Encorsetado en el estrecho espacio que le dejaron los límites autoimpuestos, el gobierno debió dar marcha atrás con la quita de subsidios a la energía eléctrica en el AMBA que pensaba implementar desde este mes. Lo hizo con toda desprolijidad, enmendando resoluciones ya emitidas y descargando el peso del “error” en los escalones más bajos.
Así, la culpa fue atribuida al ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad). Su interventor, Osvaldo Ernesto Rolando, tuvo que emitir dos pares de resoluciones con apenas tres días de diferencia: las dos que autorizaban incrementos de hasta 12,3% para Edenor y Edesur a partir del 1 de febrero y otras dos corrigiendo esos aumentos.
La punta del ovillo está en la decisión oficial de reducir alrededor de 10% los subsidios al consumo de electricidad, ubicándolos en los mismos niveles que se aplican en el gas; estaba previsto que en el grupo N2 (ingresos bajos) la bonificación sobre el valor final se redujera de 71,9% al 65%; y en el caso del grupo N3 (ingresos medios), del 55,9% al 50%.
Al rebajar esos descuentos, el aumento nominal de 1,5% al que le había dado luz verde el Ministerio de Economía, a tono con la inflación deseada para este mes, se transformaba en otro de más de 12% para los sectores más vulnerables. Cuando se dieron cuenta que el número era políticamente insostenible, tanto el ministro Luis Caputo como la secretaria de Energía, María Tettamanti, adjudicaron la responsabilidad al ENRE. «Fue un error de comunicación», dijo Caputo en una entrevista televisiva.
Por eso, en las resoluciones 132 y 133 de ese organismo publicadas el viernes en el Boletín Oficial se aclara que “la equiparación de los porcentajes de bonificación a aplicar al precio estacional de la electricidad (PEST) para los consumos base de los usuarios categorizados en el Nivel 2–’Bajos Ingresos’ y Nivel 3–’Ingresos Medios’, se implementará en porcentajes iguales con vigencia a partir del primer día de cada uno de los próximos once meses, contados desde el 1 de febrero de 2025”. Esto es, la quita del subsidio será gradual hasta fin de año, conforme una tabla que estipula la disminución mes a mes.
La “gaffe” tienen que ver con la ambición del gobierno de reducir el gasto público, mejorar la remuneración de las empresas del sector (generadoras, transportadorasy distribuidoras) y trasladar el peso de ese esfuerzo a los consumidores, ya agobiados por la destrucción de empleos, la pérdida de poder adquisitivo y actualizaciones salariales ínfimas pisadas por el propio Ejecutivo. La inconsistencia de fijar un aumento del 12% con una inflación de 2-3% y aumentos de sueldos en torno al 1% mensual demuestra que el modelo encontró rápidamente sus límites.
Pagaron el doble
A pesar de la rectificación, la política de reducción de subsidios dio buenos resultados para el gobierno nacional en 2024. Un informe del IIEP (Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que depende de la Universidad de Buenos Aires) señala que “los subsidios reales cayeron 39% interanual, explicados por una reducción real en transporte del 39%, en energía del 38% y en agua del 59%. Cammesa y Enarsa explican 28 puntos porcentuales sobre los 39 totales”, detallaron en referencia a la compañía que administra el sistema eléctrico y a la que solventó la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.
El IIEP también estimó que los hogares del AMBA abonaron en enero último el 53% promedio de las tarifas. Un año atrás cubrían solamente el 38% del gasto total. En el caso puntual de la energía eléctrica, el gasto de las familias aumentó 270% interanual (más del doble que la inflación). Tanto la quita de subsidios como la introducción de topes al consumo bonificado hicieron que los sectores de ingresos bajos y medios duplicaran su cobertura de la tarifa total.
La idea de Economía es continuar por esa senda. La resolución 24/25 de la Secretaría de Energía, que dispone equiparar las bonificaciones de gas y energía eléctrica, lo revela en sus considerandos: “En el caso de la electricidad, en cuanto a la cobertura media del PEST (precio estacional), se proyecta una cobertura del 80% para las tarifas residenciales y generales en relación con los costos del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), lo que representa un aumento significativo respecto a años anteriores”. «
Audiencias para fijar tarifas por cinco años
Mientras define la hoja de ruta para la quita de subsidios, el gobierno avanza con audiencias públicas para determinar los aumentos que recibirán las empresas de luz y gas. El último jueves se realizó una audiencia pública que forma parte de la Revisión Quinquenal de Tarifas. Allí el Enargas escuchó los pedidos de las transportadoras y distribuidoras de gas, con el objeto de fijar los lineamientos para el período 2025-2029.
En general reclamaron incrementos para atender las inversiones planeadas para ese período (cuyo impacto en la tarifa final es variable) y un mecanismo de indexación mensual según la inflación para preservar la rentabilidad de las empresas. Metrogas, además, pidió que se extienda por 20 años el plazo para su concesión, que vence en 2027.
Mientras el Enargas analiza las propuestas, el gobierno continuará aplicando incrementos transitorios, como el dispuesto para este mes que implica una suba del 1,6% en la tarifa.
En tanto, para el 27 de febrero está prevista la audiencia pública para fijar las tarifas para Edenor y Edesur, también con la idea de plantear un panorama para los próximos cinco años.
