En abril pasado, desde estas mismas páginas sugerimos que la escalada entre EE UU y China podía tener consecuencias sin antecedentes, en la medida en que la disputa que se manifestó originalmente como una cuestión bilateral crecía y se internacionalizaba rápidamente al calor de la búsqueda de voluntades que, en la misma línea, se alineasen con los deseos de la administración norteamericana. Primero se involucró a Canadá , luego Gran Bretaña e inmediatamente después fijó posición el resto de las economías que constituyen el esquema de inteligencia sajona conocido como «Fiveeyes».

Ahora bien, hace apenas unas horas atrás, el presidente Trump firmó otra orden ejecutiva (potestad que usa a menudo por cuestiones denominadas de «seguridad nacional») declarando el estado de emergencia nacional en asuntos de comunicaciones, prohibiendo con esa orden el uso de equipos fabricados por compañías que se consideran una amenaza. Si bien el documento no menciona a China ni a Huawei (el mayor proveedor de equipos de telecomunicaciones del mundo) y, en rigor, a ninguna empresa, inmediatamente después el Departamento de Comercio agregó a Huawei y a otras 70 empresas a una «lista de entidades» que, en los hechos, significa que cualquiera (sea persona física o jurídica) que en EE UU desee adquirir equipos de alguna de las empresas de esa lista, ahora requerirá una licencia específica para «exportar, reexportar y/o transferir –en el país–». La cucarda que implica estar en ese listado, claramente es una implícita forma de sacarla del mercado estadounidense por razones, como dijimos, de seguridad nacional o porque puede afectar «intereses de política exterior», como sostuvo el secretario de Comercio Wilbur Ross en el comunicado.

El discurso norteamericano descansa en atribuir a los chinos (o sea, Estado y empresas surgidas al calor de sus políticas de fomento al desarrollo de «estandartes nacionales» para reducir su dependencia del conocimiento occidental) una enorme cantidad de actitudes maliciosas, que van desde cuestiones comerciales (que, para el gran público, se dirime en una «guerra comercial») al robo de tecnología/propiedad intelectual, prácticas de comercio desleal y otros eventos vinculados a la expansión territorial china (como su avance en el Mar de la China meridional). En ese sentido, la administración Trump afirma que los equipos del gigante de las comunicaciones Huawei representan un riesgo para la seguridad de su país (y de sus aliados europeos, fundamentalmente) porque la empresa podría brindar información al gobierno chino a través de mecanismos tecnológicos muy específicos, cuya existencia aún no está probada pero que, en definitiva, de existir podrían ser tan útiles al gobierno chino, tanto como los que usa el gobierno norteamericano para hacerse de la información recabada por los gigantes tecnológicos con sede en el Sillicon Valley. China usaría esas grandes empresas para explotarlas vulnerabilidades en el sector de servicios y tecnologías de la información y comunicaciones. En línea con lo que proclama desde que asumió, Trump apoya todo este esquema discursivo en que los adversarios extranjeros se aprovechan de los EE UU, como si la OMC y los grandes organismos multilaterales hubiesen aparecido en el mundo sin intervención norteamericana, o como si no contemplasen sus intereses desde su origen mismo.

Quizás este aspecto constituya la parte más sencilla de comprender, si se me permite, de esta feroz disputa por espacios de hegemonía en aquellos sectores que determinarán la estructura productiva de casi todo lo importante, muy pronto. Recuérdese que en estos segmentos de producción de tecnología de punta, hightech, el sistema primero impone el patrón, luego desestima toda competencia y eso trae consigo la difusión natural del patrón. Precisamente, la definición de los patrones del futuro 5G es lo que trae a cuento la actual discusión global en la fijación de estándares (Trump acaba de decir que en esa carrera «EE UU debe ganar»). Las acciones de EE UU habían comenzado el año pasado como resultado de una investigación vía la Sección 301, que acusó a los chinos de robo de propiedad intelectual en tecnología avanzada. Trump fue explícito al vincular el aumento tarifario de entonces a «prácticas económicas desleales» que pondrían al liderazgo estadounidense en riesgo. Según él, las consecuencias de esa decisión afectan la seguridad nacional. Claro está, esta nueva declaración de los norteamericanos acontece en momentos que parece alejarse el llamado gran acuerdo comercial que están negociando desde hace meses ambas administraciones, y que lleva ya unas diez reuniones (cinco en cada país) de las más altas autoridades comerciales de EE UU y de China.

Medios chinos sostienen que el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, sostuvo que «no se trata de supervisar a Huawei, sino que se trata de supervisar a China». No resultaría ingenuo vincular esta manifestación política contra Huawei con otros eventos como el de las negociaciones comerciales bilaterales mencionadas, el envío de la flota al Golfo Pérsico (vs. Irán), el frente nuclear que se reabre en Asia (vs. Corea del Norte) … y las elecciones en EE UU. «

*Magister en Relac. Internacionales / Dir. Carrera de Espec. en Estudios en China Contemporánea- U. Nac. de Lanús (UNLa).