Un niño de once años murió este jueves al recibir un disparo en la nuca por parte de la policía de Tucumán cuando iba como acompañante en una moto durante una supuesta persecución.
El episodio ocurrió en avenida Avellaneda y pasaje Río de Janeiro de la capital tucumana, y también resultó herido de un balazo un adolescente de 14 años, que fue hospitalizado aunque fuera de peligro.
Según la versión policial, el hecho ocurrió cuando perseguían a un grupo de motos que circulaban de forma sospechosa.
El joven que conducía la moto y sobrevivió a los disparos relató que ellos no estaban con los motociclistas que perseguía la Policía y que quedaron en medio de los disparos, uno de los cuales rozó su cabeza y el otro impactó en la nuca de su amigo provocándole la muerte. Lo mató la policía, aseguró.
La abuela del niño asesinado contó que le «pidió permiso para ir a comprar un sandwich pero se fue a una picada de motos y la Policía le pegó un tiro en la cabeza sin que haga nada malo».
La mujer explicó que en la tomografía realizada al niño se confirmó que «tenía una bala de 9 milímetros en la cabeza» y señaló que «vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia».
La organización de derechos humanos Andhes aseguró que la muerte del niño es el corolario de un comienzo de año violento luego de que el gobierno nacional defendiera la doctrina Chocobar para casos de gatillo fácil.
«A la muerte del niño hay que sumarle los casos de Víctor Robles asesinado por un policía de civil en Av. Kirchner al 1900; el de Ángel Alexis Noguera asesinado de un disparo con bala de goma en la cabeza en un procedimiento policial realizado en la casa de la víctima; el caso del comisario Pineda que ingresó al domicilio de un supuesto asaltante, le disparó y luego falseó el procedimiento y el caso de Maximiliano Ariel Tapia, quien perdió una pierna producto de un disparo realizado por personal policial en Las Talitas» explicó Ana Laura Lobo Stegmayer, Directora Ejecutiva de Andhes, en diálogo con Anred.org.
Este hecho resulta inaceptable y sólo se explica en el marco de un contexto de aumento de la criminalización de las infancias y legitimación del gatillo fácil», agregó Florencia Vallino, coordinadora del área Derechos de Niñez y Adolescencia.