Las imágenes de decenas de inmigrantes subiendo al vientre de un gran avión militar para ser expulsados de los Estados Unidos cerró la semana con un mensaje dirigido a satisfacer la expectativa del electorado de Donald Trump y ponerse a tono con el discurso xenófobo y antimigración que domina el espacio de extrema derecha global, al que siempre ha adherido el presidente estadounidense. En su primera semana, Trump puso en marcha numerosas políticas y normas de alto impacto para combatir y perseguir a inmigrantes, entre ellas la revocación de varias políticas de la administración anterior. Algunas de las medidas, que parecen intentar superar el fallido muro que intentó construir en su primera presidencia, no solo fueron discutidas políticamente, sino también cuestionadas y frenadas en la Justicia (ver aparte). El viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó orgullosa fotos y videos de las deportaciones. “La administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales delincuentes, entre ellos un presunto terrorista, cuatro miembros de la pandilla Tren de Aragua y varios inmigrantes ilegales condenados por delitos sexuales contra menores”, dijo Leavitt. «La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas», agregó, aunque no informó dónde se tomaron las fotografías de estas personas subiendo esposadas a un avión, ni tampoco el destino del mismo.
Las acciones se concretaron luego de que la Cámara de Representantes aprobara el miércoles, dos días después de asumir, un proyecto de ley sobre la detención de migrantes indocumentados que cometan delitos no violentos, lo que se convirtió en una primera victoria legislativa. Incluso porque el proyecto, denominado «Ley Laken Riley» tomando el nombre de la joven de 22 años de Georgia que fue asesinada el año pasado por un migrante indocumentado, fue aprobado con 263 votos a favor, incluidos los de 46 diputados demócratas, reflejando la división dentro del partido que está ahora en la oposición.
El proyecto estipula que el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) tome la custodia y detenga a los «inmigrantes indocumentados que estén en EE UU ilegalmente o sin estatus legal que sean acusados, arrestados o condenados o hayan admitido ciertos delitos, incluidos robo, hurto» o allanamiento. Contiene además una disposición autorizando a los fiscales federales a «demandar en un tribunal federal sobre las decisiones de los funcionarios federales, incluidos los jueces de inmigración, de liberar a ciertos migrantes de la detención», según se detalló en medios. Asimismo, estos podrían «demandar para obligar al Departamento de Estado a imponer sanciones en materia de visados a los países que se nieguen a aceptar a ciudadanos que sean elegibles para la deportación».
Al mismo tiempo, en sintonía con la declaración de emergencia nacional en la frontera sur decretada por Trump, el Pentágono concretó el envío de 1500 efectivos militares activos, así como servicios aéreos y de Inteligencia. Al anunciar el despliegue el secretario de Defensa interino, Robert Salesses, reflejó la intención decidida de avanzar en esa línea: «Es solo el comienzo», dijo en un comunicado en el que señalaba un aumento «del 60% en las fuerzas terrestres en servicio activo desde que Trump asumió el cargo el lunes». Salesses se mostró entusiasta por proporcionar transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación para «más» de 5000 migrantes irregulares que supuestamente se encuentran detenidos en San Diego (California) y El Paso (Texas) por la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Trump designó al mando de la política migratoria a Tom Homan, el ‘zar de la frontera‘, el ideólogo detrás de la separación de miles de niños de sus familias durante el primer gobierno del magnate. Homan señaló a la cadena Fox News que el ICE «está haciendo su trabajo» y explicó que los agentes tienen una «hoja de objetivos» con los migrantes irregulares con antecedentes penales a los que arrestarán y deportarán.
Esta dependencia tenía desde 2011 una política que impedía a los agentes llevar a cabo arrestos en lugares como iglesias, hospitales o colegios. Eso también cambió desde el martes, cuando el presidente autorizó a las fuerzas de seguridad federales a arrestar a inmigrantes ilegales y llevar a cabo operaciones policiales en esos lugares sensibles. «Los delincuentes ya no podrán esconderse en escuelas e iglesias de EE UU para evitar ser arrestados. La Administración Trump no limitará a nuestras valientes fuerzas del orden y espera en que utilicen el sentido común», dijo entonces el Departamento de Seguridad, liderado por el secretario interino, Benjamine Huffman.
El magnate republicano prometió durante la campaña electoral llevar a cabo una deportación de «millones» de migrantes. Este jueves tuvo una conversación telefónica con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a quien elogió y ofreció una posible coordinación para combatir «la inmigración ilegal» y las «pandillas transnacionales».«
Alguna resistencia en la Justicia
Tras las medidas contra inmigrantes puestas en marcha esta semana por la administración Trump en EE UU, representantes de la Justicia respondieron con advertencias y críticas severas ante el avance de una política extrema que, en boca de los propios funcionarios, «recién empieza». Por un lado, el juez federal de Seattle, John Coughenour, bloqueó de forma cautelar la orden ejecutiva firmada por el presidente el pasado lunes, para poner fin al derecho que concede la ciudadanía estadounidense por haber nacido en el país al considerar que es una medida «descaradamente inconstitucional».
Coughenour ordenó frenar la medida por dos semanas mientras se realicen nuevas reuniones al respecto. El juez manifestó que actuó tras recibir el pedido de fiscales demócratas y que en cuatro décadas de servicio, nunca se había enfrentado a una petición «tan clara». Y se preguntó: «¿Dónde estaban los abogados cuando se tomó la decisión de firmar la orden ejecutiva?». El juez federal cuestiona al equipo legal de Trump. La medida ya es objeto de cinco demandas por parte de grupos de derechos civiles y fiscales generales demócratas de 22 Estados, que la califican de violación de la Constitución.
Además, un grupo de fiscales generales de once Estados advirtieron que no permitirán al presidente utilizar recursos estatales para llevar a cabo deportaciones masivas. «Si bien el Gobierno federal puede usar sus propios recursos para hacer cumplir la ley federal de migración, los tribunales dictaminaron en la decisión Printz contra EE UU que el Ejecutivo no puede ‘incorporar a su servicio y sin costo ninguno a agentes de Policía de 50 Estados'», dice el escrito. Resalta que «el presidente no puede reescribir unilateralmente la Constitución (…) Este equilibrio de poderes entre el Gobierno federal y los Estados es una piedra angular del sistema estadounidense federal».
La declaración, publicada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, está apoyada por los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont.
