El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró, por unanimidad, la emergencia salarial, tras considerar que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios durante el año pasado fue de casi el 50%, situación que se profundizó durante los dos primeros meses de 2025.
Entre otras cuestiones, el Consejo Superior manifestó su “preocupación por la jerarquización de la actividad, incluyendo la justa retribución por la tarea realizada, y respalda el reclamo salarial de los trabajadores y las trabajadoras no docentes, de manera permanente”.
En sus considerandos, el organismo también instó a “los Ministerios de Capital Humano y de Economía a que se lleven adelante las reuniones paritarias correspondientes con el fin de actualizar el salario de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes en relación con la inflación observada”.
Lucille Levy, consejera superior de la UBA y ex presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), explicó: “Hoy, lamentablemente, nos vemos obligados a presentar este proyecto que ratifica la emergencia salarial de los docentes y no docentes. Esto no es una cuestión de política partidaria, esto hace al desarrollo de la Argentina. Nos expresaremos y saldremos a la calle todas las veces que sea necesario para defender a la universidad. Y no estamos dispuestos a negociar el prestigio, la excelencia académica y el orgullo de ser de la UBA”.
La resolución deja en claro “la más profunda preocupación de esta Universidad por el retraso salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes, el cual tiene un gran impacto en las funciones básicas de enseñanza, investigación, asistencial y de extensión universitaria”.
“Durante el año pasado, el poder adquisitivo de los salarios perdió casi un 50 por ciento de su valor real, -explica Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la universidad-. En lo que va de 2025, esa situación lejos de mejorar, está empeorando. La recomposición salarial que otorga el gobierno es menor a la inflación medida por el INDEC”.
Así las cosas, el Consejo Superior dispuso: “Ratificar la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.
Desde el comienzo del año pasado, las representaciones gremiales docentes y no docentes –APUBA y ADUBA– han llevado adelante un reclamo constante sobre esta situación.
La recomposición salarial del sector fue una de las consignas centrales de las dos masivas Marchas Federales Universitarias realizadas el pasado 23 de abril y el 2 de octubre de 2024.
