizaron escraches y hasta «cacerías», como ellos mismos las llaman. Muchos se nuclean a través de las redes sociales, donde intercambian «información» sobre patentes y «autos sospechosos». Pero en el último tiempo llegaron más lejos; hubo ataques o «emboscadas» que incluyeron vandalismo contra los vehículos y amenazas de muerte a sus dueños.
«Sé que es ilegal dice Noelia y que el tema se puso jodido, pero la verdad es que trabajo tranquila. Por suerte nunca me pasó nada. Ser mujer tiene su lado positivo porque me ven y no se imaginan que pueda estar trabajando de conductora de Uber».
La polémica llegó a la plataforma de peticiones change.org. «Queremos a Uber fuera de la Argentina» fue creada el 20 abril de 2016. Hasta hoy consiguió 12 firmas de apoyo. «
Informe: Nahuel Iribarren
